Arequipa, 11 Julio 2000. Por primera vez, en tres décadas, los empresarios y trabajadores de la Comunidad Andina suscribieron hoy una Declaración Conjunta que refleja el consenso de ambos sectores en respaldo al mercado común y a un proceso de integración “que redunde en el mayor beneficio social y económico posible”.

La Declaración fue firmada al concluir la II Reunión Conjunta de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andino, efectuada los días 10 y 11 de julio, en la ciudad peruana de Arequipa, con la participación de más de 30 delegados de los gremios más representativos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Empresarios y trabajadores se comprometieron a formular propuestas y respaldar la construcción del Mercado Común Andino para el año 2005, apoyaron la modificación del Convenio Socio Laboral Simón Rodríguez, destacaron la necesidad de coordinar y concertar posiciones comunes en las negociaciones internacionales y coincidieron en “la urgencia de continuar avanzando en el desarrollo de la agenda social comunitaria”.

Celebraron la adopción del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena- “Compromiso por la Democracia”, suscrito en la reciente Cumbre Presidencial Andina, en junio del 2000, y exhortaron a los Congresos de los cinco países miembros a “su inmediata aprobación para garantizar su aplicación y cumplimiento”.

La reunión fue organizada por la Secretaría General de la Comunidad Andina y auspiciada por el Consejo Económico y Social de España (CES), cuyo presidente Federico Durán López participó en el acto inaugural, junto con el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, el Secretario General de la CAN , Sebastián Alegrett, y los presidentes del Consejo Empresarial, Pedro Carmona, y del Laboral, Rodrigo Penso Crazut.

Tras “exigir la activa participación de empresarios y trabajadores en el fortalecimiento del proceso integracionista andino”, la Declaración Conjunta considera de “la mayor importancia que los presidentes fijen con los sectores productivos, en el más corto plazo, un cronograma de trabajo para el análisis y perfeccionamiento del Arancel Externo Común”.

Exhortan a solucionar los problemas de capacidad de ahorro e inversión en el área andina, con la “finalidad de lograr una mayor equidad y la mejora sostenida del nivel de ingresos de la población”.

Para ello proponen que se estudie la posibilidad de “acelerar la liberalización de los servicios financieros, la integración de los mercados de capitales, la elaboración de una propuesta andina para eliminar la doble tributación” y el establecimiento de mecanismos que promuevan la creación de Empresas Multinacionales Andinas. Solicitan, también, “desmontar las trabas que impiden la inversión extranjera e intrasubregional”.

Consideran que la libre circulación de personas demanda la “armonización progresiva de las normas nacionales” para alcanzar “la libertad de establecimiento y trabajo de todos los ciudadanos en el espacio comunitario, sin detrimento de las condiciones y derechos laborales”.

La Declaración exhorta a la “búsqueda constante” de las medidas que contribuyan a “mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia y competitividad de los sectores productivos”, privilegiar la formación y capacitación permanente de los trabajadores y promover el respeto a los derechos de los mismos.

Apoya la modificación del Convenio Simón Rodríguez para transformarlo en un “Foro de Debate y Participación para los temas de la Agenda Social de la Comunidad Andina”, mediante la representación tripartita paritaria en su conformación.

Los Consejos Consultivos coinciden en la urgencia de incorporar el bienestar social a los objetivos de crecimiento económico , reconocen la importancia de diseñar políticas y estrategias viables en materia educativa y exigen a los gobiernos y a los órganos del Sistema Andino de Integración que inicien, “a la brevedad posible”, un “amplio programa de difusión y divulgación” de la cultura y el proceso integracionista.

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