Lima, 22 jun. 2012.-  El Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (CCPICAN) demandó la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental con capacidad jurídica vinculante para prevenir, juzgar y sancionar a Estados, empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático o daños fuertes e irremediables contra la naturaleza, en el entendido de que los daños ambientales son irreparables. 

A través de una Declaración emitida con ocasión de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible Rìo + 20, afirmó que  la Madre Tierra no nos pertenece, somos parte de ella y no es posible reconocer solamente los derechos humanos sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Tampoco será posible garantizar los derechos humanos sin aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra. 

 Asimismo, exigió respeto a las leyes intrínsecas de la Naturaleza mediante la aprobación de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que comprenda el derecho de vivir, el derecho a sus ciclos vitales, el derecho a regenerarse, el derecho a no ser modificada en su estructura y el derecho a relacionarse con todos los elementos intrínsecos del sistema de la Tierra. 

El CCPICAN, en coordinación con los movimientos sociales de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, cuestionó el “enfoque insostenible de economía verde” y rechazó la aplicación de tecnologías potencialmente peligrosas para el planeta, como geoingeniería, transgénicos, nanotecnologías y otros. 

En contrapartida propuso que se establezca un impuesto mundial a las transacciones financieras internacionales y que los ingresos se destinen íntegramente en la lucha contra el cambio climático y la restauración y conservación de la Madre Tierra. 

Emitió también una Declaración sobre Cambio Climático, en la que refrenda el “Acuerdo de los Pueblos”, asumida en la Cumbre de los Pueblos realizada en Tiquipaya el año 2010, y demanda que los países desarrollados reduzcan sus emisiones al 50% hasta el año 2017 en relación al nivel de 1990, y que la reducción alcance el 100% hasta el 2040, a fin de estabilizar la temperatura en 1°C. 

Igualmente, ratifica la necesidad de la adopción del segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, único instrumento legal válido, y rechaza “las falsas soluciones del mercado de carbono, porque los bonos de carbono significan solamente el traspaso del derecho de emitir desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados”. 

Por último, propone desarrollar alternativas de financiamiento que permitan una gestión integral del bosque en base a recursos provenientes de un impuesto a las transacciones financieras internacionales sin afectar los derechos, la soberanía, ni promuevan la mercantilización como incentivo perverso para destruir más los bosques.

Ver Declaración Especial sobre la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20)