Lima, 22 set 2004. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó ayer el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) que permitirá a los países de la Comunidad Andina impulsar el desarrollo social y afrontar comunitariamente la pobreza, exclusión y desigualdad social en la subregión.

El PIDS fue aprobado, por medio de una norma comunitaria, por los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La adopción de esta estrategia comunitaria es considerada como un hito importante en el desarrollo de la dimensión social de la integración andina, ya que permitirá potenciar las políticas nacionales de lucha contra la pobreza y la inequidad social.

Estos problemas “ponen en riesgo la cohesión social y la gobernabilidad democrática de los países andinos y constituyen un obstáculo para la integración regional y para su inserción competitiva en la economía global”, precisaron los cancilleres en la parte considerativa de la Decisión aprobada.

La ejecución de los 19 proyectos comprendidos en el PIDS estará a cargo del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS), instancia comunitaria creada mediante Decisión 592 en julio del año en curso, en el marco de la XV Reunión del Consejo Presidencial Andino.

Dicho Consejo se encargará de la elaboración de un Plan de Acción del PIDS en el más breve plazo y la conformación de comités nacionales para garantizar la ejecución y seguimiento de los proyectos en cada uno los países andinos, bajo la coordinación del CADS.

Los comités nacionales estarán integrados no sólo por los organismos del Estado responsables de las políticas sociales, sino también por los sectores representativos de la sociedad civil organizada y de la academia, en la misma línea del trabajo participativo de la fase de formulación y diseño del PIDS.

En efecto el PIDS es el resultado de un trabajo colectivo, participativo y de consensos alcanzados en talleres nacionales desarrollados en los dos últimos años, con la participación de instituciones del gobierno y de la sociedad civil de los países andinos.