Lima, 14 mar. 2008.- Con la participación de jueces, fiscales, abogados y procuradores de los países de la región se realiza desde ayer en Lima, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, un taller para intercambiar experiencias y buscar consensos en torno a la justicia ambiental en la región andina.

El taller “Acceso a la Justicia Ambiental en los Países de la Región Andina: Construyendo consenso sobre aspectos críticos” es organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la colaboración de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Este taller se realiza en el marco del Programa del Derecho Ambiental de la Oficina Regional del PNUMA, que lleva a cabo actividades de capacitación e intercambio de experiencias en materia de acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe.

En la inauguración, el Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, destacó que cada vez se va adquiriendo mayor conciencia sobre la importancia de incorporar el tema ambiental en los cuerpos legales de los países. “De cierto modo, se está estableciendo el derecho de las plantas y de los animales a ser protegidos”, puntualizó.

Recordó que en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, celebrada en diciembre último en la isla indonesa de Bali, se reconoció que la comunidad internacional debería pagar por la conservación de los bosques. Refirió que, según recientes investigaciones realizadas por la organización de la “Huella Ecológica”, de concretarse esta medida al Perú le correspondería un pago de cerca de 4 mil millones de dólares y al Ecuador, de unos 500 millones de dólares, en virtud de la contribución de sus bosques a la captura de carbono.

Durante la primera sesión del taller se analizaron las tendencias del derecho y la justicia ambientales y el contexto regional y mundial sobre el tema. En la segunda sesión, cada país participante efectuó una presentación sobre las dificultades y desarrollos normativos que se están produciendo en materia de acceso a la justicia ambiental.

En la tercera sesión se examinó la institucionalidad para el acceso a la justicia ambiental, es decir, el papel de las instituciones públicas dedicadas a la defensa del medio ambiente, como por ejemplo las fiscalías o procuradurías ambientales. Por último, en la cuarta sesión se abordaron problemáticas específicas como el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, la valorización de los recursos naturales y de los servicios ambientales, entre otros.