Lima, 16 abr.2002. El Secretario General de la Comunidad Andina, Sebastián Alegrett, destacó “el retorno al orden constitucional en Venezuela y la conveniencia de fortalecer el diálogo y la concertación entre todos los sectores de ese país”.

Alegrett efectuó hoy las declaraciones en respuesta a las consultas de los periodistas sobre la situación en Venezuela y el impacto que tendría en el proceso de integración andina.

Tras lamentar “la dolorosa pérdida de vidas humanas” confió en que “los propios venezolanos, con la solidaridad de la comunidad internacional, puedan canalizar de manera pacífica las diferencias que existen en esa sociedad, con miras a lograr la reconciliación y la unidad nacional”.

Consultado si estos acontecimientos afectarán la integración andina, consideró que “no tiene por qué producir un efecto negativo”.

“A lo largo de los 33 años de existencia de nuestro proyecto comunitario – agregó- los países siempre valoraron este espacio solidario y propicio para el diálogo y la reflexión que, en diversas oportunidades, permitió superar situaciones complejas y delicadas”.

Citó como ejemplo las crisis institucionales que afrontaron Ecuador y Perú e, inclusive, el ya superado diferendo territorial entre estos países, a pesar de lo cual el “proceso integracionista salió fortalecido por la voluntad política de sus miembros”.

Recordó también que el Grupo Andino, desde la década de los setenta, “actuó como un motor eficiente para impulsar la plena democratización de sus países miembros”.

En tal sentido, destacó el importante papel cumplido por los cancilleres andinos para que Bolivia retorne a la constitucionalidad, tras el golpe del coronel Alberto Natush Bush, en 1979.

Interrogado respecto de cuáles son los mecanismos actuales con que cuenta la CAN para resolver las situaciones de rompimiento institucional en la subregión, el Secretario aclaró que en junio del 2000 los Cancilleres terminaron de suscribir el “Compromiso de la Comunidad Andina con la democracia”.

Si bien aún no entró en vigencia porque todavía falta ratificar por los órganos legislativos nacionales, “es innegable que este compromiso tiene un gran peso político”.

Dicho Protocolo establece como condición esencial para la cooperación política y la integración “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el estado de derecho” y señala los procedimientos que deberán seguirse cuando se produzca la ruptura del orden democrático en cualquiera de los países miembros.

Tales medidas van desde la suspensión de la participación de dicho país en alguno de los órganos del Sistema Andino de Integración, la “inhabilitación para acceder a facilidades o préstamos por parte de las instituciones financieras andinas”, hasta la “suspensión de derechos derivados del Acuerdo de Cartagena y la concertación de una acción externa en otros ámbitos”.