Los países miembros de la Comunidad Andina:
Reafirmando los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, entre otros tratados internacionales y regionales relevantes, y los compromisos asumidos bajo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
Conscientes de la crisis ambiental y climática que enfrenta el planeta, exacerbada por la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación del aire, el suelo y los océanos, incluyendo la contaminación por plásticos, la degradación del suelo, la deforestación, la escasez de agua y los delitos ambientales, incluyendo el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y la pesca ilegal no declarada y no reglamentada;
Resaltando que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia el vínculo intrínseco que existe entre la salud humana y el medio ambiente, así como la necesidad de que la humanidad reevalúe su relación con la naturaleza para garantizar el desarrollo sostenible, el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y prevenir nuevas enfermedades;
Reconociendo la riqueza, potencial e importancia del patrimonio natural y cultural que comparten los países andinos, incluyendo su gran biodiversidad, recurso hídrico, los ecosistemas de páramo, montaña y la selva amazónica, así como la vulnerabilidad de sus territorios y poblaciones ante los efectos del cambio climático y otras problemáticas ambientales;
Destacando la importancia de asegurar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y la protección y uso sostenible de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la “Madre Tierra”, y que la ciencia desempeña una función importante en la promoción de un enfoque holístico para alcanzar el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza;
Identificando las oportunidades que representan para la región las energías renovables no convencionales, la movilidad limpia, la eficiencia energética, la economía circular, el ecoturismo, el turismo comunitario, la bioeconomía, la gestión sostenible de plásticos y residuos sólidos, la agricultura sostenible, el enfoque de biodiverciudades, entre otras alternativas para impulsar una recuperación verde;
Conscientes de la necesidad de aportar, desde la perspectiva subregional, con acciones concretas de coordinación y cooperación que permitan ofrecer soluciones a estas problemáticas globales, que aportarán en beneficios para nuestros ecosistemas y pueblos;
Declaramos que, sobre la base de los compromisos asumidos por nuestros países en el marco de la Comunidad Andina y reafirmados en la Carta Ambiental Andina, resaltamos la necesidad de promover acciones coordinadas para hacer frente al cambio climático, teniendo en cuenta la globalidad y transversalidad de sus efectos a través de medidas adecuadas de adaptación y mitigación, apoyadas por los suficientes medios de implementación, y por lo tanto:
1. A pesar de ser contribuyentes minoritarios de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a nivel global, nos comprometemos, a fomentar la implementación de acciones e iniciativas que contribuyan a la gestión directa e indirecta de la mitigación del cambio climático, considerando las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales
2. Nos comprometemos a establecer y actualizar periódicamente las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales constituyen los principales compromisos de mitigación, adaptación y sus medios de implementación para contribuir a los objetivos contra el cambio climático establecidos en el Acuerdo de París.
3. Afirmamos que la adaptación es una prioridad para toda nuestra región, y en ese sentido demandamos que sea tratada de manera urgente, equilibrada y con paridad política respecto de la mitigación, fortaleciendo la provisión de financiamiento, la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades, lo que permitirá incrementar la capacidad de adaptación, promover la resiliencia al clima y reducir el riesgo ante los efectos del cambio climático, en un contexto de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza.
4. Recordamos que nuestra región enfrenta pérdidas y daños derivados del cambio climático, cuyos efectos se acentúan en países particularmente vulnerables, y que para enfrentarlo, se requiere mejorar los enfoques integrales de gestión de riesgo, fortalecer el diálogo y las sinergias entre los países de la Comunidad Andina y también intensificar las medidas y el apoyo, en lo referente a la financiación, la tecnología y el fomento de la capacidad, para hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. En tal virtud, reiteramos la necesidad de operativizar la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños (SNLD) como resultado de la COP26, de manera que vaya más allá de un intercambio de prácticas e ideas y se encamine a un proceso claro para su implementación.
5. Resaltamos la importancia de que la provisión de recursos financieros desde los países desarrollados a los países en desarrollo sea adicionales, predecibles, accesibles para todos los países en desarrollo, adecuados e incrementados progresivamente sobre la base de los 100 mil millones de dólares anuales desde el año 2020. Del mismo modo, esperamos que el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento no vaya en detrimento de las donaciones y la provisión de recursos públicos a favor de los países en desarrollo, independientemente de calificaciones por niveles de ingreso u otras calificaciones ajenas a la Convención y al Acuerdo de París.
6. Instamos a iniciar cuanto antes la determinación de una nueva meta global de financiamiento climático, la cual no debe limitarse a una cantidad, sino que debemos repensar la arquitectura financiera global, la cual debe ser justa, transparente, equitativa, basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, reconociendo y asegurando la previsibilidad y disponibilidad de recursos financieros suficientes para satisfacer las necesidades y prioridades identificadas por los países en desarrollo, tanto para la mitigación como para la adaptación y las pérdidas y daños asociadas al clima.
7. Convocamos a todos los países a reconocer la importancia crucial de la educación, la construcción de capacidades, la sensibilización del público, la participación y el acceso a la información, promoción y protección de todos los derechos humanos sin discriminación, incluyendo los derechos de los trabajadores, el enfoque intergeneracional, la equidad y la integración de las diferentes visiones de la sociedad, los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades locales y campesinos, brindando especial consideración a la equidad de género y empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, para la promoción de cambios en estilos de vida, actitudes y comportamientos necesarios para fomentar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en nuestra región. 8. Reconocemos la necesidad de apoyar y fortalecer el conocimiento, las prácticas y tecnologías de los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades locales incluyendo aquellas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático de una forma holística e integrada
COP26 Glasgow, noviembre de 2021
