Cartagena 24 may. 99. El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) acordó la liberalización de todos los servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión sonora y televisión, a partir del 1 de enero del 2002, con la finalidad de eliminar los obstáculos al libre comercio en el sector y propiciar la armonización de normas para crear progresivamente un Mercado Común Andino de Servicios de Telecomunicaciones.

El acuerdo se logró en la reunión de CAATEL que culminó hoy, en Cartagena de Indias, en el marco de la XI Cumbre Presidencial Andina.

El proyecto de Decisión, denominado “Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina “(CAN) , establece principios y compromisos, así como un cronograma de liberalización.

Se fundamenta en los principios y compromisos establecidos en la Decisión 439 sobre la liberalización del comercio de servicios en los países andinos: acceso al mercado, el trato de nación más favorecida, el trato nacional, la transparencia, el no retroceso de la actual situación (status quo) y la eliminación de las medidas restrictivas.

Para aquellos países que aún no han culminado su proceso de liberalización de los mercados se estableció un cronograma de liberalización que se divide en dos etapas. En la primera, a partir del 1 de enero del año 2000 “quedarán eliminadas las medidas restrictivas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones diferentes a los de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre”.

En la segunda etapa, a partir del 1 de enero del 2002 quedarán liberalizados todos los servicios de telecomunicaciones, exceptuando los de radiodifusión sonora y televisión. También se acordó entregar a Ecuador un mayor plazo para la liberalización de ciertos servicios.

La normativa será aplicable a todas las medidas de los Países Miembros que afecten el acceso a las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones, así como a la utilización que hagan de las mismas los usuarios de las cinco naciones andinas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

También regirá para las medidas adoptadas o mantenidas por un País Miembro que afecten la prestación y el comercio de servicios de telecomunicaciones y para todas aquellas disposiciones relativas a la normalización, respecto de la conexión de equipos terminales u otro equipo a las redes públicas de transporte de telecomunicaciones.

El proyecto de Decisión contiene una serie de normas para garantizar que cada País Miembro conceda a todo proveedor de otro País Miembro el trato nacional en el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio.

Los Países Miembros se comprometen, además, a facilitar la provisión de servicios en su territorio a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten y a promover la armonización de requisitos y procedimientos exigidos para el otorgamiento de títulos habilitantes, en un plazo no mayor de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de esta normativa.

El Comité trabajará durante los próximos doce meses en la elaboración de Normas Comunes de Interconexión, así como en la formulación de un programa de trabajo para establecer las recomendaciones para la armonización del espectro radioeléctrico, la numeración y la portabilidad numérica.

Otro conjunto de compromisos se refieren a las medidas relativas a la normalización y homologación de equipos terminales, la protección a la libre competencia, los principios de transparencia, y los derechos del usuario final para que tenga un trato igualitario, no discriminatorio, con libre elección del proveedor de servicios y conocimientos de las tarifas.

Funcionarios de la Secretaría General de la CAN destacaron la importancia de este norma por considerar que tendrá un significativo impacto tanto en el mercado subregional como a nivel mundial.

La integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones permitirá el funcionamiento de un mercado abierto, sustentado en una normativa comunitaria que asegure la estabilidad de las inversiones y potencie el crecimiento de uno de los sectores claves en el desarrollo económico y social de la subregión.

• Descargar Documento

Descargar las fotografías en alta resolución en Flickr