Analizan acceso a
la justicia ambiental en la CAN
Lima, 14 mar. 2008.- Con la
participación de jueces, fiscales,
abogados y procuradores de los países de
la región se realiza desde ayer en Lima,
en la sede de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, un taller para
intercambiar experiencias y buscar
consensos en torno a la justicia
ambiental en la región andina.
El taller “Acceso a la Justicia
Ambiental en los Países de la Región
Andina: Construyendo consenso sobre
aspectos críticos” es organizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), con la
colaboración de la Secretaría General de
la Comunidad Andina (CAN) y de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Este taller se realiza en el marco del
Programa del Derecho Ambiental de la
Oficina Regional del PNUMA, que lleva a
cabo actividades de capacitación e
intercambio de experiencias en materia
de acceso a la justicia ambiental en
América Latina y el Caribe.
En la inauguración, el Secretario
General de la CAN, Freddy Ehlers,
destacó que cada vez se va adquiriendo
mayor conciencia sobre la importancia de
incorporar el tema ambiental en los
cuerpos legales de los países. “De
cierto modo, se está estableciendo el
derecho de las plantas y de los animales
a ser protegidos”, puntualizó.
Recordó que en la Conferencia sobre
Cambio Climático de Naciones Unidas,
celebrada en diciembre último en la isla
indonesa de Bali, se reconoció que la
comunidad internacional debería pagar
por la conservación de los bosques.
Refirió que, según recientes
investigaciones realizadas por la
organización de la "Huella Ecológica",
de concretarse esta medida al Perú le
correspondería un pago de cerca de 4 mil
millones de dólares y al Ecuador, de
unos 500 millones de dólares, en virtud
de la contribución de sus bosques a la
captura de carbono.
Durante la primera sesión del taller se
analizaron las tendencias del derecho y
la justicia ambientales y el contexto
regional y mundial sobre el tema. En la
segunda sesión, cada país participante
efectuó una presentación sobre las
dificultades y desarrollos normativos
que se están produciendo en materia de
acceso a la justicia ambiental.
En la tercera sesión se examinó la
institucionalidad para el acceso a la
justicia ambiental, es decir, el papel
de las instituciones públicas dedicadas
a la defensa del medio ambiente, como
por ejemplo las fiscalías o
procuradurías ambientales. Por último,
en la cuarta sesión se abordaron
problemáticas específicas como el acceso
a la justicia de los pueblos indígenas,
la valorización de los recursos
naturales y de los servicios
ambientales, entre otros.
