Bruselas, Marzo 27 de 2006

La vocación de la integración andina por el desarrollo con inclusión social se hace explícita con la suscripción de su tratado fundacional en 1969, al postular que la finalidad de la integración y la cooperación económica y social entre los países signatarios es el “mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión”. Sin embargo, la crisis de la deuda y el cambio de paradigma económico operado en los años noventa provocaron una reorientación del proyecto integrador y restaron prioridad a las tareas conjuntas del desarrollo.

Si bien cabe resaltar la estabilización macroeconómica como un resultado altamente positivo de ese cambio que hay que valorar, sus escasos resultados en términos del desarrollo y la equidad social están hoy a la vista: índices de pobreza similares a los de veinte años atrás; altas tasas de desempleo y subempleo en todos nuestros países; niveles de concentración del ingreso y la riqueza que nos convierten en una de las zonas de mayor desigualdad socioeconómica en el mundo; y una amplia sensación de inseguridad y desprotección social.

Para hacer frente a estas realidades, que en algunos países han adquirido características de crisis social y de gobernabilidad, en la Cumbre de Quirama del año 2003 los Presidentes andinos resolvieron dar un impulso decisivo al desarrollo de la agenda social de la integración. Ello permitió ordenar y, sobre todo, proyectar importantes esfuerzos que se habían ya iniciado hacia 1999 en torno a la dimensión social de la integración.

Es así como, en septiembre de 2004, el Consejo de Cancilleres aprobó el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS), tras un largo proceso de consultas en los cinco países, en el que participaron tanto entidades del Estado, como organizaciones no gubernamentales y sectores académicos.

El PIDS es una propuesta que responde a una visión integral y estructural sobre los fenómenos de pobreza, la inequidad y la exclusión social que persisten en la región. Se articula en torno a tres grandes líneas de trabajo: la convergencia de objetivos y metas sociales, su seguimiento y evaluación por instancias comunitarias; un conjunto de proyectos referidos a una amplia gama temática, algunos de los cuales se encuentran ya en ejecución, y la cooperación técnica horizontal. Atento al principio de subsidiariedad, el PIDS no pretende duplicar ni suplantar políticas ni acciones que son de responsabilidad nacional. Por ello, el Plan comprende exclusivamente iniciativas de alcance subregional, que buscan agregar valor a los esfuerzos nacionales y contribuir a la definición de un horizonte social comunitario.

Es también importante señalar que la mayor parte de los proyectos que contempla tienen como objetivo la formulación de criterios comunes de política, a través del análisis y el debate informado; la organización de redes de actores sociales pertinentes para cada uno de los temas; la cooperación y la coordinación entre responsables de las políticas; el examen, la difusión y el intercambio de experiencias de políticas y programas sociales; así como la ejecución en el terreno de algunos proyectos demostrativos y replicables. La cooperación técnica horizontal y el seguimiento y evaluación de objetivos y metas sociales compartidos, serán mecanismos decisivos que contribuirán al desarrollo de criterios comunes de política social.

En concordancia con la concepción de la pobreza y la inequidad social como fenómenos multidimensionales y multi-causales a que responde el PIDS, las iniciativas que propone superan los enfoques “sectorialistas” de política social, y procuran integrar las políticas sociales con las políticas económicas y de desarrollo. Es por ello que el Plan contiene propuestas que abarcan desde el empleo y los derechos laborales, hasta el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad, pasando por la salud, la educación y la cultura, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo en fronteras.

En el contexto de estas acciones, debo destacar la importante labor que hoy adelanta el Organismo Regional Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, en el desarrollo de importantes acciones e iniciativas de alcance comunitario y de alto impacto, como son la exitosa negociación para reducir en un 72% el precio de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH-Sida y la muy reciente puesta en ejecución de un ambicioso programa de control de la malaria en las zonas fronterizas de los países andinos.

Por otra parte, es importante resaltar la contribución del PIDS a la incorporación de nuevos actores sociales al proceso de integración. Para coordinar su puesta en ejecución fue creado en 2004 el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS) y, en cada país miembro se ha establecido un Comité Nacional del PIDS integrado por todos los organismos del Estado con responsabilidad sobre los diversos temas que abarca el Plan, entidades académicas y organizaciones sociales. Estos comités son los responsables del desarrollo de los proyectos y su puesta en ejecución, para lo cual deben asegurar tanto una efectiva articulación entre las instancias nacionales vinculadas a la temática social, como su entroncamiento con el proceso subregional andino.

De otro lado, la Secretaría General está impulsando la creación de una Red Subregional de entidades académicas y organizaciones sociales para apoyar la ejecución del PIDS y la Agenda Social en su conjunto, tanto con su aporte al análisis y al debate, como mediante su apoyo a la ejecución de los proyectos.

La Mesa Indígena Andina, creada en 2002 para promover la plena vigencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también está llamada a ser una protagonista central en la implementación de las tareas centrales del PIDS, particularmente en el desarrollo de la interculturalidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodiversidad, el desarrollo rural y el programa de seguridad alimentaria, entre otros.

Además de la importancia que reviste el PIDS y su proyección, que hemos tenido oportunidad de describir, esta iniciativa de nuestros Presidentes debe ser entendida en el marco de un propósito más amplio: la recuperación de la dimensión del desarrollo con inclusión social para el proceso de integración andino.

Este propósito, que había sido trazado en sus líneas fundamentales en la Cumbre de Quirama (2003), fue ratificado y enriquecido posteriormente en las Cumbres de Quito (2004) y Lima (2005), de las cuales se derivaron orientaciones específicas para promover la cohesión social a través de acciones conjuntas de los países para estimular el empleo digno e impulsar el desarrollo competitivo de las pequeñas y medianas empresas, con una visión de desarrollo territorial y reducción de las disparidades entre regiones y países.

En este contexto es también importante destacar el impulso dado al debate en torno al empleo digno y decente, y la necesidad de incorporar ese objetivo como prioridad de las políticas públicas, a partir de las dos ediciones hasta ahora realizadas de la Conferencia Regional Andina sobre Empleo antes mencionada.

De otro lado, el Nuevo Diseño Estratégico de la integración, aprobado por los Presidentes en la Cumbre de Quito, concibe el proyecto comunitario como un proceso incluyente, y por ello se construyen en la actualidad acciones “de abajo hacia arriba”, es decir, a partir de los actores subnacionales y de su reconocimiento como actores políticos y económicos de primer nivel. Con este criterio, la integración andina impulsa hoy una propuesta de desarrollo territorial como opción de inserción internacional competitiva de nuestros países, con una fuerte base económica local y regional.

En su puesta en marcha participan activamente las autoridades y las instancias técnicas de las ciudades y regiones andinas, a través del Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales creado en el año 2004. Los lineamientos trazados en esta frente se nutren, además, de la adecuada coordinación de la Secretaría General de la CAN con la Red Andina de Ciudades de la cual participan más de 300 alcaldes de la subregión.

Para sentar sobre bases firmes la agenda de cooperación de las ciudades y regiones andinas, en el marco de la estrategia propuesta, se ha reactivado el Comité de las Pequeñas y Medianas Industrias, conservando en su convocatoria y en las acciones iniciales el enfoque del desarrollo económico local y regional.

En la actualidad se avanza en la adopción de un estatuto andino para las PYMES, con el fin de armonizar mediciones nacionales y precisar el ámbito de políticas comunes para este sector. Así mismo, se han logrado avances notables en la conformación de un Sistema Andino de Garantías como su mecanismo de reafianzamiento de crédito para las PYMES en todos los países de la subregión. De igual manera, nos proponemos impulsar estrategias de innovación tecnológica orientadas a las PYMES como un aporte desde la integración en la construcción de capital social en los territorios andinos y con el propósito de estimular la competitividad con cohesión social desde los ámbitos locales.

El PIDS, junto con los avances en el debate andino sobre la política de empleo y el impulso al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con enfoque territorial, constituyen los tres pilares con base en los cuales la Secretaría Geneal de la Comunidad Andina se propone contribuir a la construcción progresiva de una estrategia comunitaria de cohesión y desarrollo social.

A partir de la Cumbre de Guadalajara de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, el objetivo de la cohesión social ha sido señalado como una prioridad estratégica que compartimos. Si bien ello supone identidad de visiones y de valores, la cohesión social, como concepto y como objetivo, tiene diferentes connotaciones para una y otra región. En la región andina, una estrategia de desarrollo y cohesión social necesariamente debería, a nuestro juicio, encarar al menos cuatro grandes desafíos:

Para ello, según se viene perfilando de las acciones que venimos desarrollando, será necesario abordar, desde la integración, las siguientes tareas:

Apreciados amigos:

Albergo la convicción de que la alianza de más de 30 años de la Comunidad Andina con la Unión Europea constituye un importante factor aglutinante para fortalecer nuestro proyecto integrador. Nos han unido con Europa lazos históricos que hoy lucen renovados como consecuencia de apuestas comunes por la defensa de los derechos humanos, la democracia, el multilateralismo y el multiporalismo.

Nos corresponde, por lo tanto, en el escenario de los próximos años, profundizar esta alianza, bajo la figura de una asociación estratégica, con el fin de acercar a nuestra subregión andina los importantes avances de la Unión Europea en materia de desarrollo y cohesión social, y ayudar a construir sociedades más integradas y democráticas que deben ser el fundamento del mundo mejor que deseamos todos.

Muchas gracias.