Bogotá, 18 de mayo de 2006

Coincide la realización de este importante Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino con la semana central de los actos conmemorativos de los treinta y siete años de existencia del Acuerdo de Cartagena, que se cumplirán el próximo 26 de mayo.

No es, desde luego, un momento para grandes celebraciones. Han resultado evidentes en las últimas semanas los síntomas de una crisis que se origina, a mi juicio, en las marcadas discrepancias entre los países miembros sobre el modelo de desarrollo así como el tipo de inserción internacional que consideran más beneficioso para sus naciones.

En el pasado también han ocurrido diferencias políticas entre los miembros pero pudieron resolverse mediante el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones constructivas y flexibles. Ese fue el caso del Perú en la década de los años 90, donde fue posible acordar un régimen transitorio que permitió a ese país diferir algunas obligaciones bajo el Acuerdo de Cartagena que, con el tiempo, han quedado subsanadas.

Sólo en el caso de Chile el año 1976, en los inicios de nuestro proceso de integración, se presentó una diferencia política fundamental con los restantes miembros, lo que condujo, luego de intensas e infructuosas negociaciones, a la denuncia por ese país del Acuerdo de Cartagena, manteniéndose algunos escasos vínculos. Es interesante señalar que esa situación se produjo cuando el nuevo régimen chileno, resultante de un sangriento golpe de estado, implementó una política económica que difería sustancialmente de las aplicadas por los restantes países miembros y del modelo implícito en el Acuerdo de Cartagena y en las decisiones de la Comisión. ¿Dónde radicaban esas incompatibilidades? Radicaban particularmente en lo relativo al enfoque del desarrollo y de la inserción internacional.

La presente crisis ocurre en momentos en los cuales se inicia en América Latina lo que podríamos llamar un nuevo “tiempo social”, en el que, ante los negativos resultados obtenidos en materia de bienestar por las recetas del “Consenso de Washington”, las agendas políticas nacionales colocan como preocupación prioritaria la obtención, en lapsos políticamente aceptables, de resultados tangibles en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad que prevalecen en nuestras sociedades. En suma, superar la exclusión en que se encuentran vastos sectores de nuestras poblaciones del sistema político, de los beneficios del crecimiento económico e, incluso, de los cánones culturales prevalecientes.

En este contexto, surgen diversas propuestas sobre cómo mejorar o incluso cambiar el modelo económico para alcanzar esas metas sociales, pero también para lograr un Estado y una sociedad más incluyentes, todo ello con la velocidad vertiginosa que imprime un año electoral como el presente en toda la región. En ese contexto, el modelo de integración regional también se ve sometido a cuestionamientos e interrogantes, agravados por los desafíos que plantea un proceso de globalización mundial en el que los rezagados son rápidamente excluidos de las corrientes mas dinámicas de la economía y el comercio internacionales.

Lo paradójico en esa búsqueda de la equidad es que, existiendo un amplio espacio para conjugar los objetivos centrales del desarrollo con justicia social, de una inserción internacional competitiva y socialmente incluyente y de una integración al servicio de los pueblos, hoy se hagan visibles los síntomas de un desencuentro que erosiona nuestra unidad y amenaza nuestro proyecto integrador.

Tengo la certeza de que la crisis se profundiza cuando, existiendo discrepancias, las mismas no se procesan a través del diálogo constructivo y fraterno para la mutua comprensión de necesidades y aspiraciones. En suma, cuando se abandona el pluralismo como principio necesario de la convivencia comunitaria.

Creo, por lo tanto, que es urgente retornar al camino de la construcción de consensos, en todos los niveles del Sistema Andino de Integración, reorientando el debate, que es necesario y bienvenido, hacia lo que se encuentra en el núcleo de la crisis que estamos atravesando: es decir, cual es el modelo de desarrollo e inserción internacional que queremos para nuestros países y el lugar que ocupa la integración en función de esos objetivos, a fin de asegurar la inclusión social y el beneficio de los pueblos.

Creo necesario, asimismo, recordar que, gracias a los consensos obtenidos por los Presidentes en las Cumbres de Quirama, Quito y Lima, la integración andina cuenta hoy con una agenda multidimensional, que va más allá de los temas comerciales y que ha rescatado para el proyecto comunitario los temas del desarrollo con una perspectiva de inclusión social, y para cuya ejecución se cuenta con la creciente participación de nuevos actores, entre los cuales destacan las PYMES y los gobiernos locales, hoy convertidos en importante vanguardia de la integración subregional.

Por otra parte, el acuerdo adoptado entre la Comunidad Andina y la Unión Europea en el marco de la Cumbre birregional realizada la semana pasada en Viena, nos ha abierto las puertas para concretar un Acuerdo de Asociación que permitiría fortalecer nuestra unidad, profundizar nuestra propia integración y acercar a nuestros países el modelo de desarrollo e integración europeos, más centrados en la persona humana que en el mero funcionamiento del mercado, lo que sería de mucha importancia en este nuevo "tiempo social" que vive nuestra región. A ese efecto, se ha establecido un plazo hasta el 20 de julio próximo, en el que la CAN y la UE se han comprometido a realizar todas las reuniones que sean necesarias para lograr ese cometido.

Para alcanzar esa meta será necesario culminar cuanto antes los trabajos que se han venido realizando en los últimos doce meses para evaluar las condiciones necesarias para tener un acuerdo “bloque a bloque” entre ambas agrupaciones. Esto comportará de nuestra parte adoptar ciertas decisiones necesarias para profundizar nuestra propia integración y perfeccionar nuestro mercado ampliado, lo que brindará la oportunidad de hacer una reflexión política sobre los retos que enfrenta la Comunidad Andina en su nuevo contexto y el tratamiento de temas pendientes, en especial el impacto del tratado de libre comercio concluido por Colombia y Perú con los Estados Unidos de América en la normativa y en el comercio andinos a fin de adoptar las medidas que permitan a todos los países miembros mantener el balance de beneficios derivados de su participación en el proceso de integración y fortalecer la cohesión interna de nuestra Comunidad.

También será necesario, antes de la fecha límite del 20 de julio próximo, clarificar y definir con la Unión Europea las bases de la negociación del Acuerdo de Asociación entre los dos bloques, que incluye el diálogo político, la cooperación y un acuerdo comercial. Aquí el desafío que tenemos por delante es obtener las condiciones que permitan a todos los países miembros participar en ese Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, incorporando las medidas de flexibilidad –e incluso velocidades diferenciales- que atiendan las asimetrías existentes al interior de nuestra subregión. Ello permitiría a nuestra Comunidad derivar todos los beneficios políticos, económicos y sociales que resultarían de esa asociación estratégica.

Finalmente, debemos construir junto con Venezuela el escenario más favorable posible ante su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena, en caso de que esta decisión no pudiera ser revertida. Son muchas y muy importantes las relaciones desarrolladas a lo largo de estas décadas y que se sustentan en normas comunitarias andinas. Deberíamos plantearnos, todos los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, la tarea de preservar el máximo posible de esas relaciones, que en lo comercial representan un intercambio de 4,700 millones de dólares que da lugar cientos de miles de empleos en la subregión, pero también en los programas que tenemos en marcha en los ámbitos del desarrollo y la competitividad, la energía y el medio ambiente, la cooperación política y la cohesión social.

Estoy seguro de que responderemos a las expectativas de nuestros pueblos si preservamos esas relaciones que se hunden en los mas profundo de nuestra común identidad andina, porque la integración es un proceso histórico ineluctable que trasciende personalidades y coyunturas. Y también porque si realmente deseamos construir una Comunidad Sudamericana de Naciones, seria necio destruir lo que ya tenemos para rehacerlo después.

Tengo la convicción de que esta encrucijada requiere del concurso activo de todas las fuerzas políticas y sociales para revitalizar el consenso comunitario en torno a la integración como eje articulador de un desarrollo e inserción internacional con inclusión social de nuestros países y, al mismo tiempo, como espacio de convergencia plural de los diversos procesos nacionales.

Creo también que en este momento de trascendentales definiciones, tenemos una oportunidad histórica para reducir el déficit acumulado en materia de participación ciudadana. Por tal razón, considero muy propicio este foro de reflexión que ha convocado el Parlamento Andino, en su carácter de órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, cada vez más fortalecido por la decisión de los países miembros de avanzar en la elección directa de sus parlamentarios.

El Parlamento Andino expresa una rica pluralidad de posiciones y encuentra su fuente de legitimidad en la expresión popular y en el logro de consensos entre muy diversos actores de la política de nuestros países. Acaso este sea el mejor ejemplo para confiar en que la recuperación del diálogo y la confianza es posible y, sobre todo, para fortalecer la senda de la integración andina y sudamericana como el instrumento más poderoso en el propósito indeclinable de lograr el bienestar de nuestros pueblos.

Muchas gracias.