Según el último informe de la CEPAL sobre el Panorama Social en América Latina 2002–2003, el índice de pobreza en los países andinos se encuentra alrededor del 53%. La población indigente o en pobreza extrema, aquella que subsiste con un dólar diario o menos, llega a representar entre un 19% (Venezuela) y el 37% de la población urbana (Bolivia) y entre 35% (Colombia) y 63% (Bolivia) de la población rural. Si bien estos indicadores parecieran haber mejorado ligeramente en los últimos años para algunos países, lo cierto es que hoy cerca de 60 millones de habitantes de la región andina se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Más grave aún, si cabe, el Informe 2002 de la CEPAL da cuenta que el porcentaje de personas con ingreso per capita menor que el promedio interno es sumamente amplio. Así, en Bolivia el 73.6% de la población tiene un ingreso menor que el promedio, el índice en Colombia es de 72.4%, en Ecuador de 72.3%, en Perú de 70.3% y en Venezuela es 68.7%.

El citado estudio revela, además, que de no modificarse el desigual patrón de ingreso actualmente imperante en la subregión, las metas de reducción de la pobreza extrema hasta el ano 2005 serían inalcanzables. Así lo confirman las cifras del Banco mundial, que muestra la existencia de altos índices de desigualdad de Gini en los países andinos en el contexto de América Latina que, en los hechos, se constituye en la región más inequitativa del mundo.

La exclusión social es otro de los problemas que afecta a nuestros pueblos como resultado, en gran medida, de la falta de una educación de calidad y, por consiguiente, de su incapacidad de acceso a la cultura, al “trabajo decente” (en palabras de la OIT) y su desconexión de las oportunidades de competencia ofrecidas por la globalización. De otro lado, la exclusión de ciertos sectores, asociada a factores étnicos y de género, se confirma como un problema cada vez más complejo, que agrega un componente de mayor preocupación al panorama social andino.

Estos indicadores de pobreza, desigualdad y exclusión en la región andina explican en gran medida los problemas de gobernabilidad que afrontan nuestros países en la actualidad.

Quince años después de inaugurado el Consenso de Washington, hemos encontrado que sus lineamientos se revelan insuficientes para atender la doble agenda de la inserción internacional y del desarrollo que hoy enfrentan nuestros países, con el propósito de superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Por ello, se hace necesaria la formulación de un consenso latinoamericano y andino más comprehensivo y con aliento de más largo plazo, alrededor de las siguientes lecciones que nos quedan de la controvertida década de los años noventa.

Los países andinos han logrado en los últimos años una evidente convergencia tanto en el control de la inflación como en la reducción de su déficit fiscal, dos variables claves en la estabilidad macroeconómica. Este es un logro obtenido después de muchos sacrificios, que no deberían repetirse, y por lo tanto debería constituirse en un importante punto de partida para acometer las estrategias de lucha contra la pobreza.

Para fines del presente año nuestros países esperan tasas de crecimiento de sus economías que, en promedio, resultarán superiores al 4%. Sin embargo, este crecimiento, que debería ser un motivo para el optimismo, ocurrirá en un contexto de tasas de desempleo iguales o superiores al 10% al menos en cuatro de ellos y, en todos los casos, con altos niveles de subempleo e informalidad que atentan contra la calidad de los nuevos puestos de trabajo generados. Dos de cada tres nuevos empleos en nuestros países se generan en el sector informal.

Una nueva fase de crecimiento superior al 5% exige el fortalecimiento de políticas macroeconómicas favorables a la transformación productiva hacia los sectores modernos pero también hacia las pequeñas y medianas industrias urbanas, que vayan sincronizadas con políticas activas en materia de intermediación laboral y capacitación para el empleo, tanto en el orden nacional como territorial.

Sin embargo, no será posible derrotar a la pobreza si no encaramos seriamente el problema de la extrema concentración del ingreso que aqueja a los países andinos, como al resto de la región latinoamericana.

Como hemos señalado, nuestro continente exhibe los peores índices de distribución del ingreso en el mundo y en el que impera el mayor grado de injusticia social, si entendemos a la justicia distributiva como un componente central de la justicia social.

La teoría del “goteo” es manifiestamente errónea. No basta con crecer económicamente a un ritmo más elevado: es preciso crecer con equidad social.

Es evidente la necesidad que tienen nuestros países de ampliar sus fronteras comerciales y de buscar nuevos mercados a través de tratados de libre comercio y negociaciones comerciales multilaterales.

De hecho, los Estados Unidos se han convertido en el principal comprador de productos andinos manufacturados, especialmente para los Países Miembros que participan de manera conjunta en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, a quienes compra alrededor del 30% de sus exportaciones de manufacturas. Son visibles, además, las oportunidades que ofrece el mercado único europeo, así como el de los pujantes países asiáticos.

No obstante, es necesario preguntarnos si estos procesos de internacionalización económica, siendo necesarios, son condiciones suficientes para garantizar el desarrollo de nuestros países, la inserción internacional competitiva y la cohesión interna en nuestras sociedades.

Cada vez resulta más claro que, más allá de las negociaciones propiamente dichas de los tratados de libre comercio, que seguramente serán exitosas en sus aspectos técnicos, resulta urgente e indispensable desarrollar las capacidades competitivas que permitan a nuestros países atraer capitales, generar nueva producción, impulsar el empleo e incorporar en ese proceso de crecimiento e internacionalización económica a los grandes sectores sociales, como son la micro, pequeña y mediana empresa, así como al sector rural y campesino.

La competitividad y la inclusión social son los requisitos indispensables para que nuestros países puedan lograr una inserción internacional cualitativamente superior a la actual, que contribuya a cerrar la brecha social histórica que subsiste en nuestros países.

Es en este contexto que debe apreciarse la significación que puede llegar a representar el Plan Integrado de Desarrollo Social que los Países Miembros, liderados por las autoridades gubernamentales del sector social, han formulado a lo largo de aproximadamente un año y medio de trabajo y que está próximo a ser aprobado.

Este Plan comunitario responde a una Directriz del Consejo Presidencial de julio de 2001, reiterada en junio de 2003, que instruyó a los Cancilleres y a los ministros responsables de las políticas sociales, que formulen un programa para enfrentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, con programas, proyectos y actividades concretas a desarrollar comunitariamente, y con metas compatibles con las establecidas en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.

El PIDS debe entenderse, entonces, como una estrategia social comunitaria, cuyo objetivo es encauzar acciones de alcance subregional que enriquezcan y complementen las políticas nacionales de superación de la pobreza y la marginación social, orientadas al cumplimiento de las metas del Milenio.

Un primer criterio establecido desde un inicio para el PIDS es que una estrategia para superar la pobreza y la inequidad social no puede reducirse a la ejecución de acciones orientadas a paliar sus consecuencias y manifestaciones, sino que debe apuntar a los factores que determinan las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social. Es por ello que las autoridades sociales de los países miembros han hecho un extraordinario esfuerzo por identificar propuestas de programas, proyectos y acciones de alcance comunitario en los ámbitos de la salud, la educación, la generación de empleo productivo, el desarrollo regional, la cohesión social y la cultura de la integración.

El énfasis sobre la salud y se justifica porque la cobertura y la calidad de este servicio social básico determina de manera esencial las condiciones mínimas para que las personas puedan participar en la sociedad como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y sus facultades.

La mortalidad y morbilidad infantil, la desnutrición, la presencia de enfermedades prevenibles y el restringido acceso a los servicios de la salud y a los medicamentos, son trabas que impiden esa participación plena.

Entre los principales proyectos que ha identificado el PIDS en este frente se encuentran la constitución de una red de vigilancia y control epidemiológico que ha contado con éxitos visibles en el pasado reciente; el desarrollo de un programa de atención en fronteras para la población más desprotegida; y el trabajo conjunto de los Países Miembros en materia de acceso a medicamentos, con el fin de obtener una reducción de los costos de los productos genéricos y esenciales y garantizar a la población el acceso con equidad a los mismos.

Similares limitaciones en el ejercicio pleno de la ciudadanía son causadas por el analfabetismo, el limitado acceso de la población a los niveles escolares menos elementales, la poca pertinencia de los conocimientos adquiridos o la deficiente calidad de la educación impartida.

Por eso una estrategia de reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad social tiene necesariamente que privilegiar el desarrollo de la educación y la cultura como elementos clave en la cohesión social y en el acceso a las oportunidades de la nueva economía del conocimiento.

En materia de educación y cultura, en particular, el PIDS contempla un programa de diálogo intercultural entre los grupos sociales que comparten el espacio comunitario; un programa andino sobre calidad de la educación; y un programa para la difusión del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de las actividades educativas y culturales.

El empleo, por otra parte, es el principal medio de obtención de ingresos y constituye, por tanto, un vínculo fundamental entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. La estrategia impulsada por la Comunidad Andina deberá, por tanto, prestar especial atención a la cooperación entre sus miembros para examinar y evaluar conjuntamente enfoques y propuestas de políticas y programas que enriquezcan el acervo disponible de opciones y alternativas para fomentar empleos productivos y para mejorar la calidad de los mismos.

El Consejo Andino de Ministros de Trabajo de la CAN se ha propuesto a medio plazo contar incluso con sendas normativas comunitarias sobre política de empleo y sobre formación y capacitación laboral, que provean un marco conceptual y metodológico común para mejor orientar la formulación de políticas públicas en ambas materias; el desarrollo de políticas comunes que permitan la promoción del empleo a través de estrategias de desarrollo económico local y regional; así como la prevención del trabajo infantil, la erradicación de sus peores formas y la protección de los trabajadores adolescentes.

La estrategia comunitaria contemplada en PIDS deberá asimismo contribuir a reducir las disparidades de desarrollo entre regiones al interior de la Comunidad Andina. Según su tratado constitutivo, la integración andina tiene el cometido de impulsar el desarrollo armónico del conjunto de los países miembros, lo que significa contribuir a la gradual estructuración de un espacio subregional socialmente cohesionado, sin grandes disparidades en los niveles de vida y las perspectivas de progreso social entre países o entre regiones nacionales.

Por ello el PIDS también contempla propuestas de políticas y acciones para promover el desarrollo integral en zonas de frontera - generalmente caracterizadas por el abandono del poder central y la pobreza que afecta a sus habitantes - el desarrollo integral de las zonas rurales con criterios de competitividad e inclusión: el desarrollo de estrategias para la promoción de las PYMES en las ciudades región – andinas; el aprovechamiento sostenible de la riquísima biodiversidad andina y la protección del conocimiento tradicional de nuestros pueblos; así como el desarrollo sustentable de los inmensos recursos hídricos de que dispone la subregión.

Un objetivo fundamental de la integración en el ámbito social debe ser la estructuración de un espacio subregional socialmente cohesionado. Aunque la meta es de muy largo plazo, el camino hacia ella podrá contribuir no sólo al mejor conocimiento mutuo de nuestras realidades sociales sino, además, a obtener que la integración se considere de manera sistemática dentro de las estrategias y planes nacionales de desarrollo.

La propuesta formulada por las autoridades sociales de los países miembros, incorporada al anteproyecto del PIDS, consiste en acercar gradual y progresivamente los objetivos y las metas sociales de los cinco países, con base en los compromisos del Milenio. No se trata de formular una única política social, lo cual seguramente no es posible ni conveniente, sino de aportar a las políticas nacionales con el valor agregado que pueda darles la integración.

La convergencia en estos objetivos supone, además, el avance de manera efectiva en la puesta en vigencia de los derechos humanos consagrados en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobada por los cinco mandatarios en 2002; así como la inclusión de la integración de manera sistemática dentro de las estrategias y planes nacionales de desarrollo.

El programa comunitario de armonización de estadísticas e indicadores sociales, señalado como necesario por los cinco países e incorporado como propuesta de trabajo concreta en el Anteproyecto del PIDS, será una herramienta fundamental para coadyuvar a la consecución de ese propósito de largo plazo de converger socialmente de manera gradual y progresiva.

Por último, el PIDS contempla la ejecución de actividades de cooperación entre los países andinos en políticas sociales. La difusión de buenas prácticas, la socialización de experiencias ganadas y lecciones aprendidas y el intercambio de información sobre métodos y sistemas, la prestación de asesorías especializadas para el desarrollo de programas y proyectos, pasantías para el perfeccionamiento in situ de gerentes de proyectos sociales, elaboración de evaluaciones y análisis comparativos, desarrollo de programas académicos de alcance subregional, etcétera, son ejemplos de acciones que pueden emprenderse en el contexto subregional.

En resumen, el PIDS contiene 19 propuestas de programas, proyectos y actividades, a ser ejecutados por diversos organismos del Estado de los Países Miembros bajo la coordinación del Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social, recientemente creado, y con el apoyo de instancias comunitarias como la propia Secretaría General, y con el apoyo del Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue, el Convenio Andrés Bello y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria para los temas de desarrollo social rural.

Adicionalmente, se espera concretar las alianzas estratégicas, que ya han sido identificadas, con la OPS, la OIT, UNESCO, PNUD y entidades financieras multilaterales.

La efectiva constitución y el pleno funcionamiento del mercado integrado se ha fortalecido con la libre circulación actual de los ciudadanos andinos al interior del espacio subregional. Ya hoy día los ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos podemos viajar entre los cuatro países con sólo el uso de nuestro documento de identidad. Venezuela se sumará a este régimen en el año 2005.

Igualmente significativa es la vigencia jurídica de tres importantes instrumentos sociolaborales que, una vez perfeccionada su puesta en ejecución, facilitarán el libre tránsito de trabajadores en el territorio de la Comunidad Andina, garantizando su seguridad social y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de las Decisiones. 545 (sobre migración laboral), 583 (sobre seguridad social) y 584 (sobre salud y seguridad en el trabajo).

Otro asunto de carácter social de suma importancia para la consolidación del mercado común es la acreditación o reconocimiento recíproco de títulos, licencias y certificados profesionales. Esperamos que muy pronto las autoridades comunitarias puedan expedir una Decisión para normar ese fundamental aspecto de la integración.

He dejado para el final, porque quiero destacarlo especialmente, un aspecto importantísimo de la consolidación del proceso de integración: el fortalecimiento de la identidad común andina y el desarrollo de una cultura de integración.

Al respecto, debo mencionar la reciente adopción de la Decisión 594 que tiene por objeto introducir contenidos de integración en los planes y programas de estudio de escuelas y colegios andinos. La Decisión incluye un programa de trabajo concreto, cuya puesta en ejecución será responsabilidad principalmente del Consejo Andino de Ministros de Educación y responsables de políticas culturales, también de reciente creación, para lo cual contará con la activa participación del Convenio Andrés Bello y la Universidad Andina Simón Bolívar, además de la Secretaría General.

Otro ámbito de trabajo para avanzar en el desarrollo de esa identidad cultural andina y la cultura de integración será la próxima definición y puesta en ejecución de una estrategia y de medidas de política concretas, acordadas comunitariamente, para fomentar el desarrollo de las industrias culturales en la Subregión. Nos interesa contribuir a impulsar, desde las instancias comunitarias, el cine andino, la industria editorial, el teatro, la creación y difusión de la música, programas de radio y televisión, la industria del espectáculo, etcétera, y contribuir también a generar las condiciones jurídicas necesarias para facilitar la libre circulación de productos culturales en la región andina.

Ante una realidad social como la que presenta la subregión andina ¿qué papel le cabe cumplir a la integración?

Nuestra tarea pendiente, sin duda la de mayor alcance para nuestros países, es la de articular la agenda externa (globalización y negociaciones de libre comercio) con la agenda interna (superación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión). Pero al mismo tiempo, estamos en la obligación de trabajar conjuntamente para generar las capacidades propias para acometer de manera simultánea estas dos agendas. Integración para el desarrollo y la globalización es el gran desafío que nos hemos trazado para los próximos años.

En esta dirección apunta la próxima Conferencia Andina sobre el Empleo que, con el apoyo de la OIT, realizaremos en noviembre del presente año. El propósito es generar un debate, tanto político como técnico, que nos permita identificar y afinar criterios comunes de política económica con énfasis en la generación de empleo productivo. También se buscará instaurar mecanismos para dinamizar un intercambio permanente de información y de experiencias, así como generar y mantener indicadores armonizados sobre los mercados laborales para facilitar el diseño de políticas adecuadas.

Así mismo, en su reciente reunión de Quito, los Presidentes andinos acordaron debatir estos temas del desarrollo económico y social, en una próxima Cumbre extraordinaria a celebrarse el 7 de diciembre próximo en el Cuzco. El objetivo que animó al Consejo Presidencial Andino a tomar esta decisión fue el de trabajar comunitariamente para impulsar una estrategia de desarrollo de largo plazo con énfasis territorial, basada en el impulso de “núcleos de desarrollo” que promuevan la capacidad de las comunidades locales y regionales de construir su propio bienestar, a fin de asegurar la gobernabilidad democrática y avanzar hacia la cohesión social. De igual manera, se apunta hacia una reflexión sobre el “Estado sostenible” capaz de de sustentar políticas de desarrollo social en un contexto de crecimiento económico y fortalecimiento de la democracia y la cohesión social.

El Programa Integrado de Desarrollo Social, la Conferencia Andina sobre el Empleo y la Cumbre Andina del Desarrollo marcarán hito fundamental en nuestro proceso de integración para impulsar una nueva estrategia de crecimiento con equidad social y un nuevo pacto social andino para la competitividad y la inclusión.

Globalización con integración, desarrollo con competitividad e inclusión social y cohesión social con fortalecimiento de la gobernabilidad democrática son ahora los grandes objetivos comunitarios. Ese es el desafío que la Comunidad Andina tiene por delante.

Muchas gracias.