Quito, 1 de junio de 2006

Los procesos de integración suelen ser esfuerzos extraordinarios, de carácter supranacional y multidimensional, en los que los Estados, las naciones y los pueblos buscan alcanzar niveles mayores de desarrollo a través de la conjunción de planes, esfuerzos, acciones y legislaciones, entre otros, aún a costo de ceder espacios de soberanía en favor de un bien común superior.

El componente jurídico de estos procesos es fundamental pues el Derecho al servicio de la integración es, por excelencia, la herramienta que enlaza, unifica y armoniza regímenes nacionales diversos y dota de la indispensable seguridad jurídica y confiabilidad al proceso y a todos sus actores.

La integración europea, por ejemplo, en un proceso que acaba de cumplir 56 años de continuo desarrollo, tiene como instituciones comunitarias y pilares básicos de su sistema a una Comisión con funciones ejecutivas, un Parlamento con atribuciones co-legislativas y un Tribunal de Justicia con funciones jurisdiccionales que se aproximan (y se diferencian) de los sistemas nacionales.

En el caso de nuestra integración andina, 37 años después de su lanzamiento, podemos sentirnos satisfechos de los logros alcanzados en el terreno institucional y jurídico. Al margen del crecimiento exponencial de las exportaciones intracomunitarias (principalmente de productos manufacturados), nuestros países -y fundamentalmente su sociedad civil- han encontrado en este espacio comunitario un foro en el cual no sólo se discuten temas comerciales, de política externa, de cuestiones sociales, sino que cuentan con un sistema institucionalizado que resuelve las controversias en Derecho, con una autonomía reconocida y con Magistrados de alto nivel que ofrecen las garantías y la seguridad jurídica necesarias para continuar desarrollando nuestro proceso de integración.

La actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su calidad de órgano jurisdiccional de este proceso de integración, ha sido fundamental para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales, no sólo entre los Países Miembros sino también desde la perspectiva de las empresas y demás personas jurídicas, así como de los ciudadanos.

En efecto, la evolución constante de la normativa andina ha permitido que la sociedad civil sea también partícipe en los procesos de solución de controversias ante el Tribunal, con lo cual se ha logrado involucrar directamente a los sectores que generan el crecimiento económico de nuestros países.

Las actuaciones del Tribunal reflejan dos aspectos básicos de nuestro proceso de integración: primero, que la normativa andina tiene y ha tenido por objeto ser un instrumento de facilitación del comercio y de generación de desarrollo en los Países Miembros; segundo, que -felizmente-, hemos tenido un órgano jurisdiccional que ha demostrado un compromiso pleno con el cumplimiento de la normativa andina.

Con la adopción del Protocolo de Trujillo el 10 de marzo de 1996, se realizó una amplia reforma institucional de la Comunidad Andina, creándose el Sistema Andino de Integración (SAI) que se orienta a la coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman a fin de profundizar la integración andina, promover su proyección externa y fortalecer el proceso de integración de los Países Andinos. El SAI proporciona un marco institucional esencial para el desarrollo e implementación de la normativa supranacional prevista en las normas jurídicas de la Comunidad Andina. En virtud de dicha supranacionalidad, las Decisiones de la Comisión y del Consejo de Cancilleres son de obligatorio cumplimiento, entran en vigencia a partir de la fecha de su publicación, y generan la obligación para los países de no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a la normativa comunitaria.

La estructura institucional vigente de la Comunidad Andina permite además la orientación de la política de integración por parte del Consejo Presidencial Andino; la gestión, capacidad propositiva y de vigilancia del cumplimiento del ordenamiento comunitario por parte de la Secretaría General, como órgano ejecutivo de la Comunidad; la vigencia del Parlamento Andino como foro político y de participación ciudadana; y la operación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano judicial del sistema creado inicialmente en mayo de 1979, mediante un Tratado suscrito en Cartagena de Indias por los cinco Países Miembros, cuyas actuaciones están enmarcadas en la Decisión 472 de 1999 que codifica la reforma del Tratado.

En cumplimiento de los mandatos recibidos en las tres últimas Cumbres Presidenciales Andinas, la Secretaría General -con la participación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)- ha impulsado diversas acciones para perfeccionar y fortalecer el Sistema Andino de Solución de Controversias. Entre ellas cabe mencionar:

(i) La adopción de la Decisión 623 (16 de julio de 2005) mediante la cual se creó el “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, con el fin de optimizar ese procedimiento administrativo en beneficio de la celeridad procesal, la transparencia y de reglas más expeditas para la participación de los particulares.

(ii) La difusión del Derecho Comunitario para una mejor y más extendida aplicación del mismo por parte de los jueces nacionales, a través de la creación de una currícula de estudio y enseñanza del derecho comunitario en las escuelas judiciales de los Países Miembros.

(iii) La creación del Portal Andino de Procedimientos y Solución de Controversias, para garantizar los principios procesales establecidos en la Decisión 425, principalmente la transparencia, además de lograr un mayor conocimiento de las normas y procedimientos del derecho comunitario andino por parte de la comunidad jurídica y del público en general.

(iv) La próxima puesta en marcha de un sistema público de expedientes virtuales para que los interesados tengan acceso a los procesos que están siendo conocidos -en vía administrativa- por la Secretaría General y, progresivamente, aquellos procedimientos conocidos -en vía jurisdiccional- por el TJCA.

(v) La realización de visitas periódicas a los Países Miembros con el fin de alcanzar conjuntamente soluciones a los casos pendientes de cumplimiento y para prevenir futuras infracciones del ordenamiento jurídico comunitario.

(vi) La introducción de reformas al Estatuto del TJCA con el fin de perfeccionar el ejercicio procesal de las acciones previstas en su Tratado de Creación, las cuales están pendientes de aprobación por los órganos de la Comunidad.

En vista de la situación por la que atraviesa la Comunidad Andina, los órganos e instituciones del SAI están llamados a reflexionar sobre el futuro de nuestro proceso de integración, desde sus propias perspectivas y responsabilidades funcionales.

Como un modesto aporte a esa reflexión, nos permitimos alcanzar las siguientes consideraciones:

i) Desde que inició sus funciones, el TJCA constituye un ejemplo de la fortaleza y madurez que ha adquirido el proceso andino de integración. Cualquiera sea la orientación futura de la CAN, el proceso de solución de controversias debe ser profundizado y el papel del Tribunal debe ser fortalecido.

ii) El Tribunal tiene una importante contribución a la tarea de readecuación jurídica e institucional de la Comunidad Andina a raíz del retiro de uno de sus Países Miembros. Al respecto, en lo que respecta a la conformación del Tribunal, es importante tener en cuenta que, según el artículo 6° del Tratado de Creación del Tribunal, “El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el Tribunal, podrá modificar el número de magistrados y crear el cargo de abogado general, en el número y con las atribuciones que para el efecto se establezca en el Estatuto a que se refiere el artículo 13°”.

iii) Asimismo, el Tribunal tiene una destacada labor de apoyo al proceso de conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones a través de la colaboración y la gradual convergencia con los órganos y sistemas de solución de controversias de otros esquemas de integración sudamericanos.

A esos efectos, recomendamos que el Tribunal debe:

a) Continuar aportando al proceso de integración a través de su jurisprudencia que define, limita, refuerza e interpreta los principios que rigen al Derecho Comunitario.

b) Continuar trabajando con la Secretaría General y los Países Miembros a fin fortalecer aun más el rol del órgano jurisdiccional como el principal garante del ordenamiento jurídico comunitario.

c) Contribuir con la difusión del derecho comunitario, con participación de los propios Magistrados del Tribunal y los jueces nacionales, a fin de asentar y fortalecer la relación de cooperación entre magistrados y juzgados en beneficio del proceso de integración.

d) Fortalecer la confianza de los Países Miembros, manteniendo el correcto ejercicio de su triple función: ejercer el control de la legalidad sobre los propios organismos del sistema; sancionar los incumplimientos del ordenamiento; y formular una interpretación obligatoria de las normas del ordenamiento a fin de que sus efectos sean uniformes y generen un auténtico derecho común.

Una interesante jurisprudencia del TJCA (Proceso 02-AI-97) señala que “los sistemas de integración difieren de los sistemas de simple cooperación porque aquellos persiguen fines y políticas comunes como el lograr la unión económica, la liberación e intercambio de bienes y servicios, la supresión de barreras aduaneras, la libre circulación de personas, etc., todo ello mediante la creación de un ordenamiento jurídico propio y superior a los ordenamientos internos y con preeminencia sobre ellos, con la salvaguarda de un organismo jurisdiccional encargado de velar por el respeto del orden jurídico”.

Es importante tener presente esta definición de nuestro Tribunal en estos momentos de debate sobre el futuro de nuestro proceso de integración.

Ciertamente aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar plenamente los objetivos de nuestro proyecto integrador, pero considero que el balance de estos años es favorable, no sólo por la calidad de las sentencias del Tribunal, sino principalmente por el compromiso de los señores Magistrados y del Tribunal en su conjunto con los objetivos de nuestro proceso de integración.

Muchas gracias.