"El tema sociolaboral en el proceso de integración andino"
Jorge Vega Castro
Director General
Secretaría General de la Comunidad Andina

Caracas, 14 de diciembre de 2000

En nombre de la Secretaría General de la Comunidad Andina quiero expresarles, en primer lugar, mi satisfacción por el esfuerzo realizado por el Consejo Consultivo Laboral Andino y los distintos organismos internacionales que participan en la organización de este importante evento que reune a las Centrales Sindicales de los Países Miembros y a distintas organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una oportunidad para reflexionar sobre la evolución del proceso de integración andino, no solamente desde el plano comercial o económico, sino considerando principalmente las condiciones sociales de los países que lo conforman, y que son las que determinan, en buena medida, si el proceso es sostenible en el tiempo y las posibilidades de que sus beneficios se traduzcan en un mayor bienestar para la población.

En efecto, no puede dudarse del éxito de la integración cuando miramos las cifras comerciales y encontramos, por ejemplo, que el comercio intracomunitario ha incrementado cuatro veces su valor durante el periodo 1990-98, y aunque en 1999 presentó un decaimiento por la coyuntura económica que atravesaron los países, el flujo comercial se recuperó rápidamente en el presente año, estimándose un notable crecimiento de 27.4% para el año 2000, con un valor superior a los cinco mil millones de dólares. Estas cifras se tornan más relevantes si consideramos que los bienes que se comercian entre los países andinos son principalmente productos manufacturados, de alto valor agregado en comparación con aquellos que se exportan a terceros países, lo cual tiene efectos de encadenamiento dentro de las economías nacionales. Por otro lado, este fortalecimiento comercial a nivel andino ha permitido también insertarnos en otros mercados en mejores condiciones, tal como lo reflejan los recientes acuerdos con Brasil y Argentina, la negociación de una Zona de Libre Comercio con Mercosur a partir del año 2002 y el manejo de una vocería única en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Sin embargo, este panorama sería incompleto si no consideramos los otros factores sociales y políticos que se van entretejiendo detrás de todo proceso de integración y que van a configurar las condiciones de vida bajo las cuales estamos entrando a un mundo donde la globalización constituye la tendencia principal.

Por este motivo es que los Países Miembros han reconocido la necesidad de entrar a una etapa más avanzada del proceso de integración, y desde el Protocolo de Trujillo (marzo 1996) se ha privilegiado el desarrollo de temas que escapan del ámbito comercial, tales como la Política Exterior Común, el medio ambiente, la armonización de políticas macroeconómicas, el desarrollo de una Agenda Social y la construcción del Mercado Común.

En este sentido, el tema laboral constituye un aspecto fundamental del proceso de integración, principalmente porque el desempleo se ha convertido en uno de los principales déficits de nuestras economías. Además, existe una tendencia a la concentración del empleo en el sector informal, lo cual muchas veces significa el no contar con condiciones de protección mínima para los trabajadores, tales como la cobertura del sistema de seguridad social y la garantía contra riesgos de accidentes y enfermedades en el trabajo. Esto es aún más alarmante en el sector rural, que reune –con excepción de Venezuela- entre 35% y 45% de la PEA y es el sector donde se concentran los mayores índices de pobreza.

El tema laboral, además, es determinante en la conformación del Mercado Común, cuya meta para los países andinos se proyecta para el año 2005. El Mercado Común implica, además de la libre circulación de bienes en la región, avanzar progresivamente hacia la libre movilidad de servicios, capitales y personas. En este sentido, los Países Miembros deberán aplicar acciones coordinadas para facilitar progresivamente la libre circulación de los trabajadores y el reconocimiento mutuo de sus derechos, de tal manera que el mercado ampliado les signifique también un mejor balance en las oportunidades de empleo.

En esta perspectiva, el XI Consejo Presidencial Andino, realizado en mayo de 1999, consideró como tarea prioritaria el desarrollo de una Agenda Social y encomendó a los Ministros de Trabajo avanzar en la coordinación de políticas en cinco ejes temáticos: fomento del empleo, formación y capacitación laboral, seguridad social, migraciones laborales y salud y seguridad en el trabajo.

En el tema de Fomento del Empleo, los objetivos principales son promover la capacitación de los trabajadores en función de los requerimientos del sector productivo, promover la formalización de empresas del sector informal, fomentar el desarrollo de microempresas, promover la participación solidaria en los ámbitos rural y urbano, incentivar la concertación social para el desarrollo de programas de empleo y el aumento de la productividad, y, mantener informados a los agentes del mercado sobre la situación laboral. Al respecto, con base en la propuesta de Colombia, se ha presentado ante la OEA un proyecto conjunto para desarrollar, en forma piloto, los Consejos Territoriales de Empleo como instancias de concertación institucional a nivel nacional, regional o local, constituidas por organizaciones públicas, privadas y comunitarias, con el fin de promover la participación de la sociedad en el diseño y ejecución de políticas de empleo.

En el tema de Formación y Capacitación Laboral, la idea es el desarrollo de programas continuos y orientados a las demandas del sistema productivo, de manera descentralizada, y guardando semejanzas entre los países en términos de metodología, contenido, sistemas de evaluación y certificación. Como proyectos posibles se han planteado la organización de un Taller Subregional Andino sobre Formación y Capacitación con el fin de intercambiar experiencias, la realización de un diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre el tema, la elaboración de un estudio sobre el mercado laboral de cada país que identifique las necesidades de formación laboral, la posibilidad de creación de una Red Andina de Observatorios Laborales y la capacitación laboral en zonas de frontera. Para el desarrollo de estos proyectos se ha solicitado el apoyo del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR).

En el tema de Seguridad Social, se cuenta con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que se encuentra desarrollando una revisión de las Decisiones 113 "Instrumento Andino de Seguridad Social" y 148 "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Social", con el fin de adecuarlas a las actuales condiciones, donde existe mayor participación del sector privado. Otros objetivos en materia de seguridad social son la identificación del grado de compatibilidad de los regimenes aplicados por los Países Miembros para evaluar la posibilidad de un reconocimiento de los beneficios fundamentales, y el fomento a la ratificación de los Convenios Internacionales de la OIT sobre la materia.

En lo referente a Migración Laboral, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se está realizando un estudio sobre las legislaciones nacionales en materia migratoria, con el fin de proponer modificaciones a la Decisión 116 "Instrumento Andino de Migración Laboral". Otros objetivos en este eje temático son la realización de un estudio que evalue el impacto de los mercados ampliados de trabajo en la Comunidad Andina, la creación de un sistema de información sobre migraciones a nivel andino, la posibilidad de establecer una certificación laboral reconocida entre los países y que garantice la igualdad laboral de nacionales y trabajadores comunitarios y la capacitación para autoridades de migración principalmente en los sistemas administrativos.

Sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, se cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene a su cargo un estudio comparativo de las legislaciones nacionales, a partir del cual pueda realizarse un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo en cada país y orientar acciones a nivel comunitario. Se tiene como proyectos en este eje temático, la construcción de un sistema de información sobre accidentes y enfermedades profesionales, con el fin de identificar sectores vulnerables; la capacitación para los trabajadores expuestos a altos riesgos y para sus empleadores; la capacitación a inspectores del trabajo; la constitución de Comités Supervisores de Seguridad multisectoriales con fines preventivos y la difusión de los Convenios de la OIT, 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo.

El desarrollo de políticas y programas sostenibles en estos cinco ejes temáticos, implica necesariamente la participación de los distintos agentes involucrados; es decir, sector público, empleadores y trabajadores.

La labor que han venido desarrollando las organizaciones sindicales y otras instituciones de la sociedad civil en distintas regiones del mundo, ha demostrado que la concertación no es una utopía, sino que es posible concretar importantes logros disminuyendo los enfrentamientos e identificando intereses comunes. En este sentido, el Consejo Consultivo Laboral enfrenta el gran desafío de promover la participación de los trabajadores en el diseño y evolución del proceso de integración andino, optimizando el instrumento de la concertación.

Cabe mencionar que en la I Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, realizada en octubre de este año en Santa Cruz de la Sierra, se aprobó la reactivación del Convenio Simón Rodriguez, bajo un esquema de participación tripartito y paritario basado en el consenso. Aunque aún se requiere la aprobación de los Ministros de Relaciones Exteriores, esta propuesta de una nueva estructura para el Convenio, es una oportunidad para ampliar espacios de participación e iniciar un foro de debate entre el sector público y el sector privado, principalmente sobre los problemas sociolaborales que afectan a la región.

Igualmente, cabe destacar la importancia y los resultados de la reunión conjunta entre los Miembros del Consejo Consultivo Laboral Andino y el Consejo Consultivo Empresarial Andino, realizada en Arequipa, Perú, los días 10 al 11 de julio de 2000. En dicha reunión, por primera vez en la historia de la integración andina, se elaboró una declaración conjunta de ambos Consejos, lo cual refleja la capacidad y madurez de nuestra sociedad en aunar esfuerzos para el logro de los objetivos de desarrollo económico y social de los habitantes de la Subregión.

Finalmente, quiero expresar mis deseos de éxito en esta Cumbre sobre la Dimensión Social de la Integración, y en general, en la labor que cumple el Consejo Consultivo Laboral como parte del Sistema Andino de Integración.

Muchas gracias,