Intervención del Vice-Ministro de Relaciones Exteriores del Perú,
Embajador Jorge Valdez

Lima, 18 de octubre de 1999

Dadas las responsabilidades que el Perú ha asumido con la Presidencia y Secretaría Pro-Témpore del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y con miras a poner en aplicación una agenda de prioridades para que la CAN actúe conjuntamente en el escenario internacional, resulta particularmente significativo participar en este ejercicio de reflexión sobre las Políticas Exteriores Comunes de la Comunidad Andina y de la Unión Europea.

Para esos efectos, la experiencia europea resulta indudablemente enriquecedora, sobre todo cuando comprobamos que, a diferencia de Europa, los países andinos se han comprometido jurídicamente con las bases de una política exterior y políticamente con su aplicación progresiva, pero sin contar para ello con un mercado común en funcionamiento ni con las lecciones que se derivan de ejercitar una cooperación política reforzada durante un prolongado período.

Como conocemos, el Grupo Andino enfrentó su más grave crisis en la década de los ochenta, debido al incumplimiento generalizado de los compromisos comunitarios, lo cual a su vez no era ajeno a la crisis de la deuda externa e, internamente, a políticas públicas que ignoraban cuando no contradecían abiertamente la naturaleza y tendencias del mercado.

Vista desde una perspectiva distinta podemos incluso someter a verificación la hipótesis según la cual la crisis andina fue esencialmente política y que el Pacto Andino confrontó una falta de liderazgo, una débil cooperación política y un fuerte déficit de direccionalidad estratégica. Esta situación motivo que los Mandatarios andinos asumieran el gran reto de relanzar el proyecto andino y de imprimirle -un nuevo impulso y tomar directamente la dirección política de] proceso mediante la creación de] Consejo Presidencial Andino en mayo de 1990.

Este proceso de relanzamiento de la integración andina tiene tres momentos claves que corresponden a las grandes decisiones que vienen adoptándose para profundizarla y consolidarla: Primero, el Diseño Estratégico para la Orientación del Grupo Andino, adoptado en la Cumbre Presidencial de Galápagos hace diez años, y que presenta una visión renovada y moderna de la integración andina, compatible con las nuevas fuerzas que aparecían ya en esa fecha y que hoy forman parte de realidad cotidiana. Me refiero al papel principal del sector privado, la apertura económica y transnacionalización de las economías y empresas.

Este diseño estratégico, que incluye un. Plan de Acción, planteaba dos grandes objetivos para la acción. Primero, la consolidación del espacio económico andino, para cuyo efecto se detenía básicamente en la creación de la Unión Aduanera, que en último análisis viene a ser el objeto explícito máximo del Acuerdo de, Cartagena; y, segundo, mejorar la articulación externa del Grupo Andino, tanto respecto a su inserción económica como a su acción externa.

También se suscribe la Declaración "Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación" que, entre otros, planteaba ya el compromiso a establecer medidas de fomento de la confianza, coordinación de las políticas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y la celebración de reuniones al nivel de Altos Mandos Militares.

Estimo que estos elementos constituyen semillas importantes de la posterior política exterior común andina, puesto que se plantea como objetivo la "acción conjunta frente a terceros países y en los foros y negociaciones muItilaterales", la cual, se reconocía ya, debía ser cada vez más generalizada. De este modo se afirma la necesidad de estructurar la cooperación política fuera de las fronteras del espacio andino, así como del principio de gradualidad de dicha política.

Igualmente importante, se reconoce que el mejoramiento del poder de negociación conjunta frente a terceros está estrechamente vinculado al fortalecimiento del espacio económico subregional, lo cual no podría ser de otro modo, pues para ser creíble y perdurable una acción externa conjunta debe apoyarse en una realidad concreta, y que mejor muestra de ello que una integración económica efectiva.

Debe quedar claro, sin embargo, que estos planteamientos no significan que con anterioridad a Galápagos el entonces Pacto Andino no tuviera mecanismos ni adoptara acciones en el ámbito externo. Por el contrario, ya en 1979 se había creado el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con el fin de "institucionalizar la proyección externa conjunta" y que tuvo una muy destacada actuación en la búsqueda de soluciones a conflictos regionales.

Pero con todo, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores tuvo una actuación esporádica y correspondía su naturaleza a una instancia de consulta y cooperación política, más que a un órgano supranacional comunitario cuyas decisiones fueran jurídicamente vinculantes; aspectos todos ellos que sí se presentan hoy el citado Consejo Andino.

Seis años después del Plan Estratégico de Galápagos, se aprobó el rediseño Institucional del Pacto Andino en la Cumbre Presidencial de Trujillo de 1996, marcando con ello el segundo gran hito político de la presente década. En efecto, en esta oportunidad, se aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena de Trujillo que crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en reemplazo del Grupo Andino, como organización supranacional y como proceso de integración.

Este nuevo diseño está orientado a cubrir el déficit de liderazgo político y de direccionalidad estratégica referido anteriormente. En efecto, el nuevo Protocolo incorpora jurídicamente en la estructura institucional de la Comunidad Andina al Consejo Presidencial Andino como órgano máximo de la CAN, responsable de definir la política de integración subregional andina, así como al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como órgano legislativo, cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes.

De este modo, con el Protocolo de Trujillo que entró en vigencia hace poco más de dos años, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina asumen la dirección y coordinación política del proceso y acumulan varias funciones que exigen nuevas modalidades de articulación institucional al interior de la Comunidad Andina y una mayor cooperación y consulta política entre sus miembros. Estas responsabilidades están referidas, entre otras, a la formulación de la política exterior comunitaria; la formulación, ejecución y evaluación de la política general del proceso; la coordinación de la posición conjunta de los países miembros en foros y negociaciones internacionales; y, la suscripción de convenios y acuerdos con terceros países sobre temas globales de política exterior y cooperación.

El Protocolo de Trujillo también crea el Sistema Andino de Integración, definido como el sistema que "... tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar en la integración subregional andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración". Asimismo, establece el orden de prelación de fuentes por las que se rigen los órganos e instituciones del sistema andino de Integración, a saber, el Acuerdo de Cartagena, sus respectivos tratados constitutivos y sus Protocolos Modificatorios.

Como he señalado, estas modificaciones orgánicas y de competencias procuran dotar de los soportes institucionales apropiados para que los Países Miembros puedan profundizar el proceso de integración andino y ampliarlo hacia esferas que habían quedado formalmente fuera del proyecto original, como son, además del político, el dominio cultural, el dominio social y el dominio de las relaciones externas.

Es bajo esta nueva perspectiva, que se dispone de los fundamentos jurídicos y de las instancias políticas necesarias para el ejercicio de una política exterior comunitaria, busca articular la acción externa conjunta de los países miembro de un modo más orgánico que el mas marco restringido de la cooperación política. Ello se concreta con la Decisión 458 que aprueba los "Lineamientos de la Política Exterior Común", la cual será materia de un detenido análisis de este Seminario. Solamente deseo puntualizar que dicha' política fija los criterios y principios que deberán regir la política exterior andina y los mecanismos y las, modalidades de acción.

Un tercer momento cúspide de la Comunidad Andina corresponde a mi modo de ver más a una decisión y a una voluntad política, que a una realidad actual. Me estoy refiriendo al hecho que durante la XI Cumbre Presidencial Andina, celebrada en Cartagena de Indias, en mayo de 1999, es decir hace unos 5 meses, los Presidentes andinos acordaron el establecimiento del Mercado Común a más tardar el año 2005.

Para ello dispusieron que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores elabore y presente a la próxima Cumbre Presidencial, que se celebrará en Lima, en febrero dpal 2000, un nuevo Proyecto Modificatorio del Acuerdo de Cartagena orientado a obligar jurídicamente a los Países andinos al cumplimiento de los compromisos y cronogramas para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en la subregión.

Mi impresión es que la evolución de[ proceso de integración andino tal como lo he descrito permite resolver algunos de los elementos básicos para ejercitar una política exterior común. En primer lugar, establece una base institucional apropiada para definir, ejecutar y supervisar una política exterior común; segundo, aprueba el marco normativo que obliga niveles de cooperación mayores entre los países miembros; y, tercero, vincula los avances en el ámbito externo con la profundización de la cooperación política y con la construcción del mercado común.

En este orden de ideas, la definición de una Política Exterior Común viene a constituir un pilar fundamental de la nueva etapa de la integración andina, que se sustenta en el compromiso de preservar y profundizar los principios y acuerdos del proceso andino y que en último análisis corresponde a una convicción de construir una unidad política y económica andina.

Ahora bien, tal como lo señaláramos en las discusiones iniciales de la PEC, ella debe descansar en algunos entendimientos sustantivos:

Primero, debe adoptarse un enfoque gradual que permita ir construyendo los elementos necesarios de confianza, credibilidad y conocimiento respecto al ejercicio de un nuevo instrumento que tiene grandes posibilidades, pero también sus riesgos.

Segundo, si bien la PEC debe ser integral, su ejecución debe comenzar a partir de un grupo de temas de "baja intensidad" y no aspirar a abordar asuntos problemáticos para sus países miembros.

Tercero, la PEC, debe tener una estricta correspondencia con las políticas nacionales y con la confianza mutua, y no puede aspirarse aún a incorporar enfoques supranacionales.

Cuarto, en la etapa actual, la PEC debe servir a los países andinos para aumentar el peso de negociación de los participantes y su presencia en el escenario internacional,

Quinto, la PEC debe ser ejecutada por consenso.

Sexto, que la cooperación política y la construcción de un mercado común son condiciones básicas para que la PEC evolucione a formas superiores de acción.

En síntesis, los países andinos nos hemos comprometido a emprender una integración que comporta nuevos cauces, fundados en un diagnóstico que plantea el fortalecimiento del regionalismo como forma más eficiente de confrontar la globalización y de insertarse positivamente en la nueva economía política mundial. En esta empresa no contamos sino con el "acervo" para evolucionar de formas comunes de cooperación y consulta política hacia una cooperación reforzada o hacia una política exterior común sobre la base de una agenda de "alta intensidad".

Por ello, resulta muy importante este Seminario el cual espero nos ayude a identificar con precesión los elementos y también dificultades que ha enfrentado la Unión Europea en la definición y aplicación de una política exterior común. Con estas palabras, doy por inaugurado este evento.