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Palabras
del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Vélez, al asumir la Presidencia Pro
Témpore de la Comunidad Andina (CAN)
en el marco de la
XVII Reunión del Consejo Presidencial
Andino
Tarija,
Bolivia, 14 de junio de 2007
“Mil
gracias a todos ustedes y mil gracias al
Presidente Evo Morales por su
hospitalidad. Todas las felicitaciones
porque para él no era fácil en las
circunstancias políticas del Continente
llevar la Comunidad Andina a este buen
puerto que es el inicio de negociaciones
con la Unión Europea. Creo que deja un
camino muy despejado que, con la ayuda
de Dios, vamos procurar continuar bien.
Muchas gracias, Presidente Evo Morales,
por su afán de buscar consensos a partir
de la contradicción, que es muy
importante. Y muchas gracias a Tarija y
a sus autoridades por esta hospitalidad.
Qué bueno
ver a Chile reintegrada a la Comunidad
Andina. Agradecer a su Gobierno, a la
Presidenta Bachelet, este gran esfuerzo
que nos da nuevas energías.
Permítanme
inicialmente hacer unas referencias a
Colombia. Nosotros tenemos dos
realidades: una democracia en
profundización y un terrorismo en
descenso. Un país con todas las opciones
políticas, con todas las contradicciones
políticas, afectado por una violencia
que hemos empezado a superar. Es
importante reiterar ante los hermanos
andinos nuestra firmeza en contra del
terrorismo y nuestro compromiso interno
con la profundización de la democracia.
Hemos
venido trabajando tres objetivos de
Gobierno: consolidar la seguridad con
alcance democrático, consolidar la
confianza inversionista con
responsabilidad social, y la
construcción de cohesión social,
equidad, superación de la pobreza. Van
de la mano. Parecían excluyentes.
Por
ejemplo, en Colombia se pensó durante
mucho tiempo que la seguridad y la
política social eran excluyentes. Y
antes que empezaran a aceptar esa
convergencia intelectuales, escritores,
el pueblo fue el que la impuso.
Hoy en
todas las regiones de Colombia, en un
diálogo que este Gobierno nuestro,
comunitario, ha procurado tener de
manera interrumpida con el pueblo
colombiano, los ciudadanos reclaman por
igual seguridad y política social.
Entienden que sin la una, no se da la
otra.
La
seguridad genera confianza
inversionista, confianza en el país,
confianza para residir en Colombia,
confianza para estudiar en Colombia. Le
devuelve a la juventud la esperanza de
poder reencontrar en su país felicidad,
la realización de su vida espiritual,
intelectual, material. Esa seguridad
democráticamente orientada genera
confianza inversionista, que con
responsabilidad social tiene que proveer
medios para poder superar pobreza, para
poder construir equidad.
Diría que la confianza inversionista da
los recursos para hacer sostenible la
política de seguridad, y al mismo tiempo
la política social legitima la política
de seguridad.
Nosotros
estamos trabajando más la confianza
inversionista que el interés en unas
altas tasas de crecimiento inmediatas,
porque creemos que lo único que
garantiza altas tasas de crecimiento
sostenidas en una trayectoria de largo
plazo es la confianza inversionista.
Confianza inversionista, por supuesto,
nacional, internacional, confianza
inversionista microempresarial, de
mediana empresa, de gran empresa, todos
con responsabilidad social.
Para
nosotros es muy importante el tema de la
responsabilidad social. Exigimos que se
refleje en tres áreas. Primero, en la
relación de la inversión con el Estado.
Segundo, en la relación de la inversión
con las comunidades. Y tercero, en la
relación de los inversionistas con los
trabajadores.
El
elemento transversal tiene que ser
honestidad. En la relación de la
inversión con el Estado: honestidad,
total transparencia, para adjudicar
concesiones, para adjudicar contratos.
Nuestra norma es hacerlo públicamente.
Yo, por ejemplo, encontré 21 litigios en
el área de telecomunicaciones con
inversionistas internacionales. Nadie se
atrevía a superarlos. Los funcionarios
del Estado, por temor a la suspicacia de
la opinión pública, por temor a los
organismos de control.
¿Cómo
superamos esa situación? Con
participación ciudadana. Se exigió que
antes de perfeccionar los acuerdos de
transacción de esas disputas, fueran
publicados ampliamente y los conociera
en detalle la ciudadanía. Y eso disipó
suspicacias, las sustituyó por confianza
y se abrieron paso.
Nosotros
no permitimos hoy en el Gobierno
Nacional que se adjudique un solo
contrato, una sola concesión, que no sea
en un proceso público, de amplia
participación comunitaria.
Tenemos la
idea de que nuestra época necesita una
gran combinación de la democracia
directa y la representativa. Se
alimentan mutuamente. Creemos que entre
más participe directamente la
ciudadanía, mejor son las decisiones que
toma el Estado, más eficiente y
transparente su aplicación y, por
supuesto, mejor la posibilidad de
asignar las responsabilidades políticas
y también de mejorar la distribución de
los beneficios.
Transparencia es para nosotros la
primera expresión de responsabilidad
social en las relaciones entre los
inversionistas y el Estado. Y la gran
garantía de transparencia es la
participación de la ciudadanía.
El segundo
elemento de responsabilidad es la
relación entre las empresas y las
comunidades, basada en la solidaridad.
Nosotros no negociamos esa solidaridad
dentro de cuatro paredes. La exigimos en
un diálogo público, permanente, en el
cual participan los inversionistas,
participa el Estado colombiano y
participa la comunidad.
El más
reciente caso: las empresas
internacionales que explotan carbón en
el norte del país. Las comunidades
quejosas porque por unas carreteritas
por las cuales nadie transitaba hace
algunos años, hoy transitan 600 camiones
grandes al día transportando carbón y
levantando una polvareda en esos caminos
que no tienen pavimento y afectando la
salud de nuestros conciudadanos. Hemos
exigido, de manera pública, primero que
todas esas empresas le den la cara a la
comunidad. Segundo, los acuerdos que el
Gobierno jalona, que el Gobierno ayuda a
construir. Y tercero, el cumplimiento de
esos acuerdos.
Y
finalmente la responsabilidad social la
exigimos en las relaciones laborales.
Nosotros hemos dicho que no puede haber
relaciones laborales regidas por el
capitalismo salvaje. Tenemos una
legislación equilibrada entre la
protección a los trabajadores y los
elementos necesarios para la confianza a
la inversión.
También
hemos dicho que no podemos permitir unas
relaciones laborales jalonadas por el
odio de clases. Nuestra orientación es
buscar que esas relaciones laborales se
den a través de los principios de la
fraternidad cristiana, del principio
solidario de la democracia.
Para
nosotros es de gran importancia este
tema de la responsabilidad social en un
país que le da todas las garantías a la
inversión.
El tema de
las metas sociales. La verdad es que 40
años de una violencia profunda han
afectado todo el tejido social de la
Nación. Yo encontré un desempleo por
encima del 20 por ciento, llegando al
25, y la pobreza en el 60. Hoy desempleo
está en alrededor del 11. Confiamos
rápidamente tenerlo por debajo del 10.
La mayor
importancia se la asignamos a la
afiliación a la seguridad social. La
pobreza que estaba en 60, en la medición
del año pasado dio el 45. Estamos
haciendo todos los esfuerzos para que en
año 2010, cuando termine el Gobierno, la
podamos dejar no por encima del 35.
Y todo ha
sido una lucha difícil porque
encontramos el endeudamiento del país en
el 50 por ciento del PIB. Hoy esta en el
30, en el 32. Encontramos el déficit del
Gobierno Nacional central en el 7,5.
Este año todavía debe estar entre el 3,5
y el 4. O sea unas limitaciones
financieras y fiscales bastante severas.
Tenemos un
plan social muy ambicioso. Aspiramos a
cumplir las metas sociales del Milenio
antes de la fecha señalada por Naciones
Unidas. Y vamos más allá en nuestra
propuesta social.
Por
ejemplo, ya estamos llegando al 5 por
ciento del PIB como inversión en
educación. Cuando mi Gobierno empezó
teníamos la educación básica en una
cobertura del 84 y está en 92. La vamos
a dejar en el 100 por ciento.
Empezamos
ya la escolarización de los sectores
pobres para niños menores de cinco años,
la primera educación. En la educación de
primera edad aspiramos a dejar allí 400
mil cupos iniciales, debidamente
vinculados al sistema educativo.
Tenemos
hoy un instituto estatal de formación
vocacional de gran importancia, pagado
con contribuciones a la nómina. Nosotros
no aceptamos la receta de desmontar los
impuestos a la nómina, porque en el caso
colombiano han sido muy importantes para
revertir beneficios a los propios
trabajadores a través de tres
instituciones: la formación vocacional,
las cajas de compensación familiar que
administran empleadores y trabajadores,
y el Instituto de Bienestar Familiar,
fundamentalmente orientado a los
beneficios de la niñez.
En ese
instituto de formación vocacional hemos
pasado de cinco millones de horas de
enseñanza hace cuatro años, a 15
millones el año pasado. De atender un
millón 100 mil estudiantes por año a
atender 4 millones el año pasado. Y
ahora le tenemos metas muy exigentes,
como la meta de tener un millón 200 mil
estudiantes con total gratuidad en
ambiente virtual.
Estamos
avanzando en cobertura universitaria, en
financiación de la universidad estatal,
en financiación de los estudiantes. Yo
recibí una cobertura universitaria del
22. Esta hoy en el 29. Aspiramos dejarla
en el 34. Del 2002 al 2010, la cartera
de financiación de estudiantes debe
multiplicarse por seis. Y el número de
estudiantes atendidos con créditos
subsidiados por el Estado en el nivel
universitario, debe también
multiplicarse por seis.
Confiamos
completar ahora en agosto millón y medio
de Familias en Acción, familias
desplazadas, el mayor nivel de pobreza,
recibiendo un subsidio del Estado para
garantizar la nutrición de los hijos y
la educación. Aspiramos, por ejemplo,
que todas las familias que viven en la
frontera con el Ecuador y en nuestro
Litoral Pacífico, donde se da mucha
pobreza, empiecen a recibir ese
beneficio ahora en agosto, con plena
cobertura.
Aspiramos
que el logre en el año 2010 plena
cobertura en salud. Nosotros en el
primer Gobierno creamos 13 millones de
nuevos cupos en el sistema de salud, al
sumar aquello que se atiende a través de
cotizaciones de empleadores y
trabajadores y lo que se atiende
directamente con subsidios del Estado.
Uno de los
factores de exclusión en América Latina
ha sido el acceso al crédito. En Bolivia
vemos un caso bien iluminante. Nosotros
hemos creado un esquema que llamamos
Banca de Oportunidades, en donde
comprometemos a la banca pública, a la
banca privada, a las Ong’s, a las
instituciones de primer piso, de segundo
piso, recursos del presupuesto nacional,
con el Estado como promotor permanente,
a facilitarles crédito a los sectores
más pobres de la Nación.
Cuando
empezó nuestro Gobierno, la cartera en
favor de los pobres representaba el 1,5.
La cartera total. A principios de este
año el 5,5. Aspiramos que al final del
Gobierno quede en el 7 – 8 por ciento
del total de la cartera.
En el
primer Gobierno logramos entregarles
crédito a un millón 800 mil familias
pobres. En este segundo Gobierno la meta
es entregarle a 5 millones de familias
pobres.
Tenemos,
pues, un programa social bien ambicioso.
¿Y por qué lo llevamos de la mano de la
construcción de la confianza
inversionista? Nos parece que la
historia de América Latina enseña. Yo
recuerdo la discusión sobre el
desarrollismo en los años sesenta. La
tesis era: empujen el crecimiento de la
economía, que lo social vendrá
automáticamente. Y no llegó.
Algún país
de la región tuvo tasas de crecimiento
sostenidas del 6 – 7 por ciento, y
aumentos de pobreza del 14 por ciento.
Tampoco hemos creído en el otro extremo:
en el de hacerle todo el énfasis a la
distribución con descuido de las
condiciones de inversión, porque
finalmente se llega solamente a repartir
pobreza.
Cuando
nosotros buscamos ese equilibrio entre
las metas sociales y la confianza
inversionista es para buscar un sendero
de superación de pobreza y de equidad,
pero con prosperidad y no de
distribución de pobreza.
En el tema
de la seguridad vamos ganando, pero no
hemos ganado todavía. Falta un largo
trecho. Nosotros vemos una gran
disminución en muchos indicadores. En el
homicidio venimos de 35 mil, el año
pasado 17 mil. En el secuestro venimos
de más de 3 mil y el año pasado 370. Y
en las masacres.
Vemos que
ha cedido la narco-economía. Yo recorro
el país y veo que se están construyendo
hoy 5 mil habitaciones hoteleras.
Pregunto: ¿hay inversión del
narcotráfico? Antes era muy evidente.
Hoy, si la hay, está muy reducida y
buscando todas las maneras de
esconderse.
Veo en
todas las actividades productivas que
hay confianza inversionista. Y por
fortuna, no se observa esa presencia de
la narco–economía en la construcción, en
la propiedad rural. Todavía tenemos unas
altísimas cifras de cultivos de coca.
Este es el
tercer año en el cual hacemos un gran
esfuerzo en la erradicación manual. No
es fácil lo de los cultivos
alternativos. Yo al país lo tengo
dividido mentalmente para ese efecto en
dos áreas: el país donde podemos llegar
con alternativas productivas, y el país
donde no podemos llegar, porque está muy
lejos de los terminales viales, porque
está en la selva. Y allí lo que hay que
hacer es proteger esa selva.
Entonces
allí la alternativa que hemos buscado es
la alternativa de Familias
Guardabosques. Colombia, con un millón
160 mil kilómetros cuadrados, todavía
tiene la mitad del territorio en selva.
Un recurso para la humanidad de esos
que, en las palabras del presidente
Correa, tiene valor más no precio. Y que
habrá que buscar que el mundo lo
compense.
El
programa que nosotros hemos implementado
allí es el de Familias Guardabosques.
Familias que estaban destruyendo las
selvas para sembrar coca. Ya con 50 mil
de ellas hemos hecho el compromiso de
que se abstengan de seguir en el proceso
de siembra de coca. Que supervisen la
recuperación del bosque. Y el Estado
está entregando a cada familia dos mil
dólares al año, amén de ayudar con los
diferentes programas de erradicación de
pobreza.
No estamos
en un punto ideal, pero vamos por un
buen camino. Tenemos problemas
delicados. Por ejemplo, en este momento
el peso colombiano se ha revaluado en un
30 por ciento. Entonces el Gobierno
lucha por un control de capitales, y
apenas se puede imponer a los capitales
especulativos, de corta duración.
Control impuesto. Por un control
cambiario. El país tuvo buena y mala
experiencia. En una primera época de la
administración Lleras Restrepo dio muy
buen resultado. Después fue un factor de
corrupción muy difícil de manejar.
¿En la
violencia de dónde venimos? Teníamos 60
mil terroristas, sumando las Farc, el
Eln y los paramilitares. Cuatro décadas
de descuido.
Recuerdo
el Viernes Santo de 1998, cuando se
firmó el acuerdo de Irlanda del Norte.
Pregunté: ¿cuánta gente tiene el IRA? Y
me dijeron: 118. Yo comparaba: 60 mil en
Colombia.
¿Cuántos
asesinatos se han presentado por obra
del IRA? Y me decían: desde 1923, tres
mil 200 asesinatos. En el año 98
solamente en mi ciudad de Medellín,
cinco mil asesinatos.
En España
la preocupación ha sido por 90 – 100
personas de ETA. Nosotros 60 mil.
Con una
diferencia, que se manifiesta cuando uno
habla con los compañeros de
Centroamérica. Por ejemplo, con Joaquín
Villalobos. Les voy a decir a los
colombianos que hoy tuve un gran ascenso
en mi carrera política, porque el
Presidente Morales me dijo: “compañero”.
Me ascendió, me promovió hoy. Por
supuesto, pero el otro me gusta más,
porque el uno siempre se da y el otro no
siempre.
Y veíamos
el tema centroamericano. Joaquín
Villalobos, comandante del Farabundo
Martí, con quien he tenido la
oportunidad de departir sobre el tema
largas horas, dice: las guerrillas
centroamericanas tomaron la decisión de
negociar cuando se les acabó la
financiación externa, que no venía
propiamente de Unión Soviética ni de
Cuba. Venía de las Ong’s de Europa
Occidental.
¿En
Colombia de dónde proviene la
financiación de estos grupos, guerrillas
y paramilitares? De la coca. Las unas
tenían una financiación que se les
cerraba cerrando una llave de afuera.
Las nuestras tienen financiación con
creces del negocio del narcotráfico.
Allí hemos
tenido una gran dificultad. Sin embargo,
de esos 60 mil terroristas hemos
desmovilizado 43 mil. No han prosperado
los que han tratado de reincidir. Hoy,
por ejemplo, hay debate paramilitar en
Colombia, pero hay cesación de la
violencia paramilitar.
El
paramilitarismo allí lo crearon como una
reacción a las guerrillas, que no tenían
control de parte del Estado. Entonces
las regiones colombianas quedaron entre
el poder terrorista de la guerrilla y el
poder terrorista del paramilitarismo.
Nosotros
creo que tenemos la ley más importante
de paz en el mundo, por su exigencia de
justicia, de verdad y de reparación. El
beneficio que concede simplemente es una
sentencia reducida. Y miren las
paradojas: quienes la critican porque la
consideran blanda con el paramilitarismo,
anticipan que no será aplicable a las
Farc ni al Eln, porque las Farc y el Eln
necesitarán total amnistía, total
indulto.
Entonces
es una lucha difícil, pero tengo fe que
salimos adelante.
Quiero
contarles a ustedes dos temas: el tema
del asesinato de líderes sindicales y el
tema de la reciente liberación que el
Gobierno ha hecho de unos integrantes
del las Farc.
El tema
del asesinato de líderes sindicales. Hay
que preguntarse qué es lo que realmente
ocurre, por qué la impunidad y cuál es
el origen.
Cuando yo
llegué a la Presidencia, en ese año
inmediatamente anterior asesinaron 256
personas, sumados profesores y líderes
sindicales.
Desde la
hora cero del Gobierno empezamos una
protección eficaz. Nuestra política de
Seguridad es democrática. Cuando
reivindicamos el calificativo de
democrática para esa política, es porque
hemos hecho todo el esfuerzo para
distinguirla en la práctica de la
doctrina de la Seguridad Nacional, de
ingrata recordación.
Logramos
años tras año un descenso de ese
asesinato. En el año 2005 se presentaron
25 casos. En el año 2006 se recrudeció,
se subió a 60, porque además de la lucha
tradicional entre guerrilla y
paramilitares, empezaron las dos
guerrillas a matarse entre sí: Las Farc
y el Eln. Entonces llegaban las Farc a
un hospital de Arauca: “Este líder
sindical es del Eln”. Y lo matan. Y
llegaba el Eln a una escuela del Cauca:
“Este líder sindical es de las Farc”. Lo
asesinan.
Este año
nos han asesinado dos líderes
sindicales. El uno del sindicato de
prisiones. La justicia hasta ahora ha
dicho que no hay evidencia que muestre
relación de su actividad sindical con el
asesinato. Y el otro, el 3 de mayo,
estaba integrado en un grupo de las Farc,
armado en un grupo de las Farc, se
enfrentaron al Ejército y el Ejército
dio de baja a varios integrantes de las
Farc en esa acción y murió una persona
afiliada a un sindicato el norte del
país.
Y nos han
asesinado en las diferentes zonas
rurales de Colombia nueve profesores.
Nosotros no estamos contentos. Nosotros
quisiéramos poder decirle a la Comunidad
Andina, al mundo: ya hay cero asesinatos
de líderes sindicales en Colombia. Pero
hay que preguntarse de dónde venimos.
Estamos
hoy protegiendo eficazmente, protección
individual, a seis mil personas en
Colombia, con protección individual. Eso
nos cuesta 40 millones de dólares este
año. Y de ellos hay 1.500 que son
líderes sindicales.
¿Qué ha
pasado con la impunidad? Yo he dicho en
todos los foros nacionales e
internacionales que Colombia es un país
de 42 millones de habitantes. Las
estadísticas hablaban de 28 – 30 mil
asesinatos al año antes de nuestro
Gobierno. Con las fosas encontradas de
asesinatos de los años 98 – 2000, eso
indica que hubo años de 35 mil
asesinatos.
Inglaterra, con 60 millones de
habitantes, tiene 200 homicidios al año.
No hay justicia en el mundo, con 35 mil
asesinatos en un país de 42 millones de
habitantes, que derrote la impunidad.
Sin
embargo, hemos hecho todos los
esfuerzos: reformamos la Constitución,
introdujimos el sistema penal
acusatorio, la oralidad, estamos
reforzando la justicia en medio de
nuestras limitaciones fiscales. Ya este
año se han presentado las primeras 37
sentencias que han condenado a 59
personas responsables de asesinatos de
líderes sindicales.
Una de las
discusiones que hay es que empresarios
colombianos o extranjeros residentes en
Colombia han asesinado líderes
sindicales. Yo he dicho: si la justicia
de Colombia o de otro país concluye eso,
el Gobierno de Colombia será el primero
en estar al lado de la justicia.
Como
observador de la vida colombiana, creo
que los empresarios no han asesinado a
los trabajadores, ni los trabajadores
han secuestrado a los empresarios. Ese
ha sido un problema de guerrillas y
paramilitares. Y de descuido estatal.
Las
guerrillas marxistas en Colombia, y era
yo estudiante universitario, aplicaron
el principio de la combinación de las
diferentes formas de lucha: asesine y
penetre el movimiento estudiantil,
secuestre y penetre el movimiento
obrero.
Llegaron
los paramilitares e hicieron lo mismo.
¿Entonces qué pasó? Los paramilitares
asesinaban a un líder sindical
acusándolo de ser colaborador de la
guerrilla. Y la guerrilla asesinaba a
otro acusándolo de ser colaborador de
los paramilitares.
Nosotros
reconocemos todo ese problema. Si
ustedes recuerdan, algunos países de
América Latina superaron el terrorismo
cerrando las libertades, eliminando el
disenso, validando dictaduras, evitando
la crítica y la supervisión
internacional. Nosotros somos un caso en
el cual estamos superando esta agresión
terrorista, abiertos al mundo. Cualquier
Ong que quiera llegar a Colombia a
criticar al Gobierno de Colombia no
necesita ni pedir visa. Tiene toda la
libertad.
Nosotros
lo que hemos hecho en esta lucha contra
el terrorismo es proteger las
libertades. Por eso he dicho a los
Estados Unidos, a la Unión Europea: hay
que pensar en este momento de Colombia,
cuando está superando estas
dificultades. En Colombia nadie se
atrevía a dar una declaración contra la
guerrilla o los paramilitares, por
miedo. Ahora todo el mundo declara,
porque siente que el Gobierno lo
protege.
Entonces
hay tres integrantes del Congreso de la
República en la cárcel. Nunca se
investigó la relación de la política con
la guerrilla. Hoy nuestro Gobierno ha
exigido que los paramilitares que se
sometan a la Ley de Justicia y Paz para
obtener el beneficio, tienen que decir
la verdad de quiénes los apoyaron desde
la política o desde la empresa privada,
etcétera. Y ojalá eso se dé en el futuro
en las negociaciones con la guerrilla,
que algún día llegarán.
¿Por qué
el Gobierno ha liberado 150 integrantes
de las Farc y a Rodrigo Granda?
Permítanme abusar del tiempo de ustedes,
pero a mí me parece muy importante, hoy
que Colombia vuelve a asumir la
Presidencia pro témpore de la Comunidad
Andina, contarles esto. Y se los cuento,
apreciados Presidentes y delegaciones y
señor ex Presidente Borja, de la manera
más cándida.
Cuando el
autor norteamericano de origen asiático
que escribió “El Castro que yo conocí”,
visitó a Cuba y le preguntó al
Presidente Castro. Le dijo: “Yo tengo la
idea de escribir una biografía sobre
usted”. El Presidente Castro le dijo:
“Tú eres del imperialismo, tú no eres
capaz de tratarme con objetividad”. Y el
autor le contestó: “Yo no le prometo
objetividad total, pero sí la menor
subjetividad”.
Yo he
querido contarles hoy esta realidad
colombiana a ustedes, con todo aprecio
–ustedes son los hermanos, ustedes en
alguna forma la sufren–, con la mejor
subjetividad.
Nosotros
encontramos secuestrada a la doctora
Ingrid Betancourt, que también tiene
nacionalidad francesa. Como candidato a
la Presidencia, yo tuve una posición muy
estricta, que la fui ablandando en aras
de un acuerdo humanitario.
El año
pasado llegamos a aceptar a dos
delegados europeos la propuesta de tener
una zona de encuentro de 200 kilómetros
con las Farc. Enormemente riesgosa, pero
en un gesto humanitario la aceptamos.
Las Farc mintieron. La Unión Europea nos
dijo a nosotros: “Le hicimos esa
propuesta al Gobierno y a las Farc”.
Primero las Farc dijeron que no se la
habían hecho. Después dijo que no la
aceptaba.
Lo que yo
no puedo aceptar allá es la
desmilitarización que exige las Farc. El
país vivió desmilitarizado y esos vacíos
los llenaron guerrilla y paramilitares.
En Colombia se habla de una zona
desmilitarizada y corren los grupos
terroristas a refugiarse allí.
El
Presidente Clinton decía el pasado
viernes en Nueva York que al examinar el
contexto colombiano, saber dónde está el
país y de dónde viene, que el conoció en
el 2000 una Colombia en la cual el 30
por ciento de los habitantes tenía que
vivir sin Estado –un país de 43 millones
de habitantes–, directamente presionados
por dos Estados terroristas en ascenso:
guerrillas y paramilitares.
Eso lo
hemos recuperado mucho. Yo temería que
una zona desmilitarizada sea un
retroceso. Tampoco puedo aceptar que un
país que ha desmovilizado 43 mil de los
60 mil terroristas, haga un acuerdo con
las Farc donde le permita que salgan de
la cárcel unos integrantes de las Farc
para que se reintegren a delinquir, a
secuestrar y a asesinar.
Yo he
dicho: con mucho gusto, yo libero gente
de la cárcel, pero con el compromiso de
que no vuelvan al asesinato, no vuelvan
al secuestro.
Entonces
eso no ha funcionado. Esfuerzos de todo
el mundo: dos delegados europeos
permanentes, muchos ciudadanos
colombianos, etcétera.
Ahora tomé
la decisión unilateral de liberar 150
personas de las Farc, como un gesto
humanitario en busca de que liberen a
nuestros secuestrados. Recibí una
llamada del Presidente Sarkozy de
Francia, al día después de su elección,
y me dijo: “¿Es cierto que usted va a
hacer esto?”. Y le dije: “Sí,
Presidente, como un gesto humanitario”.
A la semana me llamó y me dijo: “Por qué
no me ayuda, por qué no libera a Rodrigo
Granda”. Yo no le hice mayores
preguntas. Preferí la confianza que la
curiosidad. Y le dije: “Yo voy a mirar
cómo lo puedo liberar”.
Tengo
además que comentarle al Presidente
Paraguayo, porque él ha estado allí en
un principio de investigación por una
supuesta vinculación de las Farc al
secuestro y posterior asesinato de la
señora Cubas en Paraguay.
Bueno, le
pedí al presidente Sarkozy, le dije:
“Bueno, usted nos tiene que ayudar no
solamente a liberar a Ingrid Betancourt,
sino a liberar a los otros colombianos y
a los tres norteamericanos”.
Las
personas que han logrado evadir ese
secuestro, uno de ellos el señor
Canciller, más de seis años secuestrado,
y otra persona que hace poco se fugó del
secuestrado, un subintendente de Policía
con ocho años y medio secuestrado, el
testimonio de él es que han sufrido
tortura, hambre, encadenamiento. Que un
niñito que nació allí, su madre es Clara
Rojas, secuestrada, lo separaron de su
mamá desde los primeros meses después
del nacimiento.
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