Palabras del Asesor Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Dr. Alfredo Fuentes Hernández, en la Inauguración del Primer Encuentro de Magistrados de las Cortes Supremas de los Países de la Comunidad Andina y del Mercosur, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur

12 de octubre de 2005
Arequipa, Perú

Es muy grato participar en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en esta inauguración del Seminario “La Cooperación de los Órganos Jurisdiccionales Nacionales y los Tribunales Comunitarios en el Derecho de la Competencia”, organizado por la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Proyecto de Cooperación Unión Europea – Comunidad Andina para la armonización de las reglas de competencia, y la Secretaría General

Sabemos que estos días serán de intenso intercambio de experiencias y conocimiento mutuo que aportarán a una mayor integración de los esfuerzos de los órganos jurisdiccionales nacionales y regionales en la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario. Estos esfuerzos contribuyen a conformar ese ambiente de confianza que resulta indispensable para concretar las inversiones e intercambios que consoliden el proceso integrador, la seguridad jurídica de las empresas pequeñas y medianas que operan en el espacio común y el desarrollo social de nuestros pueblos.

En este marco, cabe destacar que el proceso andino de integración ha registrado avances muy importantes en la institucionalización y establecimiento de reglas que proporcionan seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales. Resalta el papel del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la tutela de la legalidad de los actos comunitarios, en la interpretación prejudicial y en el control del cumplimiento de las normas adoptadas por los órganos decisorios del proceso. Asimismo, se destaca el papel de la Secretaría General en los procedimientos prejudiciales que administra, resolviendo gran parte de los casos que ha recibido con un enfoque de vigilancia estricta y prevención de conflictos para garantizar que se cumplan las normas de nuestro ordenamiento jurídico.

La Secretaría General, en cumplimiento de su labor de velar por el cumplimiento de compromisos, realiza y difunde permanentemente el estado de las obligaciones de los Países Miembros, mediante la elaboración de un inventario de cumplimiento de la normativa comunitaria, que incluye restricciones y gravámenes, procesos en trámite, así como dictámenes y sentencias. Es necesario recordar que la Secretaría General, en fase prejudicial, se encarga de tramitar y decidir inicialmente sobre los reclamos que surjan sobre la indebida aplicación del ordenamiento jurídico comunitario, y de calificar como restricción o gravamen alguna medida o conducta de un País Miembro que sea contraria al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

Conviene ilustrar con algunas cifras el nivel de eficacia del sistema andino de solución de controversias. Históricamente, desde el año 1995 hasta septiembre del 2005, los casos sobre incumplimientos del Ordenamiento Jurídico Andino suman ciento ochenta y cinco (185), de los cuales ciento cincuenta y cuatro (154), el 83%, han sido totalmente subsanados. Durante ese período de los 154 casos que quedaron subsanados, ciento tres (103), es decir el 67%, fueron resueltos sin necesidad de que el asunto fuera sometido a la consideración del Tribunal. Estas son cifras alentadoras e ilustran la efectiva operatividad y complementariedad entre la Secretaría y el Tribunal.

Por otro lado, la Secretaría General viene adelantando diversas iniciativas con el propósito de prevenir y superar los incumplimientos, así como perfeccionar el sistema andino de solución de controversias. Este sistema, como sabemos, no es solamente una exigencia de justicia comunitaria, sino que también contribuye a la consolidación de las instituciones judiciales de nuestras democracias y a la vigencia de las libertades consagradas en el mercado subregional.

Al respecto, se ubicará este mes en nuestra página Web un “Portal de Procedimientos y Solución de Controversias de la Comunidad Andina” mediante el cual se difundirán las competencias de la Secretaría General y el Tribunal de Justicia en materia de procedimientos administrativos y solución de controversias; y se asegurará el acceso al público de las resoluciones, dictámenes, autos y sentencias relativos a la administración de procedimientos y controversias, así como los procedimientos en trámite, pendientes de cumplimiento y archivados.

También desde mayo de este año la Secretaría inició acciones de colaboración con los Países Miembros a fin de contribuir a la superación de los incumplimientos. Funcionarios de la Secretaría General viajan a las capitales y sostienen reuniones de trabajo con las autoridades competentes para asistirlas en la identificación de los casos pendientes de cumplimiento, así como en el desarrollo de medidas para superarlos.

Adicionalmente, en desarrollo de la labor encomendada en el XV y XVI Consejo Presidencial Andino, en el sentido de “perfeccionar y fortalecer el sistema andino de solución de controversias” se encargó a la Secretaría General convocar a un Grupo Ad-Hoc de expertos gubernamentales de los Países Miembros para el Perfeccionamiento del Sistema Andino de Solución de Controversias, el cual se ha reunido en cuatro oportunidades a lo largo del año. Este Grupo siempre ha estado acompañado de la valiosa participación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Como resultado del trabajo del referido grupo de expertos, se logró consenso para ajustar las reglas de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, mediante la aprobación de la Decisión 623 por parte del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, el 16 de julio pasado. Dicha Decisión representa avances significativos en transparencia, tiempos procesales, derecho de defensa y papel facilitador y mediador de la Secretaría General.

Respecto al Estatuto del Tribunal de Justicia (Decisión 500), los consensos han sido importantes. Sin embargo, existen algunos puntos de discenso que se acordó elevar a consideración de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de que ésta los examine y lleve una propuesta de consenso al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, órgano al que le corresponde aprobar las reformas del Estatuto.

Quiero finalmente destacar que este Primer Encuentro de Magistrados de las Altas Cortes de la Comunidad Andina y del Mercosur, y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, será una extraordinaria oportunidad de profundizar nuestros conocimientos comparados sobre el derecho de la competencia de la Unión Europea, del Mercosur y de la Comunidad Andina, así como de identificar puntos de convergencia en esta importante materia y en los asuntos de propiedad intelectual.

Esta reunión resulta así muy significativa en el contexto del mandato de nuestros Presidentes de avanzar en una gradual convergencia que nos permita hacer de la Comunidad Sudamericana de Naciones, una realidad.

Les deseo el mayor de los éxitos en este primer encuentro de acercamiento y reflexión sobre la situación y el futuro de nuestra integración.

Muchas gracias