Lima, 27 de setiembre de 2002

Debo agradecer a la organización Transparencia y a los auspiciadores de este Foro el que hayan escogido a la sede de la Comunidad Andina para su ceremonia de clausura. Con su gesto, han querido reconocer que el proceso de integración regional no sólo se da en un contexto democrático, sino que se afirma en él. No podemos imaginar la integración andina sin la vigencia de la democracia y del estado del derecho.

El tema, por lo demás, me es personalmente muy cercano. Como Canciller de Colombia apoyé activamente la iniciativa de Javier Pérez de Cuellar. Instruimos a nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, Humberto de la Calle, a que promoviera un consenso interamericano para adoptar definitivamente esta Carta Democrática. Recuerdo las Sesiones del Consejo Permanente de la OEA, del Grupo de Trabajo que presidió Colombia, las difíciles sesiones en la Asamblea de Costa Rica, y finalmente su aprobación en el fatídico 11 de septiembre.

A partir de ese día, casi han desaparecido las distinciones y fronteras en que reposaba nuestra visión del mundo. Hasta hace poco, ningún país se habría imaginado que su seguridad interna debía resolverse en los lugares más recónditos del planeta.

Pero los atentados de septiembre han tendido varias trampas. Una de ellas es la de pensar que los fundamentos de la civilización moderna y de la economía global se pueden desestabilizar ante la creencia colectiva de la amenaza terrorista. Si esa es la percepción, todos quedaríamos incapacitados para actuar.

También es una trampa aquella que busca provocar una dicotomía entre las demandas por seguridad y el disfrute de la democracia y las libertades. Uno de los mayores desafíos será lograr que las acciones a favor de la seguridad no pongan en peligro las libertades individuales y los derechos fundamentales. Los medios para enfrentar la barbarie deben ser consecuentes con los principios en que se fundamentan nuestras instituciones y nuestras relaciones como Estados civilizados. En ello reside el fundamento ético que nos separa de los agresores, nos aleja del terrorismo de Estado y propicia la posibilidad de aprender a vivir juntos.

En 1998 se firma en Bogotá, justamente en la Toma de Posesión del Presidente Pastrana, una Declaración de Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia y en 1999, sobre la base de dicha Declaración, se elabora y suscribe el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, por el cual se incorpora una suerte de Cláusula Democrática a nuestro ordenamiento jurídico. Estos son nuestros antecedentes más recientes.

En 1979, los Cancilleres Andinos empiezan a reunirse y crean un mecanismo informal que más tarde se convertiría en el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Con él, inician un rico proceso de concertación política cuyas más notables actividades tuvieron que ver justamente con la recuperación de la democracia. Tomaron, por ejemplo, la iniciativa en el seno de la OEA que permitió la liquidación de la dictadura somocista y el tránsito a la democracia en Nicaragua. También ese año, actuaron exitosamente para frustrar el golpe de estado en Bolivia, propiciando un aislamiento internacional, pauta seguida por otros países de la región y extraregionales .

Un año después, los Presidentes andinos suscribieron la Carta de Conducta de Riobamba, que estableció como objetivo del proceso “procurar un ordenamiento político subregional y generar una democracia de extracción popular y definido carácter participativo”, así como el “compromiso solemne de que el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales constituyen norma fundamental de conducta interna de los Estados del Grupo Andino”.

En 1989, a partir de la participación activa de nuestros Jefes de Estado, el vínculo entre integración, democracia y respeto a los derechos humanos se instaló nuevamente en nuestra agenda, hasta convertirlo en un instrumento de carácter obligatorio que supedita la participación y membresía a la Comunidad Andina a la prevalecía del estado de derecho.

Quizás sería pertinente preguntarse el por qué de estos reiterados compromisos internacionales para defender la democracia y proteger los derechos humanos. La primera respuesta es que América Latina, y en nuestro caso la Comunidad Andina, son tributarias, por la ideología con que nacen a la vida independiente, de la revolución francesa y de la revolución de la independencia americana. Ambas consagran el traslado de la soberanía al pueblo y, por consiguiente el Estado debe garantizar los derechos de éste.

La segunda razón, tiene que ver con la debilidad institucional de nuestras sociedades, que ha permitido una y otra vez que florezcan fuerzas antidemocráticas a su interior. Necesidades apremiantes de nuestros pueblos han suscitado el falso dilema entre democracia y eficiencia y muchas veces eso ha llevado a la aclamación de caudillos autodesignados heraldos de un orden de paz y prosperidad. El fracaso de todos los tránsitos autoritarios no ha impedido sin embargo que, como suerte de patología social, se repitieran estas experiencias. Frente a ello, los gobiernos democráticos, con criterio de prevención, han imaginado y creado estos instrumentos en la convicción que serán disuasivos frente a los intentos de fractura democrática o de consolidación de dictaduras.

Nada más claro que ciertos valores de carácter universal son asumidos en esa condición, superando conceptos anquilosados como el de la no intervención, que en el pasado sirvió de refugio a la impunidad de los autócratas. Hoy es claro que no hay recursos en el que puedan ampararse las dictaduras. Pero quizás más importante que las medidas que se puedan tomar frente a casos de ruptura de democracia, sean el poder de desarrollar mecanismos eficaces que puedan prevenir estas situaciones.

Cuando se habla de mecanismos, hay que imaginar no sólo aquellos de carácter financiero o asistencial, sino aquellas iniciativas que puedan tomarse en el contexto de una crisis que amenaza el sistema democrático.

La Comunidad Andina debe rescatar su primigenia vocación política, que era justamente la de actuar conjuntamente a fin de asegurar la transición democrática o preservar los regímenes de derecho. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ha demostrado capacidad para llevar adelante una diplomacia comunitaria, pero estoy seguro que podría enriquecer su agenda y su presencia internacional si asume iniciativas dirigidas a fortalecer la vida democrática en la región.

Y en esto es importante destacar los dos niveles en que tenemos que actuar. El primero es el de los grandes principios y valores que nos son comunes y que deseamos preservar. El segundo es el de las realidades sociales de cada uno de nuestros países. No puede haber dicotomía ni contradicción entre ambos. Por el contrario, el gran reto es aceptar y defender la propia identidad al mismo tiempo que se asume y defiende los grandes valores universales.

Estos valores son aquellos que fomentan la paz, que permiten la convivencia pacífica, que afirman la tolerancia y que aseguran la legitimidad de los gobiernos. A partir de ello, es posible imaginar un horizonte sin violencia y con desarrollo. Como bien lo recuerda Norberto Bobbio, no han existido grandes guerras entre democracias y éstas han permitido las grandes y silenciosas revoluciones de los últimos dos siglos.

Ha sido el ejercicio permanente de la democracia el que ha llevado progreso y calidad de vida a las sociedades. Y contrariamente, ha sido la tentación autocrática recurrente la que ha empobrecido a las sociedades. Por ello es importante asegurar, como dice este autor, que el método democrático se vuelve una costumbre y pueda durar en el tiempo.

Ello es una responsabilidad nuestra, que exige un compromiso sostenido y profundo, que no podemos transferir a nadie.

De allí que no debiéramos aceptar el argumento de que la globalización nos trae aparejada la democratización de las sociedades. Lo que ha traído la globalización es una conciencia muy clara de los derechos civiles, de la democracia como forma de gobierno que protege esos derechos, y la presencia de nuevos actores en la escena internacional orientando su actividad ahí donde la democracia y el estado de derecho estén amenazados o definitivamente no tengan vigencia.

Detrás de esas percepciones se encuentran igualmente los interrogantes sobre la globalización, las preguntas alrededor de sus desbalances y asimetrías. Las interpretaciones sobre los contrastes que está generando ese proceso.

Uno de esos contrastes se observa en la desregulación de ciertos sectores como el comercial y financiero, frente a la tendencia a crear un sistema político de gobernabilidad global. Este sistema, a su turno, genera tensiones a los Estados y su soberanía, como instancia necesaria para la construcción de la democracia, la consolidación de la identidad nacional y la protección de los ciudadanos. Un reto clave reside, pues, en la concepción y el papel del Estado en un escenario en el que soplan los vientos de la globalización.

Existen, por otra parte, fuerzas transnacionales descontroladas que, aprovechando la ausencia de reglas, se han convertido en un factor desestabilizador de la globalización y, por supuesto, de Nuestras Democracias. Se hace necesario por lo tanto dar una dimensión internacional a la justicia, fortalecerla, para doblegar los factores de criminalidad que, como en el caso del terrorismo, han generado profundos efectos perturbadores. El crimen internacional se ha incubado en la desregulación de la globalización y el debilitamiento de los Estados.

Paradójicamente estas fuerzas radicalizadas realizan sus tenebrosos actos apoyándose en el proceso de la globalización. Operan sin tener en cuenta las fronteras o la nacionalidad de las víctimas y están utilizando sofisticadas redes mundiales financieras, técnicas y de inteligencia.

Una de sus manifestaciones más preocupantes, es su vínculo con el contrabando de armas, el problema mundial de las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico de materiales nucleares, químicos y biológicos.

Igualmente, la realidad internacional de hoy es que también nos encontramos con organizaciones no estatales que son capaces de articularse internacionalmente y por consiguiente, de tener una capacidad de influencia importante en la toma de decisiones. Pero su misión no puede ser exclusivamente proponer consensos, su obligación es pactar, para permitir que las soluciones se desarrollen en beneficio de la consolidación democrática.

Por ello he reclamado regular la globalización para que sea gobernable, y aplicar el principio de la responsabilidad compartida para combatir con éxito estos fenómenos que tienen alcance mundial. Será por lo mismo necesario estudiar con urgencia las características de esta era que ha comenzado, cuando concluyó la transición de la postguerra fría, y se ha iniciado uno de los riesgos insospechados, aún sin reglas ni controles, que podríamos definir aventuradamente como “la paz fría”. Este es el siglo XXI que empezamos a recorrer y que dista mucho de los siglos anteriores.

Señor Presidente, señoras y señores, debo confesar con tristeza que nuestro proceso de integración adolece de un déficit democrático. Ha sido y sigue siendo tarea y responsabilidad casi exclusivamente de nuestros gobiernos. La participación ciudadana ha estado limitada a una contribución restringida de grupos empresariales y de grupos laborales. Sorprende por eso que el ideal de la integración aliente todavía en los ciudadanos andinos. Ellos creen en el ideal bolivariano como camino de paz y de desarrollo de nuestros pueblos. Nos corresponde a nosotros satisfacer ese ideal asegurando que los beneficios que se deriven de nuestros afanes integracionistas alcancen a los ciudadanos andinos.

Pero mayor reto aún, es el buscar mecanismos para una participación plural y democrática de la sociedad civil organizada en nuestro proceso de integración. Debemos esforzarnos por sumar a la conciencia nacional de nuestros pueblos la conciencia de pertenencia a una comunidad mayor. Una conciencia comunitaria que enriquezca la conciencia nacional. En esa perspectiva, la pertenencia andina debe significar el goce de un espacio libre de fronteras y trabas, la identidad de una cultura común y el ejercicio de una democracia plena y compartida por todos.

Muchas gracias.