Nos congrega hoy en esta ilustre ciudad, emblemática de los sueños libertarios de América, la conmemoración de un nuevo hito histórico del Proyecto Andino de Integración que fue desde sus orígenes, ha sido en los últimos treinta años y debe continuar siendo fuerza motora del gran emprendimiento para la unidad económica y política del continente suramericano y de América Latina toda.

A partir de unos nexos ricos por la tradición histórica y por la pertenencia común a la estirpe bolivariana, pero prácticamente inexistentes en lo económico y comercial, el Acuerdo de Cartagena nació como un acto de la más genuina voluntad política, con visión de desarrollo integral y de solidaridad activa que mantiene intacta su vigencia.

Desde un principio los avances en materia comercial fueron modestos y sujetos a grandes oscilaciones. No obstante se hicieron progresos verdaderamente notables y, a veces, anticipados en el plano de las instituciones. Gracias a ello, la Comunidad Andina cuenta hoy con un sólido marco normativo y un elaborado sistema de solución de controversias que tiene como instancia última al Tribunal Andino de Justicia. Esto brinda confianza y seguridad jurídica en la aplicación de las reglas de juego que los propios países le han dado al proceso de integración.

En sintonía con los vientos de reforma estructural que recorrieron a América Latina desde finales del decenio pasado y que condujeron a casi todos los países de la región a adoptar profundos y acelerados procesos de apertura internacional, el entonces Grupo Andino se aprestó sin reticencias a hacer el tránsito pertinente hacia nuevas formas de regionalismo: un regionalismo abierto a la economía internacional, en mayor consonancia con el mercado y con creciente participación de los actores y de la sociedad civil en la construcción del Proceso Andino de Integración.

Estos lineamientos encontraron su expresión política, jurídica y económica en el Protocolo de Trujillo de 1996, que significó sin duda alguna un salto cualitativo en la evolución de la integración andina. En efecto, este instrumento pone a tono los mecanismos comerciales del proceso con las nuevas realidades internacionales. Engloba los órganos, instituciones y convenios en un sistema coherente y lo que es más significativo señala la inequívoca voluntad política de constituir una verdadera Comunidad de Naciones.

Durante el decenio que termina, la actual Comunidad Andina se convirtió en una tangible realidad económica y comercial, cuyo dinamismo superó con creces el de los intercambios con terceros y comenzó a tejer vínculos relevantes en el plano de las inversiones.

En 1997 el comercio intra-subregional, alcanzó su cifra más alta, con 5 600 millones de dólares, cuatro veces y media más que a comienzos de la década. Esto, con la particularidad de que las manufacturas representan cerca de 80 por ciento de dichos intercambios.

Estos auspiciosos desarrollos están experimentando actualmente como ya ha ocurrido en el pasado perturbaciones originadas en el entorno internacional y muy particularmente por los excesos de la globalización financiera.

Hemos llegado de esta manera a un punto crucial de la integración que exige un golpe de timón para emprender una nueva etapa. Si queremos alcanzar niveles superiores de integración económica social y política tenemos que profundizar en el desarrollo y evolución de las instituciones comunitarias, a fin de atender las crecientes y variadas exigencias de un proceso que es de naturaleza integral.

Habiendo realizado ya lo sustancial del desmonte arancelario, el comercio intrandino no podrá seguir creciendo significativamente, si no se apuntala con un decidido esfuerzo de armonización y coordinación de políticas macroeconómicas, que salga, además, al paso de las ondas desestabilizadoras que provienen de la economía internacional.

En buena hora los Ministros de Economía han asumido con determinación el desafío, de alcanzar la estabilidad económica de nuestros países y propiciar las convergencias macroeconómicas necesarias para la conformación de un sólido mercado común en el año 2005. En todas estas materias la CAF y el FLAR están llamados a hacer una contribución fundamental.

La nueva etapa de nuestra integración deberá también contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las estructuras productivas mediante el aprovechamiento de las sinergías existentes entre las producciones de los diferentes países.

La puesta en marcha de la política exterior común andina supone el desarrollo de una visión compartida de nuestras relaciones externas. Ella se nutre, en buena parte, de las experiencias de coordinación y de acción conjunta en nuestras negociaciones con MERCOSUR y en el marco del ALCA. También deberá favorecer la ampliación de nuestros vínculos con otros países y subregiones latinoamericanas, así como la profundización de las relaciones con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Igualmente será sin duda más eficaz nuestra acción en los foros internacionales y en los organismos multilaterales.

La agenda social es la nueva dimensión de la solidaridad andina. Ella deberá por un lado, promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de nuestra identidad. Por el otro, combatir la pobreza extrema mediante la creación de empleo, el impulso decidido de la educación y la acción directa para el desarrollo de las zonas deprimidas, con especial atención a las regiones fronterizas.

De cara al futuro es necesario asumir el reto de la modernidad. Si en el pasado llegamos tarde a la revolución industrial no podemos ahora perder el tren de la revolución del conocimiento y de la sociedad de la información.

Señores Presidentes: