He recibido el honroso encargo de participar en este III Coloquio Portuario Andino y en atención a ello les alcanzo algunos conceptos y reflexiones acerca del proceso de concesiones portuarias en el Perú.

Felicito a la Secretaría General de la Comunidad Andina así como al Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático y a la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA por la organización de este Evento, que permite reunir a ilustres visitantes e intercambiar experiencias en diversos temas de interés y actualidad portuarios.

En América Latina, aunque con diferencias, las razones para la privatización incluyeron además, de la necesidad de reducir el impacto sobre las finanzas públicas debido a los déficit de las empresas de servicios públicos, la presión política de la sociedad por la baja calidad y deficiente cobertura de los servicios y la necesidad de generar recursos a través de las privatizaciones para financiar los programas de estabilización económica o de satisfacer necesidades sociales. En esta región, la presunción de la mayor eficiencia en la prestación del servicio por parte del sector privado ha sido uno de los principales alicientes. Adicionalmente, en algunos países, especialmente en los que han pasado por una primera etapa de privatizaciones, han surgido otras razones para continuar con la incorporación del sector privado; entre otras, la creación de oportunidades de inversión, la atracción de capitales y tecnología del exterior y el desarrollo de los mercados de capitales.

En el caso del Perú durante las décadas de 1960 y 1970 se implementó el modelo del Estado como gestor del desarrollo económico. Siguiendo este modelo, el Estado asumió la gestión de los principales sectores productivos del país; la que se manejó con criterios políticos antes que económicos o empresariales. El resultado fue el sobredimensionamiento de las empresas públicas, el incremento del déficit fiscal –con las consiguientes presiones inflacionarias-, la pérdida de eficiencia además del deficiente servicio que la mayoría prestaba a los usuarios amén del importante incremento de la deuda externa.

Aunque todo lo anterior podría ser coyunturalmente resuelto, la naturaleza de las empresas públicas implica lentitud y por lo general ineficiencia en el proceso de toma de decisiones. Ante un entorno cada vez más dinámico y competitivo que exige tomar decisiones en forma inmediata, las empresas públicas están en desventaja y se tornan poco viables, siendo condenadas a un paulatino deterioro o a su inevitable desaparición de no ser insertadas en el sector productivo a través de inversiones que el Estado no puede realizar.

El Gobierno peruano emprendió en agosto de 1990 un programa de reformas estructurales orientado a transformar el rol del Estado en la economía y a sentar las bases para un desarrollo integral y sostenido del país. Los objetivos sobre los que se ha venido trabajando son : estabilización económica, reinserción en la comunidad financiera internacional, apertura hacia un sistema de mercado libre y competitivo, fomento de la inversión extranjera y búsqueda de competitividad en el comercio internacional.

Las reformas no son sólo económicas sino también institucionales y políticas. Estas apuntan a una transformación integral para convertir al Perú en un país viable, dinámico y próspero, capaz de proporcionar bienestar a todos sus habitantes.

La privatización es un componente esencial del programa de reformas estructurales y modernización de la economía. No constituye para el Gobierno la tardía imitación de una moda internacional. Tampoco significa un intento por debilitar al Estado ni una simple venta o transferencia de empresas o activos. La privatización constituye una útil herramienta a través de la cual el Estado traslada al sector privado la iniciativa productiva y empresarial, mientras pasa a fortalecerse y tornarse eficiente en aquellas áreas en las que debe estar y donde fue perdiendo presencia en las últimas décadas: educación, salud, seguridad y administración de justicia. Paralelamente, el Estado debe adoptar un rol regulador para el buen funcionamiento del mercado. En esta redefinición de roles, lo público se fortalece y se aproxima a la sociedad, mientras lo privado se convierte en motor del desarrollo económico. Los sectores público y privado no adoptan un papel antagónico o excluyente, sino complementario. En un contexto que demanda flexibilidad y visión de futuro, los esquemas ideologizados pierden vigencia y el pragmatismo – dentro de un horizonte que pretende superar la pobreza extrema, pacificar al país y desarrollar una economía sana y competitiva – se impone como actitud decisiva para la toma de decisiones.

La UNCTAD ha señalado que definir el concepto de privatización representó para ellos una tarea compleja. Sin embargo la definen como "la transferencia de la propiedad de los activos del sector público al sector privado o la utilización de capital privado para financiar las inversiones en instalaciones, equipos y sistemas".

Un país emprende un proceso de privatización por diferentes razones y con distintos objetivos : saneamiento fiscal al transferir empresas deficitarias, desarrollo del mercado de capitales, redefinición del rol del Estado en la economía, entre otros.

En el caso peruano, el Gobierno ha definido el papel del Estado en la economía. En este sentido, el programa de privatización es un elemento importante dentro de un conjunto más amplío de reformas que el Gobierno ha emprendido. El proceso de privatización de empresas del Estado no es considerado como un fin en sí mismo sino como un medio imprescindible para reasignar los roles de éste y del sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios.

La privatización de las empresas del Estado contribuirá a reestructurar la relación existente entre los sectores público y privado y a elevar la eficiencia, ya que permitirá que el libre mercado y la competencia sean los que determinen la asignación de recursos y la producción de bienes y servicios. De este modo, el primer y más importante beneficio de la privatización es su labor complementaria a las otras reformas económicas aplicadas en diversos aspectos de la actividad económica y productiva para definir la participación del Estado.

El proceso de reforma del Estado –llevado a cabo en los últimos años- ha implicado la transferencia masiva al sector privado de actividades y servicios realizados hasta entonces por el sector público, empleando para dicho fin diferentes modalidades como la desregulación de ciertas actividades económicas, la privatización de empresas estatales y el otorgamiento de concesiones de obras de infraestructura pública y de servicios públicos.

La Concesión es uno de los mecanismos empleados en la actualidad para la promoción de la inversión privada en los servicios públicos. Mediante este mecanismo, el Estado delega la ejecución de la prestación de los servicios públicos en entidades privadas, asignándoles al efecto un régimen jurídico bajo el cual debe regirse dicha actuación. Sin embargo, el Estado no se limita a establecer el marco normativo para la gestión de las entidades privadas que obtengan la concesión del servicio o servicios públicos. El Estado, además del otorgamiento del marco normativo, se ocupa de controlar la gestión que desarrollen los concesionarios privados; esto es, ejerce una supervisión de la ejecución de la prestación de los servicios públicos que haya delegado en entes particulares.

Este poder de controlar a favor del Estado es un poder originario, por cuanto, aún cuando la ejecución de la prestación del servicio se otorgue en concesión a empresas privadas, el servicio prestado sigue siendo un servicio público y, en consecuencia, el Estado se mantiene como titular y garante de la prestación de los referidos servicios.

La Concesión es temporal. El que la Concesión sea un derecho de carácter temporal implica que el término de la misma está condicionado a un determinado plazo. En principio, la duración o vigencia de la Concesión debe establecerse por un período suficientemente razonable.

Las funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas – PROMCEPRI, creada especialmente para este fin, fueron posteriormente transferidas a la ya existente Comisión de la Inversión Privada – COPRI, nombrada por el Gobierno y conformada actualmente por siete Ministros de Estado.

La COPRI estudia y analiza los proyectos públicos y las iniciativas privadas con alto potencial de concesión hasta establecer una lista prioritaria considerando la demanda, la viabilidad del proyecto y la temporalidad de su ejecución en el corto, mediano y largo plazo.

La COPRI define la formación de Comités Especiales (CEPRI) para los proyectos prioritarios, encargándoles el diseño, estrategia, ejecución y entrega en concesión de los mismos.

Los Comités Especiales son autónomos dentro de los lineamientos generales fijados por la COPRI y trabajan en estrecha coordinación con la Dirección Ejecutiva para elaborar el Plan de Promoción en el cual se consigna el Diagnóstico Preliminar de la empresa y el Cronograma detallado de la privatización. Según sea el caso y dependiendo de la complejidad e importancia relativa de la empresa, se realiza posteriormente un Concurso para contratar asesores técnicos y financieros (empresas de auditoria, Bancos de Inversión, empresas especializadas de ingeniería, etc.).

Todos los procesos de selección para elegir a las empresas concesionarias se realizan mediante Licitaciones y Concursos Públicos con criterios objetivos conocidos con anticipación por los postores, a quienes se otorga las mismas oportunidades en un proceso transparente que garantiza –por cierto- la eficiencia y seguridad de las Licitaciones y Concursos Públicos.

Se realiza un proceso de precalificación de los postores para garantizar que el control de las empresas pase a manos de operadores técnicamente capaces y experimentados.

Las Concesiones entregadas están garantizadas bajo un marco y organismos reguladores creados por leyes del Congreso de la República.

Cuando nos referimos a concesiones portuarias estamos hablando de una modalidad de privatización portuaria; se trata de asegurar la inversión de capital privado para el financiamiento de las instalaciones, equipos y sistemas portuarios así como de su eficiente operación beneficiando al comercio exterior y por ende a sus usuarios con tarifas equitativas que permitan dinamizar el flujo de comercio de y hacia los puertos peruanos .

Los nuevos avances tecnológicos en materia de transporte marítimo obligan a reestructurar los puertos. Cuando un buque hace un viaje internacional, los costos portuarios representan más de la mitad de los costos de transporte y si consideramos que de ellos casi la misma proporción –con frecuencia- se podrían evitar, es obvio que debemos hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la eficiencia portuaria y eliminar los costos evitables.

El sector privado participará así en la ampliación y mejoramiento de las obras de infraestructura de los servicios públicos y en la creación de puestos de trabajo.

Como anécdota, podríamos recordar que en el caso peruano la concesión portuaria data de 1897 cuando se inaugura el Muelle Dársena del Callao concesionado a una compañía francesa por el lapso de 60 años; acuerdo contractual que no llegó a cumplirse por razones de la guerra con Chile, entre otras.

El Perú con el proceso de concesiones portuarias apuesta por contar con puertos competitivos en base al esfuerzo y estrategias de los concesionarios y operadores privados.

La Concesión de los puertos peruanos al sector privado es probablemente uno de los proyectos de largo plazo más importantes para el futuro desarrollo del país. Los puertos representan la entrada y salida de los diferentes productos que generan el comercio de exportación e importación así como el de cabotaje de un país. El ritmo de crecimiento de la economía originará una mayor demanda de servicios portuarios, tanto por el desarrollo de las capacidades exportadoras del país, como por los requerimientos de importaciones de materias primas y bienes de capital. La eficiencia en las operaciones portuarias y la capacidad de respuesta del sector a la demanda incremental afectarán directamente la competitividad de las exportaciones peruanas y la viabilidad de proyectos por desarrollar en diferentes sectores, como por ejemplo, minería y petróleo.

Desde el punto de vista estructural, el presente proceso no trata simplemente de la concesión de puertos, sino de la concesión de todo un sistema portuario al sector privado. Consciente de esta problemática, el Gobierno peruano implementa el marco regulatorio requerido para establecer la forma de funcionamiento y regulación de dicho sistema. La creación de este marco regulatorio e institucional implica la existencia de objetivos nacionales sobre el futuro del sistema. que deben ser reflejados en una política portuaria coherente y en mecanismos de promoción para la inversión privada, consistentes con el logro de tales objetivos.

El Perú inició el proceso de concesión de los puertos, liberalizando los servicios portuarios básicos de Estiba y Desestiba así como el de Practicaje y Remolcaje.

La Concesión portuaria debe llevarse a cabo de modo tal que la competencia esté absolutamente garantizada.

Un primer punto importante a considerar es que los puertos son parte de una cadena para establecer las ventajas competitivas de un país en el marco del comercio internacional.

Siendo los puertos parte de una cadena de la infraestructura exportadora/importadora , las otras partes de la cadena -particularmente las carreteras, vías férreas o aeropuertos- como parte del sistema global de acceso al mercado externo o interno, son tomadas en consideración igualmente.

El esquema elegido para las concesiones portuarias peruanas se basa principalmente en la transferencia de la operación, explotación, mantenimiento y desarrollo de los Terminales Portuarios por un período de veinte a treinta años, según sea el caso. No se transfiere la propiedad o titularidad de los puertos, la que se sigue manteniendo en poder del Estado que actúa como Concedente.

El inversionista privado -que para los efectos del Contrato de Concesión se denomina Concesionario- paga mensualmente un derecho de concesión llamado Retribución sobre los ingresos brutos que genera el Terminal Portuario concesionado así como una Tasa de Regulación conforme a ley.

El Concesionario -el que durante el proceso de la Licitación Pública se denomina Postor- debe, al adjudicarse la misma, cancelar un Pago Inicial que representa su Oferta Económica así como señalar en su Propuesta Técnica las Mejoras que se compromete a ejecutar durante el plazo de vigencia de la concesión. En el Contrato se fijan Tarifas Máximas tratando de mantener el concepto de libre competencia, siendo supervisada su ejecución por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) creado por Ley 26917.

Por tanto, el proceso de concesión de los Terminales Portuarios tiende a lograr niveles de eficiencia internacional, un desarrollo simultáneo de los puertos que asegurará la inversión necesaria en base a tarifas competitivas y la creación de nuevas fuentes de trabajo descentralizado, facilitando –en el caso de los Terminales Portuarios Regionales- el desarrollo de los corredores hidroceánicos con Bolivia y Brasil .

En 1999 el Comité Especial de Puertos por encargo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) concesionó por un plazo de treinta años el Terminal Portuario de Matarani a la empresa Terminales del Sur S.A. (TISUR), la que ha venido desde esa época administrando y operando eficientemente dicho Terminal Portuario. A la fecha estamos en la etapa final del proceso de concesión de cinco Terminales Portuarios Regionales, en este caso, Paita, Salaverry, Chimbote, General San Martín en Pisco e Ilo, los que serán concesionados por un plazo de veinte años. Fueron precalificados ocho postores, que deberán presentar próximamente sus Propuestas Técnica y Económica y luego de la respectiva evaluación y análisis se otorgará la Buena Pro, la que –estimamos- se producirá hacia el cuarto trimestre del presente año.

El proceso de privatización en el Perú, el que incluye Concesiones, continua en marcha.