Para el suscrito es un grato placer estar en Ginebra y tener la oportunidad de dirigirme a tan distinguida audiencia.

En mi charla desearía enfocar tres áreas. Primeramente me gustaría contarles acerca de la Comunidad Andina y sus avances. A continuación me referiré a nuestros esfuerzos para profundizar nuestros vínculos económicos con nuestros socios regionales. Finalmente me gustaría tratar brevemente sobre el proceso de liberalización del comercio de los servicios en la Comunidad Andina, particularmente en el sector de las telecomunicaciones.

¿Qué es la Comunidad Andina?

La Comunidad Andina es un proceso de integración político, económico y social, llevado a cabo por Bolivia, Colombia Ecuador, Perú y Venezuela y que además abarca los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

La Comunidad Andina comenzó hace treinta años con la suscripción del Acuerdo de Cartagena. Este Acuerdo creó el proceso andino de integración que sucesivamente ha sido actualizado hasta el establecimiento de la Comunidad Andina en junio de 1997.

Los cinco países miembros ocupan un área total de 4'710.000 kilómetros cuadrados, que se extiende desde la costa del Caribe hasta la costa del Pacífico, unidos por la cadena montañosa de los Andes. La región posee vastos recursos de energía, minerales, pesca y agricultura. La Comunidad Andina tiene una población de 105 millones de habitantes, con un producto interno bruto que excede los 286 mil millones de dólares. Las exportaciones al mundo el año de 1998 totalizaron 38 mil millones de dólares.

En los últimos años los países andinos establecieron un área de libre comercio que ha posibilitado un fuerte incremento de las corrientes comerciales en la subregión; de 1.3 mil millones de dólares en 1990 pasó a representar 5.6 mil millones de dólares el año de 1998, con un gran porcentaje consistente en productos manufacturados.

Este crecimiento en el comercio ha ido acompañado de un sustancial incremento de la inversión extranjera, que de 2.601 millones de dólares en 1993 pasó a representar 10.610 millones de dólares en 1998, con un significativo porcentaje de flujos de inversión entre los países miembros.

Adicionalmente tres de nuestros socios andinos han adoptado un Arancel Externo Común que esperamos sea prontamente puesto en vigencia por los otros dos países. De igual manera, los países miembros tienen legislación común en un importante número de áreas como son: propiedad intelectual, inversiones, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitárias, transporte, competencia, procedimientos aduaneros, entre otros.

Debo enfatizar que la Comunidad Andina ha logrado crear exitosamente un marco jurídico e institucional. Ese marco incluye una Secretaría General autónoma que actúa como su órgano ejecutivo; un Tribunal de Justicia; un Parlamento; dos instituciones financieras, así como los Consejos Consultivos Laboral y Empresarial que aseguran un activo papel de estos dos sectores en el proceso de integración. El sistema jurídico de la Comunidad Andina es quizás el más sofisticado de aquellos existentes entre los bloques de integración de nuestra región. La legislación andina es de obligatorio cumplimiento en los cinco países miembros y las controversias son resueltas a través de un proceso legal administrado por la Secretaría General y el Tribunal Andino de Justicia.

Desafortunadamente la Comunidad Andina no ha escapado a los efectos de la crisis económica mundial, lo que se ha manifestado en una caída del comercio intra-regional. Sin embargo de ello, en medio de estas dificultades, nuestros Jefes de Estado en su reciente cumbre del mes de mayo pasado decidieron profundizar el proyecto comunitario andino e impulsarlo hacia etapas superiores de integración política, económica, social y cultural. En esa dirección decidieron que las tareas prioritarias de la integración andina serán el establecimiento del Mercado Común para el año 2005, a través del libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas; el desarrollo de una Agenda Social; la ejecución de una Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo; la definición y ejecución de políticas de desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional.

Fortalecimiento de los lazos económicos con los socios regionales

A pesar del éxito de nuestro proceso de integración, los países miembros han reconocido la necesidad de buscar nuevos mercados más allá de la Comunidad Andina. En ese sentido nuestro proceso de integración ha emergido como un vehículo a través del cual Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela están coordinando conjuntamente formas de fortalecer los lazos económicos con nuestros socios regionales.

La Comunidad Andina está participando activamente en las negociaciones para la conformación del Area de Libre Comercio de las Américas. Debo hacer notar que en estas negociaciones los cinco países andinos participan en bloque y con vocerías únicas.

Recientemente firmamos un Acuerdo de Comercio con Brasil y esperamos muy pronto iniciar las negociaciones hacia la creación de un área de libre comercio con el Mercosur. De igual manera, la Comunidad Andina actualmente está inmersa en negociaciones con algunos países de Centroamérica y forja nuevos lazos con la Comunidad del Caribe.

Liberalización del comercio de servicios

Los servicios representan un porcentaje cada vez más significativo del Producto Interno Bruto y contribuyen a la generación de empleo en los Países Miembros de la Comunidad Andina y en el mundo.

Se estima que en 1997 más del 50 por ciento de la inversión extranjera a nivel mundial la generaron los servicios. Entre 1990 y 1997, el comercio de servicios a nivel mundial experimentó un significativo crecimiento.

Comercio de bienes creció 6% en promedio anual.

Comercio de servicios creció cerca de 8% anual.

Exportaciones de servicios crecieron en 8% anual.

Importaciones de servicios crecieron en 7% anual.

En 1997 el comercio mundial de servicios representó US$ 2,605 billones y más del 60% del PIB de los países desarrollados lo aportan los servicios.

La Comunidad Andina ha venido realizando, durante toda la década de los 90´, reconocidos esfuerzos dirigidos a lograr la liberalización de la oferta y prestación del universo de los servicios.

En este complejo proceso económico y político, que está en correspondencia con la globalización de la economía, las telecomunicaciones tienen una elevada cuota de responsabilidad, en la medida que son las que permiten reducir las distancias físicas, así como el tiempo de las transacciones económicas y de los vínculos sociales y políticos, a escala mundial.

Si bien es cierto que los avances tecnológicos han tenido una indiscutible incidencia, también ha influido notoriamente la diversificación y expansión de la inversión y del mercado de estos servicios, que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad contemporánea.

En lo que respecta a los Países Miembros de la Comunidad Andina, ellos han incursionado, con mayor o menor intensidad en los procesos de privatización de las empresas públicas y de apertura económica del sector de las telecomunicaciones. Esto ha permitido redefinir el papel de los Estados, centrando su actuación en la regulación del mercado de estos dinámicos servicios.

Para ello, se han definido las pautas jurídicas que crean las condiciones transparentes que están estimulando el crecimiento sostenido de las inversiones privadas, tanto nacionales como externas, las que están transformando a este sector de servicios en uno de los más productivos y competitivos, y de crecimiento más rápido, en las respectivas economías nacionales.

En el contexto de la Comunidad Andina, la vigencia de un Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios, "Decisión 439", a partir del cual se pueden formular las distintas normativas destinadas a liberalizar cada uno de los sectores de servicios, determina los parámetros generales lo suficientemente amplios y flexibles para asegurar que esa apertura, en el ámbito comunitario, sea transparente y atractiva como para satisfacer las expectativas comerciales de los más exigentes inversionistas y prestadores de estos servicios.

En este sentido, ya existe una norma comunitaria que regula la oferta y prestación de los servicios satelitales Decisión 395, " Marco Regulatorio para la Utilización Comercial del Recurso Orbita-Espectro de los Países Miembros con el Establecimiento, Operación y Explotación de Sistemas Satelitales por parte de Empresas Andinas", la cual acompañada por la Decisión 462, "Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina", completa el marco normativo, de visión prospectiva, de extraordinario impacto, tanto en el mercado de la Comunidad Andina como en la interconexión de los Países Miembros al resto del mundo.

Asimismo, abrirá una diversidad de posibilidades entre las que se cuenta la creación de la "Sociedad Andina de Información", la conformación, en el muy corto plazo, de la "Red Andina de Transmisión de Datos", la cual servirá para incentivar la organización de un multidimensional Banco de Proyectos al cual tendrán acceso los Estados y las Organizaciones privadas, tanto de la propia Comunidad Andina como los actores públicos y privados del contexto internacional.

Por consiguiente, la Comunidad Andina está dando un salto trascendental en lo que respecta a la consolidación de las condiciones económicas y tecnológicas en el sector de las telecomunicaciones para contribuir con:

El fortalecimiento del proceso de integración;

El establecimiento del mercado común andino;

La diversificación de los medios de comunicación entre los Países Miembros; y,

La nueva dimensión de la Comunidad Andina en el contexto internacional, al disponer de su propio sistema satelital, el "Simón Bolívar", así como un mercado abierto, sustentado en un marco normativo comunitario que asegura la estabilidad de las inversiones y facilita el funcionamiento del mercado de los servicios de telecomunicaciones dentro de todo su territorio.