Unasur, CAN y
Mercosur
Por Juan Francisco Rojas Penso
Analitica.com
30 de agosto de 2007
Entre la diversidad de temas que deberán
abordar los gobiernos para alcanzar el
consenso en torno al tratado que
institucionalizará a la Unión de
Naciones de Suramérica (UNASUR), uno de
los que concitará el interés será el del
vínculo entre la nueva organización y
sus relaciones con la Comunidad Andina
(CAN) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Asimismo, deberán analizarse
las vinculaciones con la Comunidad del
Caribe (CARICOM), de la cual son
miembros activos Guyana y Surinam.
Independientemente del juicio de valor
que nos merezcan esos procesos
subregionales de integración -CAN y
MERCOSUR- no cabe ninguna duda que en el
marco de cada de ellos se ha venido
generando un acervo integracionista que,
de ninguna manera, debería ser ignorado
a la hora de sentar las bases sobre las
cuales se construirá la unidad
suramericana. No obstante las
dificultades que han enfrentado, y
enfrentan, ambos esquemas
integracionistas, es conveniente
destacar que el mencionado acervo
generado en cada uno de sus respectivos
ámbitos no solo se enmarca en la materia
comercial, sino que han trascendido
hacia los campos político y, en menor
medida, el social, lo cual deberá ser
rescatado de todo ese océano de
desencuentros que ha bañado las riberas
de la región.
Acometer ese rescate, no será sencillo.
Por el contrario, esa tarea constituye
una labor ardua que para su culminación,
pondrá a prueba la voluntad política de
los gobiernos de los doce países que
fundarán UNASUR. Podemos presumir que el
gran obstáculo a superar será el de
determinar el método mediante el cual se
rescatará la experiencia integracionista
regional, que data de 1960.
A pesar de partir de la base de que
UNASUR será una organización que
privilegiará acciones de
complementariedad en las áreas política,
social y económica frente a aquéllas que
promueven la competencia entre los
países participantes, es decir, que los
aspectos de índole comercial se
constituirán en fuerzas resultantes y no
en determinantes de la evolución del
proceso unitario; es necesario tener
presente que, en cualquier caso, se
conformará un espacio económico ampliado
con base en los avances verificados en
los esquemas subregionales de
integración y en los acuerdos, bi o
plurilaterales, que se encuentran
vigentes entre los países miembros de
cada uno de ellos o con las naciones que
no forman parte de ninguno de esos
esquemas.
Sería fácil pensar en la posibilidad de
establecer un programa de convergencia
entre la CAN y el MERCOSUR al cual
podrían adherirse Chile, Guyana y
Surinam. Otra simplificación del
problema sería la de postular de hecho,
la absorción directa de los dos procesos
subregionales por parte de UNASUR
promoviendo, simultáneamente, la
incorporación de los otros tres países
de la región. Las dos vías, confluentes
en su objetivo, enfrentarían un cúmulo
de resistencias de distinta naturaleza
que harían inviable su instrumentación.
La Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) es muda testigo de
los infructuosos esfuerzos que se han
emprendido para establecer un plan para
la convergencia de los acuerdos vigentes
en su ámbito. El único avance que ha
podido verificarse con esa orientación
ha sido la suscripción en octubre de
2004 –luego de una década de
negociaciones- de los acuerdos entre los
países andinos y los del MERCOSUR
sentándose, entonces, las bases de un
Espacio de Libre Comercio que, hasta la
fecha, no reviste avances hacia su
multilateralización.
Plantearse una absorción pura y simple
de los esquemas subregionales, al igual
que el plan de convergencia, entraría en
colisión directa con los equilibrios
alcanzados entre los países para avanzar
hacia su integración, aunque ella sea de
carácter exclusivamente comercial. Los
precarios equilibrios que abren la
puerta para la suscripción de acuerdos
se alterarían de tal manera, que hasta
podrían, no solo entorpecer, sino
provocar una parálisis, con postergación
indefinida, de la negociación requerida
para la constitución de UNASUR.
Frente a este dilema surgen, entre
otros, tres temas adicionales que
deberán ser abordados en esa
negociación. El primero, de índole
operativa, y está relacionado con la
necesaria notificación que deberá
hacerse de UNASUR a la Organización
Mundial de Comercio (OMC), para acceder
a la excepción de la cláusula de la
nación mas favorecida prevista en los
Artículos XXIV y XXV del Acuerdo General
sobre Tarifas y Comercio de 1948
(GATT48). La CAN, por solución de
continuidad, está amparada por esos
artículos; en tanto que el programa de
liberación comercial del MERCOSUR, por
haber sido notificado como acuerdo de
ALADI, está amparado por la Cláusula de
Habilitación creada en la Ronda Tokio
del GATT.
El segundo, de trascendencia
eminentemente política, está vinculado
con el grado de supranacionalidad que se
le concederán a las decisiones que se
adopten en el ámbito de la Unión
Suramericana y, en consecuencia, el
carácter con que se dotarán a las
instancias organizativas que se crearán
en su entorno. Las decisiones adoptadas
por los órganos interestatales de la
CAN, automáticamente, constituyen
obligaciones para sus países miembros
debido a la supranacionalidad que la
caracteriza. Por su lado, los
compromisos derivados del MERCOSUR, al
emanar de instituciones
intergubernamentales, exigen sanción
parlamentaria como requisito previo para
su incorporación al ordenamiento
jurídico interno de sus Estados-Parte y
alcanzar, así, su plena vigencia.
El tercero de los temas está vinculado
con los compromisos adquiridos o que
adquirirán los países, individual o
colectivamente, como fruto de las
negociaciones que emprendieron o están
emprendiendo con terceros países
desarrollados o agrupaciones de éstos.
En el caso de UNASUR habría que tener en
cuenta no solo aquellos de naturaleza
comercial, sino los que estarían
directamente relacionados con las
acciones de cooperación que se
emprenderían en su ámbito que,
eventualmente, podrían verse
restringidas como consecuencia de los
acuerdos alcanzados con los Estados
Unidos de Norteamérica, con la Unión
Europea o con cualquier otro país de
extrazona.
En síntesis, no será sencilla la tarea
que deberán acometer los representantes
gubernamentales encargados de presentar
a los Presidentes el proyecto de Tratado
que deberían suscribir el próximo mes de
diciembre, en ocasión de la reunión
Cumbre que tendrá lugar en Cartagena de
Indias, Colombia. Solamente el
pragmatismo y la voluntad política que
lo motive, serán las palancas que
determinarán el arribo a buen puerto de
este emprendimiento histórico y vital
para los pueblos de América del Sur.