Por Guillermo Fernández de Soto,
Secretario General de la Comunidad Andina
Diario La República
Bogotá, 19 de mayo de 2003

En la actualidad parecen existir percepciones encontradas en las naciones andinas, frente a la posibilidad de que el ALCA se retrase en su cronograma o se reduzca en sus alcances en una primera etapa. Esta confusión ocurre fundamentalmente como consecuencia de la solicitud de un grupo de países latinoamericanos, para que durante la fase inicial del Acuerdo se excluyan algunos temas como los referidos a los servicios, las compras públicas y las inversiones. Debo admitir que las señales en este sentido aún no son muy precisas.

Por eso resulta natural la preocupación de algunos naciones de la subregión que ven cómo empieza a agotarse el período de las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del ATPDEA sin que aún comiencen las negociaciones sustantivas del ALCA. Por tal razón, Colombia y Perú, principalmente, han anunciado su interés en avanzar en forma rápida en un tratado bilateral con los Estados Unidos, con base en la experiencia seguida por Chile, un país que logró acuerdos sustanciales de libre comercio después de 12 años de profundas e intensas negociaciones.

Si bien esta preocupación es legítima, varias de las afirmaciones que se han hecho en las últimas semanas para justificar esta opción, resultan a mi juicio un tanto apresuradas. Y a ellas quiero referirme de manera breve, pero ilustrativa.

Se ha argumentado que existe interés del gobierno norteamericano de explorar las negociaciones bilaterales y tratar de avanzar en esta dirección, como “única vía” para neutralizar los riesgos de un eventual aplazamiento del cronograma del ALCA. Sin embargo, mis conversaciones de hace unas semanas con la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, me dejaron la impresión contraria. Y así fue ratificado en la reunión que recientemente sostuvieron los presidentes George Bush y Alvaro Uribe en la ciudad Washington. Estados Unidos tiene una clara intención de fortalecer las negociaciones a través del ALCA y, a mi juicio, esta es una consecuencia directa, entre otras razones, de la puesta en marcha del sistema de vocerías únicas para los bloques regionales de América Latina (Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano, Mercosur) que, dentro del pragmatismo que caracteriza a la Oficina del Representante Comercial, ha sido vista como una fórmula efectiva de aproximación con nuestras naciones.

Con similar criterio, la Unión Europea en las recientes negociaciones de Bruselas, en torno a la cooperación y el diálogo político con la Comunidad Andina - que tuve oportunidad de presidir en compañía del Comisario Chris Patten -, se pronunció sobre la necesidad de que los países de la subregión actuaran de manera conjunta en estas aproximaciones. Allí, por cierto, logramos un importante avance al ratificar nuestro propósito de continuar en la tarea de consolidar la Unión Aduanera andina como paso previo a un acuerdo de asociación con el bloque europeo.

Se señala, así mismo, con inusitada frecuencia, que un punto de partida debería ser el acuerdo que se logró entre los Estados Unidos y Chile por tratarse del camino más expedito para resolver la actual encrucijada en que se encuentran las negociaciones hemisféricas. Estas apreciaciones, sin embargo, se fundamentan en un nuevo error de apreciación. Chile presenta unas condiciones que le dan gran particularidad a su aproximación con los Estados Unidos y a otros bloques comerciales con los cuales ha logrado acuerdos. Se trata de un país con una estructura productiva y comercial muy diferente a la de los cinco países andinos que, además, ha adoptado una estrategia de acercamientos bilaterales en sus negociaciones internacionales, fundamentado en la fortaleza de su sector agro-industrial. Una estrategia como esta, labrada durante doce años, bajo condiciones particulares, con todo un proceso de formación de negociadores y un “lobbying” persistente en Washington, resulta muy difícil de replicar por otros países en una aventura bilateral de corto plazo.

Algunos diplomáticos de nuestros países han ido más allá en días recientes, al señalar que la fórmula bilateral nos permitiría aislarnos de los resultados de las negociaciones de la ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), alrededor de los subsidios agrícolas. Según este argumento, a través de la fórmula bilateral, los países en desarrollo podrían obtener acuerdos directos sin los riesgos que entraña la vía multilateral. De nuevo estas opiniones omiten un hecho que bien cabe resaltar. La OMC es entre los organismos del sistema multilateral el que ostenta una mayor democracia en sus deliberaciones. Cada miembro, sin importar su tamaño o capacidad productiva, tiene derecho a un voto y sus decisiones se adoptan por consenso. Por tal razón, resultaría inexplicable que algunos países andinos terminaran entregando en forma bilateral aquello que aún no han negociado en el marco de la ronda Doha.

Basado en estas consideraciones, he venido planteando en diversos foros y en los espacios naturales de la integración que, sin perjuicio de estos acercamientos bilaterales, deberíamos avanzar desde la plataforma de la Comunidad Andina en un acuerdo marco con los Estados Unidos que permita, en todo caso, fortalecer de manera conjunta este propósito. Y para ello tendríamos que establecer unos criterios muy precisos sobre aquellos aspectos de las negociaciones que deben permanecer dentro del ámbito común; aquellos que debemos manejar de acuerdo con las distintas velocidades de los países; y aquellos que, definitivamente, no habría ningún inconveniente que se abordaran de una manera bilateral.

Como lo han reconocido en diversas oportunidades los negociadores de los países, el actual proceso de acercamiento para una zona de libre comercio hemisférico ha permitido la valorización del patrimonio común construido en la integración, en aspectos sustantivos como el régimen de intercambio de bienes, el régimen de propiedad intelectual y la política agraria.

Así que contrario a lo que unos pocos piensan, incluso la fórmula bilateral que algunos países consideran como la única alternativa, podría ser enriquecida si las naciones andinas toman conciencia del importante acervo común que hemos construido a lo largo de 34 años de integración, al término de los cuales debo reconocer que aún tenemos grandes desafíos por atender. Uno de ellos, sin duda, es la respuesta a una pregunta central: ¿qué es lo que cada gobierno está haciendo como parte de la Comunidad Andina y qué quiere obtener del proceso de integración?