Por Ignacio Basombrío
Diario Gestión
Lima, 27 de agosto de 2007

El proceso integrador se orienta en la actualidad a la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. En la Declaración de Cochabamba se plantean algunas consideraciones sustantivas con relación a la globalización y la integración regional. Se subraya que el proceso de unidad “es una alternativa para evitar que la globalización profundice las asimetrías, contribuya a la marginalidad económica, social y política y procurar aprovechar las oportunidades para el desarrollo”.

El objetivo planteado es ambicioso y demuestra, en alguna medida, que se privilegia en el discurso político la acción conjunta frente a la opción de las negociaciones bilaterales, como las que corresponden a los tratados de libre comercio negociador por Colombia y el Perú.

En efecto se sostiene que para lograr la viabilidad de la Comunidad Sudamericana de Naciones es necesario diseñar un nuevo modelo de integración que “comprende el ámbito comercial y una articulación económica y productiva más amplia, así como nuevas formas de cooperación política, social y cultural, tanto públicas y privadas como de otras formas de organización de la sociedad civil”.

Los criterios que se contienen en las declaraciones de Cusco, Ayacucho, Brasilia y Cochabamba, relacionados con la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones incluyen diversos principios rectores para efectos de diseñar las políticas tanto internas como externas.

Uno de los aspectos que se destaca como principio fundamental se refiere a la solidaridad y cooperación para lograr una mayor equidad, la reducción de la pobreza y la disminución de las asimetrías. Para tal efecto, entre otros instrumentos, se destaca la importancia del fortalecimiento del multilateralismo como principio rector de las relaciones internacionales.

Por otro lado, para efectos de tener objetivos claramente determinados como propósito para avanzar seriamente en la conformación de esta nueva concepción integradora, se establece, entre otros aspectos, que la cooperación económica y comercial debe incluir la complementación de las economías de los países de América del Sur. Además que debe promoverse una integración financiera sudamericana, junto con la industrial y productiva.

Ello sin desconocer la importancia que posee la infraestructura para la interconexión de los países y pueblos de la región y la integración energética. Pero, además, se subrayan aspectos tales como la identidad cultural y la participación ciudadana para efectos de lograr que se produzca, al igual que en Europa comunitaria, la creación de una identidad que vincule el ciudadano con los objetivos del proceso integrador.

El esfuerzo que deberá realizarse, según lo establecido en la Declaración de Cochabamba en materia de diálogo externo, procura intensificar las relaciones de esta comunidad con otras regiones y grupos regionales. Para ello, entre otros mecanismos, se considera la integración en el marco de la Organización Mundial de Comercio y en las instituciones financieras internacionales.

Puede observase que en momento alguno en la Declaración de Cochabamba se ha planteado, de manera expresa, una mención a la importancia que posee la negociación bilateral como un mecanismo para lograr una mejor articulación dentro de la economía internacional y consolidar la presencia política de los países que celebran ese tipo de instrumentos. Por el contrario, tal como lo señala el documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión, que tuvo como encargo diseñar un nuevo modelo de integración de América del Sur, es importante que los países consideren que “la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones debe constituirse a partir de grandes objetivos nacionales y tomando por base un conjunto de acciones de impacto inmediato, con énfasis en la reversión del enorme déficit social de la región”.

Para ello se menciona, como un elemento central, la celebración de un nuevo contrato social sudamericano que promueva una integración con rostro humano, articulada con la agencia productiva y que se exprese en el establecimiento de metas definidas de desarrollo social.

Es evidente que, para conseguir tales objetivos, resulta necesario redefinir algunos aspectos de vinculación que cada uno de los países de manera independiente posee con el mundo y, en especial, con las grandes potencias industrializadas para efectos de avanzar, en primer lugar, para la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones mediante un tratado fundacional que otorgue la necesaria firmeza y densidad jurídica a esta iniciativa y, luego, avanzar para la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas.

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de integración andina corresponde a la proyección internacional que se ha logrado como consecuencia de las estructuración de un sistema institucional y, además, por la adopción de acuerdos que establecen las prioridades y los compromisos en materia de una política exterior conjunta. Tal proceso corresponde a una etapa superior en la construcción de la integración en la medida en que representa, de alguna manera, introducir factores que corresponden a las políticas de Estado, más allá de las consideraciones económicas y comerciales que históricamente han constituido el foco central de atención del proceso integrador.

Tal como se señala un trabajo sobre la política exterior de la Comunidad Andina (1) “la integración es entonces un hecho esencialmente político pero con consecuencias, entre otras, en el orden jurídico, toda vez que dos o más Estados concurren en la común voluntad de obligarse soberanamente entre ellos, limitando el ejercicio unilateral de determinadas atribuciones soberanas para ejercerlas a través de una institución común”.