Por Ignacio Basombrío
Diario Gestión de Perú
Lima, 11 de abril de 2005

La integración andina ha logrado durante su última reunión avances que son importantes para las actividades económicas y comerciales. Con las normas aprobadas, que tienen vigencia en los países que conforman la CAN, se perfeccionan los mecanismos de vinculación entre las empresas que operan en los países que la conforman.

Al igual que en los casos de otros procesos integradores, la Comunidad Andina, a pesar de la resistencia de algunos sectores, registra una permanente consolidación del marco institucional dentro del cual opera.

La tarea, empero , es compleja, por cuanto no sólo debe lograrse entre los países en el marco de los órganos decisorios de la CAN, después de un detallado estudio técnico. Además es necesario que, dentro de los países, las estructuras administrativas del Estado y el sector empresarial adopten las medidas necesarias para que los compromisos integradores tengan la eficacia debida y consoliden la estabilidad y certidumbre de las transacciones y prácticas comerciales.

Es pertinente señalar que los avances que se producen en el marco del desarrollo integrado no constituyen expresiones aisladas, alejadas de las opciones adoptadas por los países andinos para participar en la economía internacional. Recientemente, con ocasión del a visita del Secretario General de la CEPAL, José Luis Machinea, a la sede de la CAN, su secretario general, Allan Wagner, precisó que la integración tiene la capacidad para convertirse en el eje articulador de la agenda interna de nuestros países y la agenda de la globalización.

En este último aspecto, concerniente a la manera en la cual nuestros países participan de la economía internacional, Wagner sostuvo que los desafíos incluyen “exigentes negociaciones de libre comercio en el ámbito hemisférico y mundial”. En tal contexto es necesario avanzar en el diseño de instrumentos integradores que, adecuados a la normativa internacional, potencien la capacidad negociadora andina y garanticen un desarrollo significativo de los vínculos entre los agentes económicos que operan en los países andinos.

Una de las decisiones que ha aprobado la Comisión del Acuerdo de Cartagena, durante la semana pasada, se refiere a la competencia comercial. Es decir uno de los aspectos cruciales dentro de las relaciones económicas internacionales y, además, uno de los temas de mayor importancia dentro de la normativa acordada en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

En la nueva disposición andina se establecen normas para la protección y promoción de la libre competencia, en términos que, según la apreciación de la CAN, respondan “a los requerimientos de la actual etapa del proceso de integración, de apertura comercial y globalización”.

La nueva norma, en términos empresariales, resulta de la mayor importancia , en la medida en que permite regular, con elementos que forman parte de las disposiciones internacionales, pero adaptadas a la realidad andina, el tema de las buenas prácticas empresariales, la transparencia y la competencia legal. Tales elementos forman parte esencial de un proceso destinado a lograr que el mercado, sin distorsiones derivadas de la aplicación de los subsidios o de políticas que artificialmente mejoren la competitividad de algunos productores privilegiados, en detrimento del resto de los sectores empresariales.

En tal sentido la disposición que acaba de aprobar la CAN tiene como objetivo proteger la libre competencia. Para ello se han establecido criterios que impiden que los esfuerzos integradores puedan ser afectados, como consecuencia de errores en el diseño de políticas comerciales nacionales.

Sin duda la integración, como todo proceso en el cual participan dos o más países, requiere de reglas uniformes para adquirir credibilidad y respetabilidad. Ambas condiciones, junto con la vigencia de la normativa jurídica, permiten conformar un ambiente de confianza que resulta indispensable para concretar inversiones y hacer posible el desarrollo de intercambios comerciales que consoliden el proceso integrador y la solidez de las empresas que operan en el territorio de la CAN.

Los países andinos y sus empresarios deben tomar conciencia de que, en un esfuerzo integrado, es indispensable dejar de lado aquellas políticas que restrinjan o perjudiquen la circulación de los bienes y de los servicios en la región andina. Deben evitarse, en consecuencia, prácticas que afecten a los productores que no cuenten con los beneficios derivados de algunas políticas nacionales, destinadas a promover sus empresas, pero sin tomar en consideración las normas comunitarias, que tienen primacía sobre el derecho interno.

Como parte del esfuerzo integrador para garantizar los derechos de las empresas andinas se ha establecido, y pronto será conformado, el Comité Andino de Defensa de Libre Competencia. De acuerdo con la información proporcionada por la CAN, tal organismo estará integrado por un representante de la autoridad nacional competente en materia de libre competencia de cada uno de los países andinos. De tal manera se combinan los elementos internos con las normas comunitarias para, de manera progresiva, armonizar plenamente las prácticas de la libre competencia y proteger los derechos de los productores y de los consumidores.