Por Edmundo González Urrutia
El Nacional de Venezuela
Caracas, 17 de julio de 2004

En el contexto de la XV Cumbre Presidencial Andina, celebrada recientemente en Ecuador, se adoptaron dos importantes decisiones en el ámbito de la seguridad que ponen de manifiesto los avances que se han alcanzado en el plano de la cooperación política entre los países que integran la Comunidad Andina de Naciones.

La primera de éstas tiene que ver con el Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina (ZPA) –en línea con lo ya existente a escala suramericana-, como un área libre de armas nucleares, químicas y biológicas donde deberán desarrollarse las condiciones necesarias a fin de que los conflictos se resuelvan por la vía pacífica, de acuerdo con las normas y principios del derecho internacional, así como desde una concepción democrática, cooperativa y no ofensiva de la seguridad como lo estipula el propio texto de la Declaración.

Ciertamente se trata de un concepto que ha venido desarrollándose en el tiempo, y cuyo antecedente más remoto podría situarse en la resolución conocida como de “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, aprobada en el marco de la ONU en pleno auge de la Guerra Fría.

Ya en el plano regional se pueden advertir otras experiencias vinculadas con este tema como, por ejemplo, la Declaración del Mercosur, Bolivia y Chile para la formación de una Zona de Paz y libre de armas de destrucción masiva, suscrita en Argentina en 1998, la Declaración de Zona de Paz Suramericana adoptada en la II Reunión de Presidentes de América del Sur en julio de 2002 en Guayaquil y, en el caso que nos ocupa, la Declaración de San Francisco de Quito para el Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina.

Una primera constatación que surge al tratar esta materia es la revalorización que se hace del concepto de seguridad. Sin embargo, algunas voces han advertido acerca de las experiencias poco alentadoras registradas en el pasado. Al mismo tiempo hay quienes examinan los desafíos que comporta este ejercicio de construir una zona de paz justamente en momentos en que nuestros países atraviesan serios conflictos internos y subsisten señales de precariedad democrática, inequidad, pobreza y exclusión social.

La ZPA trasciende la dimensión estratégico-militar de la Zona de Paz y Cooperación Suramericana al incorporar aspectos relacionados con el desarrollo económico y social, la creación de condiciones para el fortalecimiento de la democracia, entre otros temas. Los países andinos intentan darle así una visión integral y multidimensional al concepto de la seguridad, acorde con los desafíos y oportunidades de la actual realidad política internacional.

Otro rasgo novedoso de esta iniciativa es el enfoque gradual y participativo que apunta a promover la incorporación no sólo de los gobiernos sino también de los distintos actores de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y a la opinión pública en general en este proceso de cooperación e integración política.

Desde esta perspectiva, la ZPA se sustenta en la necesidad de crear condiciones de estabilidad institucional y solución negociada de conflictos que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las sociedades involucradas.

Por otra parte, en el plano político, la ZPA se inscribe en los valores y principios de las sociedades democráticas y en la plena vigencia del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social.

La segunda iniciativa, y que representa un avance en el proceso de la integración política, es la adopción de unos “Lineamientos de Política de Seguridad Externa Común” con vistas a prevenir y enfrentar las amenazas a la seguridad, al tiempo de desarrollar y consolidar la ZPA.

Desde esta perspectiva, las características de la “Seguridad” parten de la premisa de que es un bien público, multidimensional y esencialmente preventivo, donde el sujeto central de dicha estrategia debe ser ante todo el ciudadano.

La decisión adoptada establece los objetivos, criterios, mecanismos institucionales, instrumentos operativos, modalidades de acción y agenda que regirá la formulación y aplicación de la política de seguridad común andina y, a fin de cuentas, lo que de ello habrá de traducirse en cuanto a una profundización de la integración política en al ámbito andino.

Todo lo anterior pudiera lucir declarativo y retórico, o simplemente como un ejercicio de buena voluntad para el análisis de algunos especialistas.