En el escenario excepcional de Machu Picchu, el mun do ha sido testigo de la simbólica asunción a la presidencia de la República del doctor Alejandro Toledo. También de la suscripción de la Declaración de Machu Picchu, documento trascendental que revitaliza la agenda latinoamericana en cuanto a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la pluralidad étnica de nuestros pueblos.

La declaración, apoyada en forma unánime por los mandatarios de la Comunidad Andina de Naciones, es sumamente oportuna y va más allá de la retórica habitual. De un lado, porque se ajusta pertinentemente a las tendencias mundiales que preconizan la defensa de los derechos humanos y, en particular, de las minorías étnicas. Del otro lado, porque señala una serie de tareas que los países se han comprometido a cumplir en plazos muy precisos.

Entre otros acuerdos hay que resaltar la voluntad de las naciones de adoptar una Carta Democrática Interamericana -en setiembre próximo en la Asamblea General de la OEA a realizarse en Lima-, que reafirma la convicción continental en la democracia, como sistema de gobierno y elemento insustituible de nuestra identidad política.

Punto aparte merece la decisión de revalorizar los derechos de los pueblos indígenas a través de acciones muy concretas. Es el caso de la mesa de trabajo sobre los derechos de estas minorías, integrada por los gobiernos y la sociedad civil -que empezará a funcionar en breve plazo en el Cusco-, con el objetivo de integrar plenamente a la sociedad a pueblos ancestralmente postergados, respetando al mismo tiempo su riqueza y diversidad cultural.

Muy positivo ha sido igualmente que los presidentes hayan reiterado su compromiso con la amplia legislación regional y mundial sobre los derechos humanos. Y, aun más que, acogiendo la iniciativa del nuevo gobierno peruano, acuerden llevar adelante una alianza para la lucha contra la pobreza que afecta dolorosamente a nuestro continente.