Por José Antonio García Belaunde, Embajador
El Comercio de Perú
Lima, 22 de agosto de 2005

La inminente incorporación del Perú a la zona de libre comercio andina, a la que accedió gradualmente a partir de un cronograma negociado con los socios andinos hace ocho años, y que significa que para el final del 2005 los pocos productos que habían quedado fuera de ella --particularmente el azúcar, el petróleo y derivados-- tendrán arancel cero, ha suscitado reacciones que se asemejan demasiado al debate en tiempos de Fujimori cuando su Gobierno planteó la salida del Perú de la hoy Comunidad Andina.

Conviene hacer un poco de historia. Es larga, pero la presentaré sucintamente. El año 1997 al Perú se le exigió que definiera su posición respecto a la zona de libre comercio. Había conseguido, en 1993, salirse de ella. Esa decisión, tomada por la comisión (los ministros de Comercio), era violatoria del Acuerdo de Cartagena y fue demandada ante el Tribunal Andino, pues el acuerdo prohíbe que una vez incorporado un producto al denominado Programa de Liberación Comercial, no puede ser retirado, por el principio de seguridad y permanencia de los compromisos. Se inició una larga y complicada negociación en la que el Perú exigía hasta siete años (aunque se supo que podía aceptar seis) para ingresar a la zona de libre comercio, y Colombia no estaba dispuesta a dar más de tres. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, el Perú anunció su retiro y empezó a negociar las condiciones del mismo.

En medio de este proceso, el Perú viró hacia una nueva negociación y los negociadores peruanos obtuvieron ocho años para culminar la desgravación arancelaria, más de lo que había sido su meta. En todo este toma y daca, involucrado como correspondía estuvo al frente del equipo negociador el Ministerio de Comercio, con Gustavo Caillaux y Diego Calmet, ministro y viceministro respectivamente. Participó también el Ministerio de Economía, a través del jefe de asesores, Fritz du Bois.

Ganó el Perú y cumplió rigurosamente con el cronograma que se había establecido para incorporarse al libre comercio entre los andinos. Era un procedimiento simple y lineal, rebajar anualmente un porcentaje hasta llegar a cero. Pero hizo algunas excepciones, entre ellas el azúcar y el petróleo, productos que tenían 20% de preferencia, esto es, los andinos tenían que pagar el 80% del arancel peruano, y al final de estos ocho años se liberaría por completo. En el caso de azúcar, se dijo que ese era el tiempo requerido para modernizar y hacer competitiva nuestra industria. En el caso del petróleo, el argumento era la necesidad de colectar los aranceles, pues la caja fiscal no podía darse el lujo perder esa recaudación.

Como quiera que no hay plazo que no se cumpla, se ha llegado al final del período de transición y nos hemos vuelto a encontrar con los mismo argumentos de la década pasada. Y más grave ahora, porque quienes plantean revisar la permanencia del Perú en la CAN están advirtiendo a nuestros nuevos socios (léase EE.UU. Unión Europea, Tailandia, etc.) que sus acuerdos con el Perú pueden ser materia de revisión y denuncia si llegado el momento no consideramos estar en condiciones de cumplir las obligaciones.

La seguridad jurídica que necesitamos garantizar y la estabilidad que ofrecemos con los acuerdos internacionales, se verían profundamente afectados. Y esto para no hablar del impacto sobre las exportaciones peruanas no tradicionales, que en un casi 20% se dirigen a la Comunidad Andina, mismo porcentaje que tiene a Europa como destino.