Por Allan Wagner Tizón, Secretario General de la Comunidad Andina
Artículo publicado en el diario El Comercio de Lima (10-6-04), La Razón de La Paz (9-6-04) y Portafolio de Bogotá (2-6-04)

El pasado 18 de mayo se dio inicio en Cartagena de Indias, Colombia, a las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio entre tres de las cinco economías de la Comunidad Andina y Estados Unidos, con la incorporación posterior de Bolivia como cuarto país andino. Este hecho constituye un hito muy importante en la historia de nuestras naciones, no solo por lo que representa en materia de acceso al mercado más importante del mundo, sino además por los efectos que el proceso pueda generar sobre la integración andina.

Las concesiones unilaterales otorgadas por Estados Unidos a través de la Ley de Preferencias Andinas (ATPA) en 1991 fueron la base para el desarrollo exportador hacia ese importante destino, y su reciente renovación y ampliación, para dar lugar al ATPDEA, generó una mayor dinámica en exportación de productos no tradicionales. No obstante, este instrumento unilateral concluirá su vigencia en diciembre del 2006, hecho que genera inestabilidad e inseguridad en las condiciones de acceso que los productos andinos tienen en el mercado norteamericano.

Frente a este panorama la negociación de un TLC se abrió paso como un elemento dinamizador del proceso de aproximaciones comerciales de cuatros países andinos con Estados Unidos, en un momento de gran incertidumbre sobre el rumbo del ALCA. A medida que se ha venido delineando el cronograma de las negociaciones, ha resultado cada vez más visible la complejidad que entraña la negociación aislada de cada una de las naciones seleccionadas. Por ello, con una alta dosis de pragmatismo, los países andinos involucrados en este proceso han buscado explícitamente, en sus reuniones previas de coordinación, la puesta en marcha de una estrategia compartida que les permitiría consolidar posiciones comunes en la máxima medida de sus intereses y sensibilidades comunes.

La decisión de EE.UU. de avanzar en la negociación de un solo TLC con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia ha sido clara desde el comienzo. Las razones políticas y comerciales para incluir a estos países en un tratado de libre comercio tienen que ver con la política estratégica regional de corresponsabilidad con los países andinos en el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del desarrollo socioeconómico.

El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos constituye así un reto y una oportunidad para las economías andinas. Por una parte, permitirá consolidar una agenda común frente al libre comercio y brindará la oportunidad de actualizar y profundizar la normativa comunitaria andina, fortaleciéndose en proceso de integración. Pero, por otra parte, les obliga a generar las bases jurídicas y la estrategia competitiva que les permitan a sus sectores productivos sortear las dificultades de una mayor exposición a la competencia y ganar nuevos mercados, especialmente en los sectores rural y de las PYME.

Es claro que los beneficios que se buscan en la parte comercial están acompañados por concesiones y compromisos en disciplinas que pueden requerir ajustes importantes en las economías andinas y en las normas subregionales, así como impactos notables en el corto plazo sobre el consumidor y la actividad empresarial en su conjunto.

De allí la trascendencia de la acción coordinada que han emprendido nuestros países para alcanzar el mayor grado de éxito posible en las exigentes negociaciones que apenas marcaron la cancha en la ronda inicial de Colombia.

En la próxima ronda de negociaciones, prevista para mediados de junio en Atlanta, se definirán posiciones más concretas en las modalidades de negociación, compromisos básicos en cada uno de los capítulos e intercambio de información estadística. Solo será hasta la tercera ronda a fines de julio, en Lima, cuando se produzca el intercambio de listas de productos.

Los países andinos han mostrado, en su debut en Cartagena, un alto grado de preparación. Tengo la convicción de que la positiva decisión de unir esfuerzos y el apoyo técnico de la Secretaría General permitirán fortalecer la capacidad negociadora de nuestros países y asegurar un resultado beneficioso que impulse su desarrollo y fortalezca la integración andina.