RESOLUCION 731
Por la cual se resuelven los recursos de reconsideración presentados por la República de Bolivia, la República de Colombia, la República del Perú, la República de Venezuela y por la empresa Gravetal Bolivia S.A., en contra de la Resolución 695 de la Secretaría General que establece Requisitos Específicos de Origen para productos de la cadena de oleaginosas

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Capítulo X del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406 de la Comisión; las Decisiones 416 y 417 de la Comisión que contienen las Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías y los Criterios y Procedimientos para la Fijación de Requisitos Específicos de Origen respectivamente; el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y la Resolución 695 sobre Requisitos Específicos de Origen para productos de la cadena de oleaginosas; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución 695, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 894 del 10 de febrero de 2003, la Secretaría General fijó requisitos específicos de origen para el comercio entre los Países Miembros de la Comunidad Andina de productos de la cadena de oleaginosas;

Que, con fecha 24 de febrero de 2003, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú remitió el fax N° 14-2003-MINCETUR/DM, en el cual manifestó que se encontraba en desacuerdo con el establecimiento de los requisitos fijados mediante la Resolución 695, en tanto que en su opinión no existe la suficiente oferta subregional de los insumos que se pretenden sean de uso obligatorio para la exportación de productos de la cadena oleaginosa. Por otro lado, señaló que en reiteradas oportunidades había expresado la inconveniencia de fijar tales requisitos y propuesto como alternativa la adecuación de la normativa referida a la corrección de las distorsiones arancelarias, como única solución viable frente al problema de las concesiones comerciales otorgadas por Países Miembros a terceros países. Adicionalmente, solicitó formalmente que se dejara sin efecto la Resolución 695 impugnada, ya que en su opinión ésta habría sido emitida en contraposición del criterio sustentado por ese Gobierno. Posteriormente, con fecha 7 de abril de 2003, mediante fax N° 311-2003-MINCETUR/VMCE/ DNINCI, el Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, aclaró que el referido fax N° 14-2003-MINCETUR/DM revestía el carácter de recurso de reconsideración contra la Resolución 695;

Que, con fecha 18 de marzo de 2003, el Gobierno de Colombia presentó recurso de reconsideración contra la Resolución 695. El Gobierno de Colombia señaló que, teniendo en cuenta que el comercio intrasubregional de productos de la cadena de oleaginosas presenta serias distorsiones derivadas especialmente de concesiones comerciales sobre materias primas otorgadas a terceros países y regímenes aduaneros especiales que impiden el abastecimiento de materias primas para la industria de aceites y grasas, la Resolución 695 debía modificarse y ampliarse el margen de las materias primas no provenientes de la subregión que se puedan incorporar en el proceso de producción de un bien final, sin que se desvirtúe su condición de originario del país donde ocurra ese proceso productivo;

Que, con fecha 21 de marzo de 2003, el Gobierno de Colombia solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 695, “a fin de llevar a cabo un análisis más profundo que permita definir unos requisitos para acreditar origen de este tipo de productos, que realmente respondan a las particularidades del mercado de la subregión, manteniendo condiciones equitativas para los cinco países y garantizando la coexistencia de las industrias locales dedicadas a la actividad productiva”. Asimismo, adjuntó la comunicación de fecha 19 de febrero de 2003, remitida por el Ministro de la Producción y el Comercio de Venezuela al Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, mediante la cual el gobierno venezolano aconsejaba que, por intermedio de Colombia, los países andinos solicitaran la suspensión provisional de la Resolución 695;

Que, mediante fax Nº SG-X/0.5/365/2003 del 26 de marzo de 2003, la Secretaría General comunicó a los Países Miembros que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se había admitido a trámite el recurso de reconsideración presentado por la República de Colombia en contra de la Resolución 695. Asimismo, señaló que no correspondía decretar la suspensión de efectos solicitada, toda vez que no se había alegado ni demostrado la existencia de un perjuicio irreparable o de difícil reparación, que no resultara subsanable por la Resolución definitiva, ni se había alegado la existencia de causales de nulidad de pleno derecho que pudieran estar afectando la Resolución impugnada;

Que en la misma comunicación la Secretaría General indicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, tramitaría la solicitud formulada por la República del Perú como un recurso de reconsideración contra la Resolución 695, por lo cual la referida solicitud se acumularía a la petición formulada por la República de Colombia, salvo que el organismo nacional de integración del Perú aclarara que su solicitud se refería a una revisión de la Resolución en términos distintos;

Que, con fecha 27 de marzo de 2003, el Gobierno de Venezuela interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 695 por considerar que habría sido errónea la aplicación de los elementos utilizados por la Secretaría General en el establecimiento de requisitos específicos de origen para el comercio de productos de la cadena de oleaginosas entre los Países Miembros. Adicionalmente pidió la suspensión de los efectos de la mencionada Resolución, debido a que en su opinión “la ejecución de la misma ha causado un perjuicio irreparable contra la industria venezolana de las oleaginosas, que no podrá ser subsanado hasta que se dicte otra resolución, donde se establezcan criterios que se adapten a los niveles de desarrollo y competitividad de la industria oleaginosa”;

Que, en su recurso de reconsideración, el Gobierno de Venezuela señaló que en su criterio la Resolución 695:

i) Contradice los principios establecidos en el Acuerdo de Cartagena, toda vez que establece requisitos específicos de origen en beneficio de la producción boliviana de soya. En ese sentido, se evidenciaría una violación a los principios de equilibrio, equidad y cooperación económica y social;

ii) No se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, pues contravendría lo establecido en sus artículos 8 y 15, puesto que la Secretaría General pudo haber establecido un período de transitoriedad a la aplicación de la Resolución 695 en vez de ponerla en vigencia de manera inmediata, contraviniendo la costumbre administrativa que se ha seguido al momento de fijar requisitos específicos de origen; y,

iii) No se ajusta a lo establecido en la Decisión 417 sobre Criterios y Procedimientos para la Fijación de Requisitos Específicos de Origen, puesto que la Secretaría General habría emitido su Resolución sin tomar en consideración la evolución de la industria oleaginosa y la disponibilidad de materias primas en la subregión, criterios que fueron plasmados en las recomendaciones realizadas por los Países Miembros y el Grupo Ad Hoc de la Cadena Productiva de las Oleaginosas, generando una mayor rigurosidad en el comercio de este rubro y disminuyendo la competitividad de la industria subregional frente a terceros;

Que, con fecha 28 de marzo de 2003, el Gobierno de Bolivia interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 695, solicitando a la Secretaría General la inclusión del maíz y otros productos sucedáneos en su ámbito, con tratamiento preferencial a favor de Bolivia en los términos de las Decisiones 416 y 417;

Que, con fecha 28 de marzo de 2003, la empresa Gravetal Bolivia S.A. presentó recurso de reconsideración contra la Resolución 695, manifestando que dicha norma no tomaría en cuenta el régimen especial que debe aplicarse a la República de Bolivia, según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena y en las Decisiones 416 y 417, al no establecer un criterio diferido y progresivo del cumplimiento de los requisitos allí fijados. Además, señaló que la adopción de la Resolución 695 implicaría una discriminación hacia dicha empresa frente a otras del sector de oleaginosas que operan en la subregión, pues éstas se benefician de la zona de libre comercio y utilizan insumos importados al amparo de las preferencias arancelarias que sus países otorgan a terceros. Asimismo, solicitó la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución mientras durara el procedimiento, puesto que la aplicación de ésta generaría graves perjuicios a la empresa. Por último, solicitó una audiencia con funcionarios de la Secretaría General;

Que, mediante fax Nº SG-X/0.5/365/2003 del 25 de marzo de 2003, la Secretaría General comunicó a los Países Miembros que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, había admitido a trámite los recursos de reconsideración presentados por los Gobiernos de Venezuela y Bolivia, y por la empresa Gravetal Bolivia S.A. Asimismo, señaló que no correspondía decretar la suspensión de efectos solicitada, toda vez que no se había demostrado la existencia de un perjuicio irreparable o de difícil reparación que no resultara subsanable por la Resolución definitiva, ni se había alegado la existencia de causales de nulidad de pleno derecho que pudieran estar afectando la Resolución impugnada;

Que, mediante fax Nº SG-X/0.5/565/2003 del 10 de abril de 2003, la Secretaría General comunicó a la empresa Gravetal Bolivia S.A. que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, había admitido a trámite su recurso de reconsideración en contra de la Resolución 695;

Que, con fecha 12 de marzo de 2003, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) del Ecuador remitió a la Secretaría General una comunicación en la cual expresaba su respaldo a la Resolución 695, indicando que “Si bien el valor de contenido regional no es del 100%, como hubiera sido deseable, creemos que esta medida es buena aproximación para buscar condiciones de comercio más equitativas para los productores de semillas oleaginosas y de aceites de palma de la CAN”, y recomendando como complemento la adopción de otras medidas -como derechos correctivos-, “para que se eliminen de manera definitiva las causas que generan distorsiones en el comercio de semillas oleaginosas, aceites y grasas en la subregión”. Asimismo, ANCUPA manifestó que dichos planteamientos eran compartidos por la Federación de Productores de Palma de Aceite de Colombia (FEDEPALMA), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera (ACUPALMA), la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO) de Venezuela, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) de Bolivia, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de Bolivia, la Asociación Peruana de Cultivadores de Palma Aceitera (APECUPA) y la Asociación de Empresarios Agrarios del Perú (AEA);

Que, con fecha 14 de marzo de 2003 la Federación de Productores de Palma de Aceite de Colombia (FEDEPALMA) y con fecha 17 de marzo de 2003 la Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera (ACUPALMA), remitieron a la Secretaría General comunicaciones en términos similares a la comunicación de ANCUPA;

Que, con fecha 15 de abril de 2003, el Gobierno de Venezuela remitió a la Secretaría General la comunicación DGCE/DREI/2003/275, mediante la cual manifestó que una empresa venezolana “se encuentra atravesando por una difícil situación, al no poder contar con el principal insumo utilizado para la elaboración de sus productos, como lo es la soya en grano, toda vez que las empresas bolivianas se niegan a venderle el mencionado insumo”. Asimismo mencionó que “presumiblemente” dicha negativa se debía a que las empresas bolivianas “prefieren vender productos semi-elaborados, con mayor valor agregado, tales como aceite y harina de soya”. En opinión del gobierno venezolano, esta situación originaría que la empresa venezolana se vea impedida de cumplir con los requerimientos de la Resolución 695, y de mantenerse así se estaría en presencia “de la consumación de un monopolio subregional que sólo beneficiaría a uno solo de los países andinos, en claro perjuicio de muchas empresas del resto de los países miembros”. En tal sentido, el Gobierno de Venezuela sostiene que un elemento primordial a ser considerado en el proceso de reconsideración de la Resolución 695 debe ser “la garantía del abastecimiento subregional”;

Que, con fecha 14 de mayo de 2003, se realizó en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina la audiencia solicitada por la empresa Gravetal Bolivia S.A. En dicha audiencia, la referida empresa expuso verbalmente los argumentos contenidos en su escrito de fecha 28 de marzo, presentando sus consideraciones mediante comunicación de fecha 15 de mayo. La empresa reiteró que la Resolución 695 no habría previsto un criterio diferido y progresivo del cumplimiento de los requisitos allí fijados, por lo cual propuso un diferimiento de un año en la aplicación del requisito específico de origen para Bolivia, contado a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de la presente Resolución. Asimismo, solicitó una aplicación progresiva del requisito específico de origen de la siguiente manera: “para el segundo año de vigencia de la Resolución ajustada, un 60% de materiales originarios; y a partir del tercer año un 70% de materiales originarios”. Mediante fax Nº SG-X/2.14.16/594/2003 del 15 de mayo de 2003, la Secretaría General remitió a los Países Miembros el escrito presentado el 15 de mayo por la empresa Gravetal Bolivia S.A. con motivo de la audiencia celebrada el 14 de mayo de 2003;

Que, con fecha 14 de mayo de 2003, la Secretaría General recibió una comunicación suscrita por representantes de las siguientes empresas de aceites y grasas vegetales establecidas en la Comunidad Andina: La Fabril S.A., (Ecuador), Danec (Ecuador), Industrias Ales C.A. (Ecuador), Alianza TEAM S.A. (Colombia), Industrias del Espino S.A. (Perú), Alicorp S.A. (Perú), Industrias del Aceite S.A. (Bolivia), Industrias Oleaginosas S.A. (Bolivia), Grasco S.A. (Colombia), Lloreda S.A. (Colombia), Coposa S.A. (Venezuela), Indugram S.A. (Venezuela) y Cargill de Venezuela, en la cual manifestaban su apoyo al establecimiento de requisitos específicos de origen “… con un porcentaje de 70% del valor procedente de la Comunidad y un 30% de terceros países…” y en la que adicionalmente solicitaban que “… ese porcentaje se disminuya para el próximo año a 80% y 20%, para el 2005 en 90% y 10% y que para el 2006 el 100% del valor corresponda a la Comunidad”. El 19 de mayo se recibió una comunicación del representante de la empresa Alicorp S.A. en la cual informó que había decidido retirar su firma de la comunicación arriba citada;

Que corresponde a la Secretaría General en esta etapa analizar los argumentos presentados por los Gobiernos del Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia y por la empresa Gravetal Bolivia S.A. en sus respectivos recursos de reconsideración;

Que, respecto a las afirmaciones hechas por el Gobierno del Perú en cuanto a su desacuerdo con el establecimiento de los requisitos, toda vez que no existiría la suficiente oferta subregional de insumos, esta Secretaría General observa que la Resolución 695 no establece ninguna limitación para la importación de insumos desde terceros países para la elaboración de productos con destino al mercado interno, ni para la exportación hacia terceros países. Adicionalmente, esta Secretaría General observa que la Resolución tampoco establece una prohibición para el uso de insumos originarios de terceros países para la elaboración de productos con destino a otros países andinos, siempre que se cumplan las condiciones que en dicha Resolución se indican con el propósito de equilibrar las condiciones de competencia de los productos elaborados con esos insumos en el comercio intrasubregional;

Que, respecto a las afirmaciones hechas por el Gobierno de Colombia en el sentido de que el comercio intrasubregional de productos de la cadena de oleaginosas presentaría serias distorsiones derivadas especialmente de concesiones comerciales sobre materias primas otorgadas a terceros países y regímenes aduaneros especiales que impedirían el abastecimiento de materias primas para la industria de aceites y grasas, esta Secretaría General considera que el establecimiento de requisitos específicos de origen, como los contenidos en la Resolución 695, pretende contribuir a subsanar este tipo de distorsiones;

Que las referencias que hace el Gobierno de Colombia en su solicitud de reconsideración al abastecimiento de materia prima en la subregión quedan respondidas en párrafos anteriores que hacen referencia a los argumentos del Gobierno del Perú;

Que, respecto a las afirmaciones hechas por el Gobierno de Venezuela en el sentido que la aplicación de los elementos utilizados por la Secretaría General en el establecimiento de los requisitos específicos de origen habría sido errónea, considera esta Secretaría General que este gobierno no ha demostrado de manera clara en qué consistiría el error a que se refiere. Con relación a los demás argumentos presentados por el Gobierno de Venezuela en contra de la Resolución 695, esta Secretaría General manifiesta lo siguiente:

· Sobre la supuesta contradicción de la Resolución 695 con el Acuerdo de Cartagena: La Resolución 695 fue emitida precisamente en virtud del mandato contenido en el Acuerdo de Cartagena, que faculta a la Secretaría General para fijar los requisitos específicos de origen que resulten necesarios a los productos que así lo requieran. El gobierno venezolano no acreditó de qué manera la Resolución 695 vulneraría los principios de equidad y cooperación económica y social contenidos en el Acuerdo de Cartagena.

· Respecto a la supuesta contravención del Reglamento de Procedimientos Administrativos: Conforme lo dispone el artículo 3 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Resoluciones de la Secretaría General “serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos Administrativos dispone que “las Resoluciones de la Secretaría General deberán ajustarse a lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal confieren a la Secretaría General y sin menoscabo de la facultad del Secretario General de acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo previsto en su Tratado de Creación”. Por último, el artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos establece lo siguiente: “Las Resoluciones de la Secretaría General entrarán en vigencia y producirán sus efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo que la propia Resolución señale una fecha distinta”. Es decir, queda claro que es potestad de la Secretaría General establecer un período transitorio para la entrada en vigencia de determinada Resolución. Como bien señala el Gobierno de Venezuela, la Secretaría General “pudo” haber establecido dicho período, sin embargo, el no hacerlo no constituye una contravención a norma comunitaria alguna. Cabe resaltar que la “costumbre administrativa” a la que hace mención el Gobierno de Venezuela es precisamente que las Resoluciones de la Secretaría General entran en vigencia una vez que son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ya que sólo por excepción se ha previsto un período transitorio para su vigencia.

· Respecto a la supuesta contravención de la Decisión 417, la Secretaría General siguió los criterios recogidos en esa Decisión, tomando muy especialmente en consideración, entre otras, las condiciones de producción, intercambio comercial y las alteraciones existentes en las condiciones de competencia generadas por la disparidad de aranceles sobre los insumos. El alegato del gobierno recurrente en este punto estaría partiendo de una premisa falsa, al afirmar que la Resolución 695 exige la incorporación de insumos subregionales del 80 y 90 por ciento, lo que generaría “un obstáculo evidente al comercio intrasubregional” debido a una supuesta insuficiencia de oferta, cuando, como lo demuestran los análisis de la Secretaría General y lo ratifican los datos suministrados por algunos de los Países Miembros, los porcentajes de materiales no originarios permitidos para calificar origen en el requisito específico de origen son suficientes para atender las exportaciones intracomunitarias.

· Respecto a la supuesta negativa de venta por parte de empresas bolivianas hacia una empresa venezolana, considera esta Secretaría General que los Países Miembros y las empresas interesadas disponen, dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de normas específicas para atender los casos de eventuales prácticas restrictivas de la competencia;

Que, respecto de los argumentos presentados por el Gobierno de Bolivia, solicitando la inclusión del maíz y otros productos sucedáneos en el ámbito de la Resolución 695, con tratamiento preferencial a Bolivia en los términos de las Decisiones 416 y 417, considera esta Secretaría General que resulta improcedente la solicitud planteada, por cuanto el maíz amarillo no es un producto comprendido en la cadena de oleaginosas y, a pesar de su vinculación con los productos de ésta, el establecimiento de requisitos específicos de origen para ese producto debe considerar el conjunto de los productos que hacen parte de la cadena de los cereales forrajeros, alimentos balanceados para animales y carne de aves y cerdos, razón por la cual no se puede incluir en los presentes requisitos de origen;

Que, con respecto a los argumentos de la empresa Gravetal Bolivia S.A. en el sentido de que la Resolución 695 no habría tomado en cuenta el régimen especial que debe aplicarse a Bolivia según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena y en las Decisiones 416 y 417, al no establecer un criterio diferido y progresivo del cumplimiento de los requisitos fijados en dicha Resolución, la Secretaría General considera procedente dicho alegato. No obstante lo anterior, y con relación al argumento según el cual la Resolución 695 implicaría una discriminación hacia dicha empresa, frente a otras del sector de oleaginosas que operan en la subregión, estima la Secretaría General que no se ha demostrado fehacientemente de qué manera se verificaría esta supuesta discriminación. En lo referente a los plazos y porcentajes sugeridos para la aplicación del requisito específico de origen, así como otros argumentos planteados por la empresa Gravetal durante la audiencia del 14 de mayo de 2003, y no presentados en su recurso de reconsideración, estima esta Secretaría General que de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de Procedimientos Administrativos resulta improcedente plantearlos en una audiencia con posterioridad a la presentación del recurso de reconsideración;

Que el establecimiento de requisitos específicos de origen para productos de la cadena de oleaginosas tiene como propósito, entre otros, el contribuir a crear condiciones equitativas de competencia en el comercio intracomunitario de dichos productos;

Que estos requisitos específicos de origen no afectan las condiciones de producción de las oleaginosas para el mercado interno de cada uno de los Países Miembros, ni para su exportación hacia terceros mercados;

Que, mediante este mecanismo, no se prohibe el uso de materiales no originarios en la producción destinada a la exportación hacia los países de la Comunidad Andina, lo que se hace es limitar su utilización a niveles que permitan restituir las condiciones equitativas de competencia y, adicionalmente, asegurar que las preferencias comerciales beneficien a productos con suficiente valor agregado comunitario;

Que, por lo señalado en los considerandos anteriores, no se crea ni fomenta ningún tipo de monopolio dentro de la Comunidad Andina; y,

Que el establecimiento de los requisitos específicos de origen debe tomar en cuenta los criterios de diferimiento y progresividad contemplados en la normativa andina, en favor de Bolivia, dado su grado relativo de desarrollo;

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundados los recursos de reconsideración presentados por las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Artículo 2.- Declarar fundado, en parte, el recurso de reconsideración presentado por la empresa Gravetal Bolivia S.A. En tal sentido, se revocan los artículos 2 y 4 de la Resolución 695, los cuales se sustituyen por el siguiente artículo:

“Artículo 3.- En el caso de Bolivia, atendiendo el criterio recogido en el artículo 6 de la Decisión 417, la Resolución entrará en vigencia el 1° de enero de 2004.

Así mismo, se establecen los siguientes programas de cumplimiento por parte de Bolivia, para los porcentajes establecidos en los artículos anteriores de manera tal que:

I) Para el caso del artículo 1, el valor CIF de los materiales no originarios:

a) A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución para Bolivia, no excederá el 30 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final;

b) Desde el 1º de julio de 2004 no excederá el 25 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final; y,

c) Desde el 1º de enero de 2005 no excederá el 20 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final.

II) Para el caso del artículo 2, el valor CIF de los materiales no originarios:

a) A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución para Bolivia, no excederá el 20 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final;

b) Desde el 1º de julio de 2004 no excederá el 15 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final; y,

c) Desde el 1º de enero de 2005 no excederá el 10 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final.”

Artículo 3.- Publicar el texto ordenado y codificado de la parte resolutiva de los Requisitos Específicos de Origen para productos de la cadena de oleaginosas, como Anexo de la Presente Resolución, incorporando los cambios aquí contenidos y renumerando los artículos.

Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a la empresa recurrente y a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo en el caso de Bolivia y conforme a lo aquí previsto.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se señala que contra la presente Resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de junio del año dos mil tres.

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
Secretario General

ANEXO
Requisitos Específicos de Origen para productos de la cadena de oleaginosas

Artículo 1.- Fijar como requisito específico de origen para el comercio entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, de mercancías pertenecientes a las subpartidas NANDINA que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, la condición de que en su producción se utilicen:

a) Materiales originarios de la Comunidad Andina; o,

b) Materiales originarios y no originarios de la Comunidad Andina, siempre que los materiales no originarios estén sujetos a un proceso de producción o transformación y que el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 20 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final.

Artículo 2.- Fijar como requisito específico de origen para el comercio entre los Países Miembros de la Comunidad Andina de las “Premezclas destinadas a la alimentación animal”, clasificadas en la subpartida NANDINA 2309.90.20, la condición de que en su producción se utilicen:

a) Materiales originarios de la Comunidad Andina clasificados en las subpartidas señaladas en el Anexo II, en la columna “materiales”; o,

b) Materiales originarios y no originarios de la Comunidad Andina, de las subpartidas señaladas en el Anexo II en la columna “materiales”, siempre que los materiales no originarios estén sujetos a un proceso de producción o transformación y que el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 10 por ciento del valor FOB de exportación de la mercancía final.

Artículo 3.- En el caso de Bolivia, atendiendo el criterio recogido en el artículo 6 de la Decisión 417, la Resolución entrará en vigencia el 1° de enero de 2004.