RESOLUCION 134
Calificación del arancel variable sobre las importaciones de combustibles derivados del petróleo aplicado por el Gobierno del Ecuador como gravamen para los efectos del Programa de Liberación

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, y el Título V de la Decisión 425 -Reglamento General de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina-; y

CONSIDERANDO: Que, con fecha 10 de setiembre de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina envió al Gobierno del Ecuador la comunicación SG/AJ/F 1077-98, mediante la cual inició las investigaciones pertinentes a fin de establecer si las normas ecuatorianas por las cuales se aplican aranceles variables a las importaciones de combustibles derivados del petróleo constituían un gravamen en los términos establecidos en el artículo 72 del Acuerdo, concediéndole un plazo de 10 días para enviar los descargos correspondientes;

Que, en la misma fecha, dicha medida fue comunicada a los demás Países Miembros conforme al procedimiento establecido por la Decisión 425 para la calificación de gravámenes;

Que, con fecha 21 de setiembre de 1998, la Secretaría General recibió el Fax 06-DININ/PIOI con los descargos siguientes por parte del Gobierno del Ecuador:

a) Las medidas no resultaban discriminatorias "en razón que se aplican a la comercialización de combustibles de producción nacional y a la importada", pues "para establecer el precio de venta interno de los combustibles, se toma como referencia el precio del producto importado";

b) Las medidas se han mantenido en vigencia debido a la crisis económica que se presenta en el Ecuador, no obstante lo cual se está preparando un proyecto de ley para establecer un consumo interno de derivados, con el que se eliminarían las distorsiones que se podrían producir en el mercado nacional debido a la derogatoria de los Decretos Ejecutivos 1433, 1434 y 3303, normas por las cuales se regula la medida impugnada por la Secretaría General; y,

c) Las medidas tienen por objeto precautelar las ventas y precios internos para evitar las distorsiones en el mercado ecuatoriano;

Que, del análisis de las normas ecuatorianas sobre la materia se aprecia que, mediante el Decreto 1433 de 28 de enero de 1994, que aprueba el "Reglamento de Regulación de Precios de los Derivados del Petróleo para consumo interno", se establece un sistema de control de precios para los combustibles que deban ser expendidos en terminales y depósitos. En este sentido, se dispone que el precio de venta en dichos terminales o depósitos no podrán ser inferiores al precio mínimo de aforo más el respectivo arancel, sumado el impuesto al valor agregado respectivo;

Que, en conexión con lo anterior, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1434 de la misma fecha, el mencionado Gobierno establece dos tipos de derechos arancelarios, ad-valórem y específico, para las importaciones de derivados de hidrocarburos. Ambos son de naturaleza variable, aplicándose el primero en relación con precios mínimos establecidos en función del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional en un porcentaje que permita la estabilización con los precios de los mismos productos en el mercado nacional y el segundo, sobre la base de la cantidad importada, compensando las fluctuaciones en los ingresos del Estado por efecto de la variación de los precios internacionales, inferiores a los utilizados en el presupuesto del Gobierno. A tal efecto se disponen en los anexos de las referidas normas, una serie de tablas construidas con base en escalas progresivas en función de precios mínimos de importación pre-fijados y del precio por galón;

Que, en virtud del Decreto 3303 de 30 de noviembre de 1995, la aplicación de los aranceles antes indicados se hace extensiva a las importaciones de productos que provengan del territorio de países de la Comunidad Andina inclusive;

Que, para efectos de la presente investigación, la Secretaría General debe circunscribirse a analizar lo concerniente a los derechos adicionales al arancel externo, por cuanto lo concerniente al cumplimiento de este último es materia de un procedimiento distinto;

Que, en cuanto a la vigencia de las medidas, en sus descargos, el Gobierno del Ecuador ha reconocido la plena y actual aplicación de las mismas así como voluntad de superar a la brevedad posible el problema objeto de la presente acción, mediante el establecimiento de un impuesto al consumo interno;

Que, a los efectos del procedimiento de determinación de gravámenes que nos ocupa, el argumento de que la medida, en cuanto a sus efectos en los precios finales del producto en el mercado ecuatoriano, no sea discriminatoria, no desvirtúa el hecho de que existe un sobrecosto a la importación que no se condice con los principios que rigen el funcionamiento de la zona de libre comercio andina, según la cual los productos originarios de los Países Miembros deben ingresar absolutamente libres de gravámenes al territorio de los demás Países Miembros. A este respecto, el ordenamiento jurídico vigente sólo reconoce dos excepciones: la establecida en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y que se refiere a las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados, y el régimen de la Decisión 414. La medida que se analiza no corresponde a ninguna de las excepciones señaladas. Muy por el contrario, ha quedado establecido en el expediente que los aranceles variables adjudicados a las importaciones, entre ellas, las originarias de los Países Miembros, tienen la finalidad económica de regular los ingresos fiscales por importaciones y los precios de los combustibles al nivel de terminales y depósitos, al interior del mercado ecuatoriano;

Que, en un correcto análisis de la cuestión, el concepto de "discriminación" cobra relevancia como una de las variables a tener en cuenta al estudiar la validez de la invocación de las excepciones previstas en el artículo 72 del Acuerdo para justificar la eventual aplicación de restricciones o cuando se trata de la aplicación de tributos internos, dentro del ámbito de lo establecido en el artículo 74 del Acuerdo. Mas bien, la calificación de gravámenes, según se deslinda claramente de los artículos 71 y 72 del Acuerdo, no está condicionada ni sujeta a la existencia de un efecto discriminatorio entre nacionales y extranjeros, sino a la mera verificación de la existencia de derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente que incidan sobre las importaciones originarias de los Países Miembros, cualquiera sea su monto, finalidad o modalidad;

Que la improcedencia de la aplicación de la medida ha quedado acreditada asimismo por el hecho de que el Gobierno ecuatoriano pretendiera amparar la medida a través de una cláusula de salvaguardia, trámite que quedó frustrado al no cumplir el indicado Gobierno con la presentación de los elementos de juicio que permitieran evaluar su procedencia y que motivara los pronunciamientos de la Junta del Acuerdo de Cartagena, entre otros la Resolución 405, publicada en la Gaceta Oficial Nº 208 de fecha 20 de mayo de 1996, y de la Secretaría General en el sentido de no autorizar su aplicación, no obstante lo cual, el mantenimiento de facto de los aranceles variables ha continuado;

Que, según el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, se consideran como gravámenes "los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones";

Que, el artículo 71 del Acuerdo de Cartagena señala que "el Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro";

Que la naturaleza jurídica de las medidas a que hace referencia la presente Resolución, es la de un impuesto a la importación bajo la forma de derechos arancelarios ad-valórem y específicos adicionales al arancel, según se aprecia del tenor de las normas citadas y según reconoce en sus propias manifestaciones el Gobierno de Ecuador, las que, según ya se ha señalado, no se encuentran amparadas por ningún otro mecanismo de excepción previsto en el ordenamiento jurídico andino;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde que esta Secretaría General, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 73 del mismo texto legal, determine en el presente caso si las medidas antes referidas adoptadas unilateralmente por Ecuador, constituyen un "gravamen";

Artículo 1.- Determinar que el cobro de un arancel variable y otro específico aplicado por el Gobierno del Ecuador a las importaciones originarias de los Países Miembros, de los productos que se listan a continuación, constituye un "gravamen" a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena:

2710.00.11 Gasolina para motores de aviación

2710.00.19 Las demás gasolinas para motores

2710.00.19.10 Gasolina Super 90 octanos

2710.00.19.20 Gasolina Eco 82 octanos

2710.00.19.30 Gasolina Extra 80 octanos

2710.00.41 Queroseno

2710.00.41.10 Turbo fuel Nº 1

2710.00.41.20 Turbo fuel Nº 4

2710.00.49 Los demás

2710.00.49.10 Diesel 1

2710.00.49.20 Diesel 2

2710.00.49.30 Spray Oil

2710.00.49.90 Los demás

2710.00.60 Fueloils (fuel)

2710.00.99.10 Rubber Solvent

2710.00.99.20 Solvente Nº 1

2710.00.99.30 Mineral Turpentine

2710.00.99.90 Los demás

2714.90.00.10 Cementos asfálticos

2714.90.00.20 Cemento curado rápido

2714.99.00.30 Asfaltos industriales (oxidados)

2714.90.00.90 Los demás

Artículo 2.- Según lo señalado por el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, y conforme a lo establecido en el Octavo Considerando de esta Resolución, se otorga un plazo no mayor de 15 días útiles para que se deje sin efecto el gravamen existente para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Secretario General