EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES,

VISTOS: El inciso a) del artículo 3 y el artículo 16 del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406; la Decisión 458 que aprueba los Linea­mientos de la Política Exterior Común; los artículos 6 y 12 del Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decisión 407; y,

CONSIDERANDO: Que la persona humana constituye el fin supremo de la sociedad y los Estados deben adoptar medidas que garanticen su bienestar;

Que el actual escenario internacional caracterizado por crecientes flujos financieros y comerciales, se caracteriza también por un constante movimiento migratorio, que involucra entre otros a nacionales de los Países Miembros;

Que es necesario ampliar el ámbito de acción del vigente Acuerdo sobre Cónsules de Caracas de 1911, suscrito por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, en virtud del cual se faculta a que los cónsules de cualquiera de las repúblicas contratantes residentes en otra de las mismas, hagan uso de sus atribuciones a favor de los individuos de las otras repúblicas contratantes que no tuvieran cónsul en el mismo lugar; de modo tal que se plasme un mecanismo de cooperación consular andina en terceros países;

Que los Países Miembros han suscrito y ratificado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963;

Que el inciso 6 del artículo 51 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos establece que los Países Miembros prestarán atención a su acción conjunta para promover y proteger los derechos de los migrantes y sus familias ante otros países y grupos de países, así como en los foros internacionales y regionales;

Que en el punto XIV del Acta de Lima, suscrita con ocasión de la XII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino de junio de 2000, los Presidentes Andinos expresaron la necesidad de “aunar esfuerzos para defender a los nacionales de los países andinos que se encuentran en el exterior, en aquellas situaciones en que se ven afectados los derechos humanos, garantías individuales o normas laborales internacionalmente reconocidas; así como para combatir manifestaciones de racismo o xenofobia que puedan presentarse”;

Que los Países Miembros se han fijado como meta el establecimiento del Mercado Común en la Subregión a más tardar en diciembre de 2005, siendo la consolidación de la libertad de circular de las personas un elemento básico para el logro de este propósito;

Que, tras la adopción de las Decisiones 458, 503 y 504 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Lineamientos de la Política Exterior Común, Reconocimiento de Documentos Nacionales de Identificación y Creación del Pasaporte Común Andino, respectivamente, se hace necesario emitir normas complementarias que permitan la consolidación y profundización del proceso de integración subregional y el afianzamiento de la identidad, solidaridad y cohesión de la Comunidad Andina, y sobre la circulación de personas;

Que el Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), en su Sexta Reunión Ordinaria, reconoció la importancia que la cooperación en materia consular tiene en el proceso de integración andina y, en tal sentido, emitió una serie de conclusiones sobre el particular;

Que resulta necesario procurar a todo nacional de los Países Miembros la protección y asistencia en el lugar donde se encontrase, así como crear un mecanismo institucionalizado de cooperación en materia migratoria;

Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 98/Rev. 1 de aprobación del Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios;

Artículo 1.- A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a continuación, tendrán la acepción que para cada una de ellas se señala:

a) Protección Consular: Función consular referida a la protección, amparo y defensa de los intereses de los nacionales de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en los casos en que éstos carezcan de agentes diplomáticos y consulares en la localidad en que se encuentre la persona.

b) Indigencia: La falta de recursos económicos para atender sus necesidades primarias de existencia.

c) Catástrofe Natural: Suceso infausto producto de un fenómeno natural extremo que causa alteraciones intensas en el orden regular de las cosas, las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente.

d) Debido Proceso: Aquel que se desarrolla de acuerdo a los principios y garantías reconocidas por la Constitución y las Leyes del Estado receptor, o de los principios reconocidos por el Derecho Internacional y en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para un proceso racional y justo, salvaguardando los derechos fundamentales.

e) Derecho de Defensa: Facultad otorgada a las personas que, por cualquier concep­to, intervienen en las actuaciones judiciales o administrativas, para ejercitar, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que respectivamente pueden corresponderles como actores o demandados, ya sea en el orden civil como en el penal, administrativo o laboral.

f) Salvoconducto: Permiso o documento de viaje otorgado por una autoridad consular para retornar al país de origen o de residencia, previa demostración documentada de su identidad y nacionalidad.

g) Trata de Personas: Es la captación, transporte, traslado, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios.

Esa explotación estará vinculada, entre otros, a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

h) Delitos Internacionales: Aquellos cuya sanción está prevista en varios países afectados o cuando ha habido actos de ejecución en dos o más de ellos. Se entenderá por delitos internacionales los clasificados en cualquiera de las siguientes cuatro categorías: i) delitos de persecución cosmopolita; ii) delitos internacionales en sentido estricto sin contenido político; iii) delitos propiamente internacionales de contenido político; y iv) delitos contra la humanidad.

i) Estado de Guerra: Situación de beligerancia reconocida internacionalmente, que origina un conjunto de derechos y deberes entre los Estados intervinientes en el conflicto, como así también en las relaciones que éstos mantienen con aquellos Estados que permanecen neutrales.

j) Circunscripción Consular: El territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las funciones consulares.

Artículo 2.- Establecer un mecanismo de cooperación en materia de asistencia y protección consular, y asuntos migratorios, en beneficio de las personas naturales nacionales de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina que por diverso motivo se encuentren fuera de su país de origen.

Artículo 3.- Son objetivos generales de la presente Decisión:

a) Coordinar acciones de protección de los derechos fundamentales en beneficio de los nacionales de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina en materia de apoyo consular recíproco, así como los relacionados con la seguridad social y las garantías laborales; y

b) El intercambio de información sobre asuntos migratorios concernientes a los nacionales de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina que por diverso motivo se encuentren fuera de su país de origen.

Artículo 4.- En virtud de la presente Decisión todo nacional de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, que se encuentre en el territorio de un tercer Estado, o en una localidad en la que su país de origen no tenga Representación Diplomática ni Consular, podrá acogerse a la protección de las autoridades diplo­máticas o consulares de cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina, en lo que concierne a las acciones establecidas en el artículo 7 de la presente Decisión.

Artículo 5.- Para el mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Decisión, los Jefes de la Oficina Consular de los Países Miembros de la Comunidad Andina en donde éstos tengan Representación Diplomática o Consular deberán reunirse de manera periódica.

Estas reuniones se desarrollarán tanto en los Países Miembros de la Comunidad Andina como en terceros países. Los Jefes de la Oficina Consular de los Países Miembros de la Comunidad Andina, acreditados ante un tercer Estado, además de efectuar las coordinaciones pertinentes entre sí, efectuarán representaciones consulares conjuntas ante las autoridades migratorias y consulares competentes del país receptor. Dichas representaciones propenderán a promover políticas migratorias para la regularización de la situación migratoria de los nacionales de los países andinos. En el caso de los Jefes de Oficina Consular acreditados ante un País Miembro de la Comunidad Andina, las reuniones periódicas se llevarán a cabo entre los Jefes de Misión acreditados en esa circunscripción consular y la autoridad migratoria del País Miembro que los acoge.

Artículo 6.- La instrumentación de las acciones a que se refiere el Capítulo IV de la presente Decisión se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) El respeto a los principios y normas del derecho internacional y en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

b) La solidaridad y la cooperación entre los Países Miembros;

c) La defensa y promoción de los derechos humanos;

d) La consolidación de una identidad común andina; y

e) La flexibilidad y gradualidad para abordar progresivamente las acciones conforme a las posibilidades de los servicios consulares de los Países Miembros.

Artículo 7.- Inicialmente quedan definidas como materia de este mecanismo de cooperación consular, las siguientes acciones a favor de los nacionales de Países Miembros de la Comunidad Andina que no cuenten con Representación Consular de su país de origen en la localidad en que se encuentren y así lo soliciten:

a) Proteger sus intereses en el país receptor dentro de los límites establecidos por el Derecho Internacional y por la legislación interna del mismo;

b) Brindarles la orientación jurídico-legal primaria sobre el ordenamiento normativo local y, de ser el caso, procurar que cuenten con la defensa de oficio del país receptor;

c) Gestionar asistencia material y de salud por parte de las autoridades de beneficencia del país receptor, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales con fines humanitarios a favor de aquellos que se encuentren en situación de indigencia;

d) Prestar asistencia a aquellos que son víctimas de catástrofes naturales, estados de guerra, o de delitos internacionales, tales como el trata de personas;

e) Procurar la ubicación o localización de personas en la jurisdicción a solicitud de los familiares o de las autoridades pertinentes del país de origen. Para la facilitación de esta labor, los nacionales de los Países Miembros deberán registrarse en las Oficinas Consulares respectivas;

f) Velar por el bienestar y las condiciones adecuadas de detención de aquellos que se encuentren encausados, procesados, detenidos o sentenciados en la jurisdicción de la Oficina Consular correspondiente, así como de la aplicación del debido proceso y el derecho a la defensa;

g) Informar a las autoridades del país de origen del nacional andino en situación de indigencia sobre dicha situación, para coordinar, de ser el caso, acciones que se deriven de ello, incluyendo el iniciar los trámites de repatriación;

h) Representarlos o tomar las medidas convenientes a solicitud de parte para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;

i) Intervenir en el marco de la legislación interna y de los compromisos interna­cionales ante las autoridades locales en los países extracomunitarios a favor de los nacionales andinos que lo requieran;

j) Mantener contacto con los nacionales de los Países Miembros a fin de preservar e incentivar la identidad andina, realizando actividades de promoción en este sentido;

k) Efectuar, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen del solicitante, la legalización de firmas de las autoridades del país receptor. El modelo de la firma del funcionario consular actuante deberá ser puesto en conocimiento de dicho Ministerio para su respectiva validación y reconocimiento;

l) Otorgar salvoconducto para facilitar el retorno al país de origen o de residencia a los nacionales de Países Miembros, previa autorización del caso por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen del solicitante. Dichos salvoconductos tendrán similar formato para todos los Países Miembros, donde aparezca el nombre “Comunidad Andina” y serán expedidos a nombre del País Miembro del cual el nacional andino es originario;

m) Aunar esfuerzos para defender a los connacionales andinos en aquellas situa­ciones en que se vean afectados sus derechos humanos, garantías individuales o normas laborales internacionalmente reconocidas; así como para combatir manifestaciones de racismo o xenofobia que puedan presentarse; y

n) Ejercer las demás funciones encomendadas por un País Miembro a la Oficina Consular de otro País Miembro, que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del país receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el país del cual es originario el nacional andino y el país receptor.

Artículo 8.- Los Países Miembros deberán informar oportunamente y por la vía diplomática a los terceros países en cuyos territorios se ejercerá la cooperación consular materia de esta Decisión, sobre los alcances de la misma, así como obtener previamente el consentimiento expreso del país receptor de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Artículo 9.- Los aspectos operativos que demanden la ejecución de las acciones previstas en el artículo 7 de la presente Decisión, conforme la práctica lo demande, serán objeto de Reglamentación mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 10.- Las disposiciones de la presente Decisión serán aplicables para los Consulados de carrera y Secciones Consulares de las Embajadas de los Países Miembros, y solamente de manera excepcional para los Consulados honorarios de los mismos.

Artículo 11.- La Secretaría General de la Comunidad Andina, con base en la infor­mación que remitan los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros, deberá elaborar y mantener actualizado un listado de las sedes diplomáticas y consulares con las que cuenta cada País Miembro en el mundo y la circunscripción consular que abarcan, para su divulgación entre los Países Miembros. Dicho listado tendrá un carácter referencial.

Las modificaciones que se produzcan en cuanto a las jurisdicciones y aperturas y cierres de las sedes diplomáticas o consulares deberán ser comunicadas inmedia­tamente a la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como a los restantes Países Miembros, a través de las Oficinas de Asuntos Consulares de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

Los listados actualizados de Consulados en terceros países, se podrán publicar en el sitio web de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros y de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 12.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1º de enero del año 2004. Los Países Miembros se obligan a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su cumplimiento.

Única.- El Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM) realizará el seguimiento sobre el desarrollo de lo previsto en la presente Decisión y, de ser el caso, propondrá al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores las acciones pertinentes para que de manera progresiva se perfeccione el Mecanismo y amplíe su acción.

Única.- La Secretaría General dispondrá de noventa días contados a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena para elaborar, sobre la base de la información que le deberán remitir los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros, un listado con las Oficinas Consulares de los Países Miembros de la Comunidad Andina en el mundo, en la que se incluya la respectiva circunscripción consular en la que cada oficina desarrolla su actividad.

Dada en el Recinto Quirama, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres.