La decisión de alcanzar un Mercado Común Andino a más tardar a finales del año 2005, requiere también de avances consistentes en los ámbitos del desarrollo social, de la seguridad y de la administración de justicia.

En tal sentido el Programa de Acción adoptado mediante la Decisión 505 tiende a fortalecer las estrategias nacionales y binacionales, además de desarrollar una estrategia comunitaria que se instrumentará mediante la adopción de Planes Operativos anuales.

En noviembre de 2001 el Comité Ejecutivo, constituido a nivel de Viceministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 505, adoptó el Plan Operativo para el año 2002.

Dicho Plan aborda cuatro aspectos sustanciales de la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas y sus delitos conexos:

a) Control de Precursores e Interdicción;
b) Erradicación y desarrollo alternativo;
c) Reducción de la demanda y lavado de activos; y
d) Agenda internacional

En el área del control de precursores e interdicción en líneas generales se busca establecer un mecanismo andino de intercambio de información , además de fortalecer el intercambio de inteligencia entre las autoridades competentes de los Países Miembros, profundizar la coordinación entre las autoridades nacionales responsables de la lucha contra las drogas ilícitas, promover la capacitación en común de los funcionarios nacionales responsables de la lucha contra las drogas ilícitas y propiciar acuerdo de asistencia judicial en materia penal e impulsar los existentes.

En el área de la erradicación y desarrollo alternativo los Países Miembros buscan que el principio de la responsabilidad compartida se exprese en la apertura de oportunidades ampliadas de mercado para los productos del desarrollo alternativo, coadyuvar con la ejecución de los planes y estrategias nacionales y Subregionales de desarrollo alternativo, y establecer un sistema de monitoreo de zonas con presencia de cultivos ilícitos.

Adicionalmente, la Subregión deberá tomar en consideración el problema del desplazamiento de los cultivos ilícitos, especialmente a nivel fronterizo, para evitar de manera conjunta, a través de una información adecuada y oportuna, que el fenómeno de los cultivos ilícitos migre y se reinstale de un país a otro.

En lo que a reducción de la demanda y lavado de activos se refiere, se busca consolidar un sistema normativo e institucional que permita el diseño de instrumentos de reducción del consumo de drogas, así como sistemas de planificación y de financiamiento que generen políticas públicas de estado en prevención del uso indebido de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de drogodependientes, además de acentuar el intercambio de experiencias exitosas, la cooperación y coordinación entre las autoridades de los países Miembros.

En materia de lavado de activos se busca diseñar herramientas para luchar contre el lavado de activos que permitan consolidar un sistema normativo fundamentado en la prevención, control y represión de este delito, propiciándose también el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia técnica horizontal.

En el ámbito de la agenda internacional los Países Miembros buscan coordinar sus posiciones en foros y reuniones internacionales, conforme a lo dispuesto por la Decisión 458, frente al problema mundial del uso indebido, la producción, tráfico y distribución ilícitos de droga y sus modalidades conexas.

Al respecto, es importante recordar que los Países Miembros en el marco de la Política Exterior Común (Decisión 458 de mayo de 1999) han dado prioridad al el tratamiento conjunto del tema droga en la agenda internacional.

En dicho marco, la agenda pendiente es por demás importante para los Países Miembros, tanto en lo que se refiere al acceso a mercados, como en lo concerniente al tratamiento del acervo jurídico multilateral en la materia y al diálogo político referente al tema del narcotráfico.