La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de la Cumbre de las Américas de 1996 que indica que "las estrategias de desarrollo necesitan incluir la sustentabilidad como un requerimiento esencial para la obtención, balanceada e interdependiente, de objetivos económicos, sociales y medio ambientales";

El Principio 10 de la Declaración de Río sobre participación, adoptado por más de 120 Jefes de Estado en 1992, sobre el acceso a la información, proceso y justicia;

La Declaración Ministerial de Buenos Aires del 2001 que reafirma el compromiso de los Estados con el principio de transparencia del proceso ALCA y reconoce la necesidad de una participación creciente de los distintos sectores de la sociedad civil en la iniciativa hemisférica;

Los instrumentos regionales tales como la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (OEA-ISP);

El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por los gobiernos del hemisferio en Perú en el 2001 que señala que: "Es el derecho y responsabilidad de todos los ciudadanos participar en la toma de decisiones relacionadas con su propio desarrollo";

La Resolución 1852 (2002) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Incremento y Reforzamiento de la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y la Resolución 1668 (1999) sobre el Reforzamiento de la Cooperación entre Gobiernos y la Sociedad Civil; y

Considerando que el acceso a la información de la sociedad civil es crucial para el éxito y democratización de las negociaciones y debe ser la regla general del ALCA;

Enfatizando el compromiso de los ministros de actuar con transparencia manifestado en San José, Costa Rica, en marzo de 1998, para facilitar la participación de los diferentes sectores sociales y destacando en este sentido la difusión del texto de negociación, después de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires;

Reconociendo que la construcción de la integración debe asegurar la satisfacción de los intereses de los Estados participantes, tomando en cuenta las diferencias socioeconómicas existentes;

Convencidos de que el proceso del ALCA debe construirse en el marco de un diálogo y participación efectivos entre gobernantes y gobernados y que la integración económica no puede ser exitosa mientras no considere la diversidad de las realidades sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales de las naciones del Hemisferio;

Concientes de que la integración comercial debe ir de la mano del fortalecimiento institucional en materia ambiental y social;

Y reafirmando que el bienestar común y la calidad de vida de los seres humanos constituye el fin último de todo proceso de desarrollo económico, y que los gobiernos están al servicio de sus ciudadanos;

La negociación sobre derechos de propiedad intelectual debe buscar un equilibrio entre su función de protección de la propiedad intelectual y de divulgación de la información, incluyendo el conocimiento tecnológico.

La negociación deberá tomar en cuenta los intereses de los innovadores, los usuarios de la tecnología y la sociedad civil. En tal sentido se recomienda incluir provisiones que garanticen que los derechos de Propiedad Intelectual sean coherentes con los derechos humanos, los objetivos de políticas públicas nacionales, los principios del desarrollo sostenible y la equidad entre las partes interesadas.

1. En cuanto al acceso a los recursos genéticos y la propiedad intelectual:

a) Que los Ministros reafirmen los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos biológicos y genéticos así como la facultad que tienen los Estados de regular sobre estas materias de conformidad con su legislación nacional y sus compromisos y obligaciones internacionales;

b) Que se incluyan cláusulas que exijan la certificación legal del acceso y el consentimiento informado previo como requisitos sustantivos para la concesión de dichos derechos, así como la nulidad de los derechos concedidos en violación a tales exigencias;

c) Que, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son sistemas que otorgan derechos monopólicos sobre la innovación, se exploren mecanismos legales e institucionales equivalentes, para la protección de la información proveniente de la biodiversidad;

2. En cuanto a la protección del conocimiento tradicional:

a) Que se reafirmen los derechos de las comunidades indígenas y locales a disponer sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas;

b) Que se incorporen en las normas de propiedad intelectual medidas para condicionar el otorgamiento de dichos derechos al cumplimiento de la normativa de acceso y protección de conocimientos tradicionales;

c) Que se establezca un régimen jurídico sui géneris para proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales;

3. En cuanto a la protección de los derechos sobre variedades vegetales:

a) Que el sistema de propiedad intelectual que establezcan los Estados reconozca las obligaciones por ellos contraídas bajo el marco de otros acuerdos multilaterales, tales como la creación de sistemas sui géneris que consideren entre otros, los objetivos de política pública en la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, la distribución justa y equitativa de beneficios, y la realización de los derechos del Agricultor;

b) Que no se exijan obligaciones a los Estados en cuanto al cumplimiento de las disposiciones del Convenio de UPOV (Acta 78 o 91);

4. En cuanto a la transferencia de tecnología:

a) Que se incluya la transferencia de tecnología como un objetivo fundamental del ALCA. En tal sentido la existencia de derechos de Propiedad Intelectual no debe menoscabar o impedir la transferencia de tecnología;

b) Que se establezcan mecanismos legales que promuevan e incentiven la adquisición y transferencia de tecnología, incluyendo reducciones impositivas, facilitación de alianzas estratégicas, utilización de licencias obligatorias y programas de capacitación tecnológica;

Las inversiones son cruciales para el desarrollo sostenible en el hemisferio. Para promover un desarrollo sostenible, el régimen de inversión debe incluir entre otros, los siguientes principios:

• El equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los inversionistas y de los Estados Partes

• La no-discriminación entre inversionistas domésticos y extranjeros

1. Clarificar las reglas substantivas del régimen de inversiones para preservar la capacidad de los Estados para regular asuntos de interés público;

2. Definir las responsabilidades del Estado del inversionista con relación al desempeño ambiental y social de sus nacionales, particularmente para evitar los dobles estándares internacionales;

3. Crear un mecanismo abierto y transparente de solución de controversias entre Estados con una instancia de apelación, dentro de la institucionalidad del ALCA, y que incluya un fondo a fin de cubrir los costos de litigios en caso de necesidad;

4. Asegurar la obligación de las partes de no disminuir las exigencias de sus normas ambientales y sociales con el fin de atraer inversiones. Esta obligación deberá estar acompañada de mecanismos efectivos para asegurar su cumplimiento.

Reconociendo las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las naciones del hemisferio, se debe asegurar el trato especial y diferenciado a las economías más vulnerables.

Los subsidios perversos, que tienen consecuencias negativas en los aspectos económicos, sociales y ambientales, constituyen un mecanismo inequitativo que impiden que los países en desarrollo puedan competir en igualdad de condiciones dentro del ALCA.

1. Que el proceso de liberalización del comercio vaya acompañado de políticas de fomento empresarial, con énfasis en la pequeña y mediana industria, y de asistencia técnica que aseguren que los sectores productivos de los países menos desarrollados puedan acceder competitivamente a los mercados;

2. Se debe adoptar el principio precautorio con el objeto de evitar los posibles efectos negativos del comercio al desarrollo sostenible;

3. Se debe acordar la eliminación de los subsidios perversos, y en especial los relacionados con el sector agropecuario, sin perjuicio de regular el uso racional de incentivos cuando son utilizados para promover procesos productivos sostenibles y equitativos;

4. La armonización de las normas de calidad o desempeño ambiental debe ser progresiva y gradual tomando en cuenta el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

Las evaluaciones de sostenibilidad constituyen herramientas precisas y completas para la elaboración de políticas comerciales, identificando los potenciales costos económicos generados por problemas ambientales y sociales. Además permiten anticipar impactos ambientales graves y/o irreversibles, como por ejemplo el colapso de ciertas pesquerías y el agotamiento de acuíferos en el hemisferio.

1. Que el Comité Tripartito establezca un proceso oficial de evaluación de la sostenibilidad del acuerdo, antes y en el caso de entrar en vigencia, después del ALCA. Esta evaluación debe construirse sobre la base de las experiencias y las metodologías desarrolladas dentro y fuera del hemisferio (como por ejemplo aquellos promovidos y utilizados por el PNUMA, la Unión Europea, CEPAL, el Stockholm Environment Institute, y WWF) , considerando:

2. Se debe considerar la evaluación y las experiencias de los procesos de liberalización comercial existentes;

3. El proceso del ALCA debe apuntar a incrementar las capacidades institucionales de las naciones del hemisferio para evaluar los impactos de las políticas comerciales.

1. Que se establezcan los siguientes mecanismos concretos para la participación pública informada en las negociaciones del ALCA:

a. Otorgar a los representantes de la sociedad civil la calidad de observadores en los Grupos de Negociación, el Comité de Negociación Comercial y las Reuniones Ministeriales. En este sentido sirve como ejemplo la experiencia de participación en los Sub Grupos de Trabajo del MERCOSUR y en los procesos de participación del TLCAN;

b. Crear mecanismos efectivos para asegurar el derecho a respuesta fundamentada de las contribuciones de la sociedad civil presentadas a las instancias de negociación del ALCA;

c. Generar mecanismos transparentes de difusión de información, tales como: inclusión de las contribuciones de la sociedad civil en la página de internet del ALCA, preparación de índices de presentaciones de la sociedad civil, y publicación de los resúmenes de las reuniones;

d. Instruir al Comité Técnico Sobre Temas Institucionales a establecer un cuerpo asesor de expertos;

e. Adoptar, por lo menos, la política de la OMC de hacer públicos sus documentos;

f. Facilitar a la sociedad civil el seguimiento de las negociaciones durante la última etapa; y en particular circular actualizaciones al texto borrador;

g. Recomendar al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos inter-gubernamentales destinar fondos para facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de negociaciones;

h. Alentar a los gobiernos a incluir representantes de la sociedad civil en las delegaciones nacionales negociadoras;

2. Que se instituyan y fortalezcan mecanismos consultivos regionales y subregionales, substantivos y efectivos, incorporando las iniciativas de la OEA.

3. Que se instituyan y fortalezcan mecanismos consultivos substantivos y efectivos a nivel nacional que instrumenten la participación de la sociedad civil en los diversos temas relativos al proceso de negociación del ALCA.

4. Que se establezcan instancias y mecanismos de participación pública que permitan considerar los intereses y posiciones de actores no gubernamentales en los mecanismos de solución de controversias del ALCA. En particular, se debe reconocer el derecho de actores no gubernamentales de ser parte de los procesos de solución de controversias y presentar amici curiae.

5. Que se actúe en conformidad con los compromisos adoptados consistente y reiteradamente por los Jefes de Estado y receptados por instrumentos internacionales y normas nacionales para integrar la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, en el ALCA, los Ministros deberán analizar, desarrollar y establecer un mecanismo institucional permanente de cooperación ambiental a nivel hemisférico, con los siguientes propósitos:

a. Recopilar y difundir información y realizar investigaciones, y evaluaciones respecto de comercio y desarrollo sostenible;

b. Coordinar la asistencia técnica;

c. Consultar y colaborar con los organismos e instituciones ambientales regionales, subregionales y nacionales;

d. Interactuar y consultar regularmente con la sociedad civil en la formulación e implementación de su plan de trabajo, y en el abordaje de cuestiones ambientales transfronterizas.

El Foro Hemisférico de Comercio y Ambiente reunido en Quito* el 29 y 30 de octubre, 2002, solicita que este documento se difunda en la página de internet del ALCA y que obtenga una respuesta fundamentada durante la próxima reunión Viceministerial.*

EL FORO HEMISFÉRICO DE COMERCIO Y AMBIENTE
A LA VII CONFERENCIA MINISTERIAL DEL ALCA*
Quito Ecuador, 31 de octubre, 2002