Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Rio, reunidos en la XVI Cumbre realizada en la Ciudad de San José, los días 11 y 12 de abril de 2002, comprometidos con los principios y objetivos contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro del 18 de diciembre de 1986, y en el Acta de Veracruz del 19 de marzo de 1999:

1. Renovamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo al Grupo de Río como el principal mecanismo de diálogo y concertación política de América Latina y el Caribe e interlocutor válido de la región ante otras regiones y foros internacionales.

2. Reafirmamos nuestro compromiso irrevocable con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos.

3. Reiteramos que la consolidación, preservación y promoción de la democracia constituyen condiciones fundamentales para asegurar la justicia, la equidad, la libertad, la paz y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Por ello, saludamos la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, y nos comprometemos a continuar realizando esfuerzos que conduzcan a reforzar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en los países de la región.

4. Reiteramos nuestro reconocimiento de la validez universal de los derechos humanos y nuestro compromiso con el pleno goce de los mismos, por encima de cualquier limitación política, cultural o de desarrollo. En ese contexto manifestamos nuestra decisión de mejorar y fortalecer los mecanismos para su defensa y promoción, tanto en el Sistema Interamericano como en el de las Naciones Unidas.

5. Ratificamos, particularmente, nuestro interés en el estudio y la identificación de eventuales reformas para el mejor funcionamiento y optimización de los mecanismos extraconvencionales de las Naciones Unidas, así como para el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Las conclusiones de este proceso constituirán un aporte al trabajo del GRULAC ante la CDH en Ginebra.

6. Destacamos la entrada en vigor del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, al haberse logrado la ratificación del mismo por más de 60 Estados. Resaltamos la importancia histórica de la puesta en marcha de esta jurisdicción penal internacional permanente que investigará y sancionará a los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Instamos a los países que no se han adherido o ratificado dicho Estatuto, que consideren hacerlo prontamente. Simultáneamente, exhortamos a los Estados a que mantengan y amplíen su colaboración en la persecución y juzgamiento de los presuntos responsables de delitos tipificados en otros instrumentos internacionales en vigor.

7. Reafirmamos nuestro irrestricto compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas y manifestaciones, y reiteramos que la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas, son factores necesarios para la consolidación, estabilidad, prestigio y credibilidad de las instituciones democráticas, y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Por ello, convenimos en fortalecer nuestra cooperación para evitar la impunidad de los actos de corrupción, de acuerdo, inter-alia, con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y con los objetivos de su Mecanismo de Seguimiento. Asimismo, realizaremos consultas periódicas con el propósito de que nuestra región mantenga una activa participación en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

8. Condenamos y rechazamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y respaldamos las medidas de cooperación y coordinación regional e internacional para combatirlo dentro del marco del estricto apego a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y demás normas y principios del Derecho Internacional, y de acuerdo con las resoluciones e instrumentos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano y otras iniciativas pertinentes en la materia. Especialmente, mediante el establecimiento de mecanismos para el intercambio de información y cooperación judicial que permitan prevenir y reprimir los actos de terrorismo. El combate al terrorismo también se fundamenta en la promoción de una cultura de paz, tolerancia y solidaridad. Acordamos impulsar la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo durante la XXXII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Barbados.

9. Renovamos nuestro compromiso en la lucha contra el problema mundial de las drogas, incluyendo las sintéticas, reconociendo la necesidad de desarrollar acciones conjuntas contra las distintas facetas de este flagelo, sobre la base del principio de la responsabilidad compartida, el tratamiento integral del problema y la cooperación. Reafirmamos nuestra convicción sobre la imperiosa necesidad de coadyuvar eficazmente a la sostenibilidad del desarrollo alternativo, a través de una mayor apertura de los mercados para los productos de sustitución. Igualmente, resaltamos la necesidad de atacar otro tipo de actividades delictivas que se vinculan con esta problemática y que la potencian, como son, el tráfico de armas, el crimen transnacional, el lavado de activos y el terrorismo. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo al CICAD y su mecanismo de evaluación multilateral, por considerar que sus trabajos constituyen un valioso aporte a la cooperación multilateral en esta materia.

10. Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales a favor del desarme, y la no proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, acordamos profundizar medidas de fomento de la confianza y la seguridad, tanto bilaterales como regionales, y globales, particularmente en el seno de la Organización de los Estados Americanos y en las Naciones Unidas, donde la participación en el registro de armas convencionales constituye un importante aporte a la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, reiteramos la importancia de las fórmulas de homologación de los sistemas de contabilidad de los gastos militares.

11. Apoyamos la propuesta para una efectiva y gradual limitación de gastos de defensa en la región que conduzca a la utilización de parte de los presupuestos militares para combatir la pobreza, mediante el impulso de programas de educación, salud y otros beneficios sociales para los habitantes, tomando en cuenta las necesidades de seguridad de cada país y los niveles actuales del gasto. En ese sentido, saludamos los avances que se vienen desarrollando, y se sigan desarrollando en el futuro, tanto a nivel bilateral como multilateral, para concretar este objetivo establecido en la Declaración de Santiago, y acordamos intercambiar información sobre las iniciativas y acciones que se adopten por nuestros países para llevar adelante esta propuesta.

12. Reiteramos nuestra profunda preocupación por el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y renovamos la decisión política de prevenir, combatir y eliminar este tráfico, en concordancia con el Plan de Acción de la Conferencia respectiva de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.

13. Valoramos los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en la Ciudad de Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo, que constituyen una oportunidad histórica y clave para emprender una renovada asociación destinada a lograr un nuevo trato global para alcanzar un mundo más justo, equitativo y democrático. Por ello, instamos a todos los países a dar pleno cumplimiento al Consenso resultante de dicha Conferencia e instruimos a nuestros Ministros responsables en esa materia a actuar coordinadamente en el seguimiento y aplicación del mismo.

14. En dicho contexto, coincidimos en señalar, que es especialmente urgente la aplicación de las siguientes medidas: la apertura de los mercados a las exportaciones de bienes y servicios originarios de nuestros países, en particular los provenientes del sector agrícola; la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, los subsidios injustificados y las medidas defensivas que distorsionan y afectan el normal desarrollo de nuestro comercio, el otorgamiento de un trato especial y diferenciado, entre otras, a las pequeñas economías del continente, el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD); y la búsqueda de mecanismos innovadores para hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo, incluidos los de ingresos medios. Debemos además, asegurar el buen gobierno y el Estado de Derecho, el equilibrio fiscal y monetario; así como fortalecer la cooperación sur-sur, dando especial atención a la mutua liberalización comercial y a la recíproca apertura a las inversiones. Finalmente, solicitamos a los Organismos Financieros Internacionales proporcionar información oportuna y transparente, recursos frescos y mecanismos eficientes que permitan prevenir, encauzar y aliviar las crisis financieras, para de esta manera contribuir al fortalecimiento del sistema financiero internacional y a la creación de una nueva alianza mundial, que apoye decididamente el proceso de desarrollo de todos nuestros países.

15. Apoyamos los resultados de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Doha, Qatar, y realizaremos los mayores esfuerzos para que la nueva ronda de negociaciones incorpore la dimensión del desarrollo y concluya de manera exitosa en materias de importancia como son la apertura de los mercados desarrollados a los productos agrícolas, textiles y otros productos, el trato especial y diferenciado, la solución de controversias, servicios y medidas de aplicación, con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de un sistema multilateral de comercio más justo, transparente y equitativo.

16. Enfatizamos la importancia de las negociaciones tendientes a la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el año 2005, y asignamos la mayor prioridad a aquellas que se desarrollan en los esquemas de integración subregional o regional, y entre ellos, que permitirán consolidar los esfuerzos nacionales de apertura y generarán una nueva relación económico-comercial entre nuestros países posibilitando conseguir mejores niveles de crecimiento, desarrollo y modernización de nuestras economías.

17. Expresamos nuestro respaldo a la II Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, que se realizará en Madrid, España, los días 17 y 18 de mayo de 2002. Consideramos que la Cumbre de Madrid es la oportunidad propicia para concretar una verdadera asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. En este contexto subrayamos la importancia de los Acuerdos de Asociación, que redimensionarán y adecuarán el diálogo político, las relaciones económicas y financieras y la cooperación birregionales a las nuevas realidades y necesidades que exige el Siglo XXI.

18. En ese sentido, nos congratulamos por la implementación del Acuerdo de Asociación entre México y la Unión Europea, el Acuerdo de la Unión Europea con los países del Caribe, y por los avances de los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con Chile, y con el MERCOSUR. Asimismo, apoyamos las gestiones orientadas a establecer Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con la Comunidad Andina y con Centroamérica.

19. Reiteramos que la próxima Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, a celebrarse en Johanesburgo, del 26 de agosto al 4 de setiembre de 2002, constituye una oportunidad única para poner en práctica la Agenda 21 y para que la Comunidad Internacional apruebe un programa de implementación concentrado en la acción, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el cual contemple inter-alia una mayor cooperación internacional a fin de establecer sistemas de alerta temprana para prevenir y mitigar los desastres naturales y los efectos adversos del cambio climático, en particular la fragilidad de los ecosistemas de montañas. Asimismo, esperamos que en esta Cumbre Mundial podamos contar con la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. Ratificamos nuestra decisión de trabajar coordinadamente en esta Cumbre Mundial.

20. Reiteramos nuestra preocupación expresada ya en otros foros internacionales sobre los riesgos que implica el tránsito de material radioactivo y desechos peligrosos por rutas cercanas a nuestras costas o vías navegables de los países miembros. A este respecto, instamos a la comunidad internacional a seguir trabajando a fin de completar el actual ordenamiento jurídico internacional en materia de medidas de seguridad aplicables a este transporte.

21. Reconocemos la importancia de la participación de los diferentes actores de la sociedad civil y sus organizaciones en la profundización y consolidación de la democracia. Reafirmamos nuestra decisión de fortalecer el papel de la sociedad civil en nuestros países, así como su creciente contribución en la elaboración, evaluación y ejecución de las políticas públicas, y en su participación en los foros internacionales, para lo cual continuaremos analizando estos temas.

Fortalecimiento Familiar y Lucha contra la Pobreza

22. Reafirmamos el consenso expresado en el Acta de Veracruz de que la pobreza constituye una injusticia social y una amenaza potencial para la estabilidad de nuestros países, y que su erradicación es una responsabilidad global que requiere atención urgente. En este sentido, manifestamos la relevancia de tomar en cuenta el carácter multicausal y heterogéneo de la pobreza para diseñar las políticas públicas y fortalecer la institución familiar. Reconocemos que las condiciones y transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales de la sociedad inciden en las familias, dentro de una concepción pluralista conforme a las distintas políticas de Estado y acuerdos internacionales sobre el tema.

23. Destacamos la importancia del grupo familiar, como elemento natural y fundamental de la sociedad, medio de transmisión de valores, punto de encuentro entre generaciones y marco indispensable para el desarrollo integral de la persona.

24. Reconocemos que la pobreza atenta contra los derechos fundamentales de las personas y desvaloriza la dignidad humana. Por ello, como una prioridad para nuestros Estados, seguiremos impulsando políticas públicas que fortalezcan las capacidades individuales de los miembros del grupo familiar, y continuaremos instrumentando estrategias para el combate a la pobreza y sus efectos excluyentes. Estamos conscientes que fomentar el logro equitativo y el pleno disfrute de los derechos humanos al interior de la familia contribuye al desarrollo humano.

25. Continuaremos fortaleciendo la inversión y los esfuerzos por lograr mejoras sustantivas en el acceso y calidad de la educación convencidos que es el único medio capaz de generar mejores ciudadanos, y asegurar una mayor igualdad de oportunidades así como también un sistema efectivo de compensación de las desigualdades sociales y un determinante básico de la competitividad y el desarrollo de las naciones disminuyendo brechas internacionales.

26. Expresamos nuestro compromiso con la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, consagrados en instrumentos jurídicos internacionales y en las Conferencias Sociales de las Naciones Unidas.

27. Reafirmamos el deber del Estado de proteger y apoyar a las familias, para lo cual promoveremos políticas públicas, con un enfoque integral de combate a la pobreza, basadas en las necesidades de las personas que las integran y garantizando sus derechos. La dimensión urbano-rural y el carácter pluricultural y multiétnico de nuestras sociedades deben ser tomados en consideración en esas estrategias.

28. En este sentido, reafirmamos la necesidad de incorporar el enfoque de género en el diseño y ejecución de nuestras políticas, en las tareas para el desarrollo económico y social, así como para la superación de la pobreza. Reiteramos la necesidad de profundizar el intercambio de experiencias, información y programas en este campo, revalorizando el papel de la mujer en todos los ámbitos.

29. Reconocemos que el fenómeno migratorio es una causa de desintegración familiar y de los cambios de los patrones intrafamiliares, por lo que consideramos conveniente analizar esta variable de manera integral, así como los efectos psico-sociales, económicos y culturales que se derivan de la misma para que sean considerados en la definición de políticas nacionales y de acciones internacionales que contribuyan a la atención y el fortalecimiento de los núcleos familiares desde esta perspectiva.

30. Preocupados por la situación existente en la región debido a la creciente migración de ciudadanos latinoamericanos y caribeños hacia otras regiones, acordamos adelantar conversaciones con la Comunidad Europea, y con los Estados Unidos de América, para analizar los diferentes aspectos que plantea esta problemática y la búsqueda de soluciones tendientes a regularizar la situación migratoria de dichos ciudadanos y apoyar medidas de generación de empleo en los países de origen a fin de evitar la migración irregular.

31. Reafirmamos que el libre comercio es una condición esencial para la generación de recursos genuinos capaces de reducir eficazmente la pobreza. Para ese fin, reiteramos la importancia de la concertación de nuestros países en los distintos foros internacionales pertinentes.

32. Reconocemos la importancia del tema de la paternidad responsable y de la educación sexual integral y responsable, respetando el derecho y el deber de los padres en la educación de sus hijos.

33. Promoveremos programas de apoyo a las adolescentes madres a fin de que se incorporen y permanezcan en el sistema educativo, como una herramienta para mejorar sus posibilidades de desarrollo individual y social, así como el de sus hijos.

34. En este marco, decidimos intercambiar las buenas experiencias que se están poniendo en práctica para combatir la pobreza y en ese contexto fortalecer la familia. Además coincidimos en la importancia de poner en práctica los mecanismos de cooperación que permitan ese intercambio y asesoría técnica, con el objetivo de avanzar en la reducción de la pobreza y asegurar el bienestar de nuestras familias.

35. Reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación del Presidente Alejandro Toledo, para realizar en el Perú, en el año 2003, la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Rio.

36. Agradecemos el gentil ofrecimiento del Gobierno de Brasil de ser anfitrión de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio en el año 2004.

37. Los Jefes de Estado y de Gobierno, expresamos nuestra felicitación por la excelente organización de esta Reunión Cumbre, y nuestros agradecimientos al Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, Presidente de la República de Costa Rica, y al pueblo costarricense por la cálida hospitalidad que hemos recibido en la ciudad de San José.

38. Acordamos que este documento sea conocido como la "Declaración de San José".