Declaración de
Seguridad Ciudadana en Sudamérica
Fortaleza, 26.08.2005
Primera Reunión de Jefes de Estado de la
Comunidad Sudamericana de Naciones
Brasilia, 30 de setiembre de 2005
En el ámbito de la Comunidad Sudamericana de
Naciones (CASA), creada por la Declaración
de Cusco de diciembre 2004, y aplicándose el
punto 10 de la Declaración de Ayacucho, de
la misma ocasión, la cual acordó la
realización de una reunión sobre Seguridad
Ciudadana y temas afines en Brasil, los
Ministros de Justicia, de Interior, Defensa
y de Seguridad Ciudadana de los Países de la
CASA reunidos en Fortaleza, los días 25 y 26
de agosto de 2005, considerando:
QUE los Jefes de Estado de los países
sudamericanos reiteraron en ocasión de la
Cumbre realizada en el Cusco la necesidad de
promover el acceso a mejores niveles de vida
de sus pueblos y de desarrollo económico, el
cual debe entenderse de una manera integral
que comprende asegurar una más justa y
equitativa distribución del ingreso, el
acceso a la educación, la cohesión y la
inclusión social, así como la preservación
del medio ambiente y la promoción del
desarrollo sostenido;
QUE reconocen el trabajo desarrollado en el
ámbito del Mercosur, de la Comunidad Andina
y de otros foros intergubernamentales e
internacionales y que, por lo tanto, se
deben integrar los mismos para asegurar la
participación de todos los países del
subcontinente con el fin de intercambiar
estrategias en la materia;
QUE en dicho proceso de integración de
experiencias, la responsabilidad estatal es
protagónica, originaria e indelegable,
debiéndose contar con el invalorable aporte
de la participación comunitaria y la
asistencia técnica y financiera de los
organismos internacionales;
QUE es derecho inalienable de los pueblos de
los países sudamericanos contar con las
condiciones que garanticen su desarrollo en
un ambiente de paz, con buena calidad de
vida, libre de la violencia y de la
criminalidad;
QUE la seguridad es una condición necesaria
para el ejercicio de la libertad y, por lo
tanto, indispensable para el desarrollo de
las ciudadanas y de los ciudadanos en una
sociedad democrática. No existe una
democracia sin libertad, y es imposible la
libertad sin seguridad;
QUE desde el punto de vista conceptual, las
formas de tratamiento de la Seguridad
Ciudadana están en permanente proceso de
evolución en todos los países de Sudamérica.
A la preocupación por la seguridad del
Estado, se sumó la preocupación por la
seguridad de los ciudadanos, con valores
propios, en el marco del respeto a la ley y
la protección de los derechos humanos. La
evolución política y el desarrollo de
paradigmas universales ponen el foco de
atención de la Seguridad Ciudadana en la
construcción de una cultura para la
convivencia en paz, de reconocimiento a la
dignidad humana y al sistema democrático.
Por esa razón, se hace necesario construir
prácticas dirigidas a garantizar a los
ciudadanos el libre ejercicio de sus
derechos y libertades así como el
cumplimiento de sus deberes, en un medio sin
amenazas y riesgos que permita el
restablecimiento de la confianza comunitaria
e institucional.
QUE la participación ciudadana es un
elemento clave para avanzar en la
consolidación de valores y normas
comunitarias, como el respeto y la
solidaridad, que han sido tradicionales en
las comunidades sudamericanas;
QUE en muchos países, históricamente, la
seguridad prestada por el Gobierno al
ciudadano fue insuficiente, concentrándose
en las fuerzas policiales de forma aislada y
disociada de la sociedad;
QUE la inequidad social es una de las
causantes de la violencia y la inseguridad
en Sudamérica, del mismo modo que estas
dificultan los avances hacía una mayor
equidad social;
QUE, en este sentido, es conveniente conocer
las causas sociales de la criminalidad para
diseñar políticas efectivas de Seguridad
Ciudadana de carácter multidisciplinario,
multisectorial y multinivel;
QUE los distintos instrumentos y
metodologías de medición revelan que la
inseguridad es una de las principales
preocupaciones de las y de los ciudadanos
sudamericanos en el tiempo actual. En
diversos países de la región, la sociedad
civil y los Gobiernos se han movilizado, en
búsqueda de respuestas eficaces frente a la
violencia y criminalidad comunes en nuestras
ciudades;
QUE la aplicación de políticas públicas en
materia de Seguridad Ciudadana en áreas y
poblaciones de fronteras es de gran
importancia para el avance del proceso de
integración y seguridad regionales;
QUE así como la Seguridad Ciudadana
constituye una acción mancomunada de los
Estados con las energías sociales y los
organismos internacionales, se debe tener
presente que la seguridad pública, entendida
como la acción estatal exclusiva, reclama
para sí la intervención en aquellos delitos
cuya complejidad, peligrosidad y grado de
organización así lo aconsejen.
DECLARAN:
(1) La
importancia de establecer políticas públicas
comunes en materia de Seguridad Ciudadana, a
través de la cooperación en capacitación,
intercambio de información y de experiencias
considerando la institucionalidad de la
integración existente, evitando la
superposición de esfuerzos y mayores gastos
financieros
(2) La necesidad de consolidar una visión
integral del fenómeno que promueva el uso de
los instrumentos de la prevención y control
de la violencia y criminalidad apoyados en
estudios de investigación y trabajos
académicos que le den fundamento.
(3) El interés de profundizar los esfuerzos
para incluir, donde las normas lo permiten,
nuevos actores en la gestión de los asuntos
referentes a la seguridad del ciudadano,
tales como gobiernos distintos al del nivel
nacional, agencias gubernamentales
encargadas de atender a las poblaciones en
riesgo, así como el sector privado, ONGs y
la propia sociedad civil organizada, tomando
en consideración que la Seguridad Ciudadana
debe asumirse como una responsabilidad
compartida del gobierno y la comunidad.
(4) La disposición de sus gobiernos en
emprender esfuerzos para introducir reformas
legales e institucionales, en caso de ser
necesario, para fortalecer los órganos
involucrados en el sistema de Seguridad
Ciudadana, fomentar la coordinación
interinstitucional y la formación y
capacitación de recursos humanos, con vistas
a optimizar las acciones nacionales y
regionales en materia de Seguridad
Ciudadana.
(5) La necesidad de destacar y promover la
acción en Seguridad Ciudadana que tienda a
fortalecer y potenciar las capacidades de
las comunidades como agentes preventivos
ante la violencia y la criminalidad,
considerando que la participación ciudadana
es un elemento clave para avanzar en la
consolidación de valores y normas
comunitarias de respeto y solidaridad que
permitan una mejor convivencia social.
(6) La importancia, para la Seguridad
Ciudadana, de la cuestión del control del
comercio, de la posesión y del uso de armas
de fuego y municiones, así como de las
iniciativas de desarme, y la eficacia de la
regulación legal de dichas actividades,
inclusive en regiones de frontera.
(7) La relevancia de la prevención
terciaria, entendida como todas las acciones
que desde el Estado y la comunidad permitan
generar para los involucrados condiciones de
convivencia ciudadana, y la constitución de
políticas nacionales adecuadas.
Comprométense, también, a hacer esfuerzos
para fomentar la cooperación regional e
internacional en ese sector.
(8) Su acuerdo en aprobar el siguiente
Programa de Acción y de someter a la próxima
Cumbre de la Comunidad Sudamericana de
Naciones la recomendación de establecer los
mecanismos necesarios para su
implementación:
PROGRAMA DE ACCIÓN SUDAMERICANO DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Con vistas a iniciar la concreción de los
principios y las directrices arriba
mencionados, los Ministros de Justicia, de
Interior, Defensa y de Seguridad Ciudadana
de los países de la CASA deciden:
(1) Construir una red integrada en el área
de Seguridad Ciudadana, que permita una
acumulación de conocimiento y experiencias,
así como un intercambio eficaz de los
mismos, según las legislaciones nacionales
lo autoricen, por medio de la difusión de
buenas prácticas, del acceso a las fuentes y
de la información oportuna de todas las
formas y manifestaciones de los fenómenos de
la violencia y criminalidad.
(2) Fomentar el conocimiento comparado del
fenómeno de la violencia y criminalidad en
Sudamérica, el conocimiento sistematizado de
buenas prácticas, el análisis de las
herramientas de diagnóstico y los programas
de reformas institucionales ya emprendidas.
Uno de los instrumentos para lograr dicho
objetivo podrá ser el intercambio entre los
observatorios de prevención de violencia y
criminalidad provenientes de los diversos
países, con vistas a la creación de un
observatorio sudamericano.
(3) Iniciar un análisis de herramientas
programáticas concretas de acción y estudio
de los instrumentos de intercambio de formas
de administración del conocimiento, que
suministren elementos suficientes de juicio
que permitan elaborar un esquema para el
establecimiento e implementación de la red.
(4) Fomentar la cooperación proveniente
tanto de fuentes estatales, privadas o de
organizaciones internacionales y regionales
en los diversos campos relativos a la
Seguridad Ciudadana, mediante capacitación y
entrenamiento, intercambio de especialistas,
de experiencias y buenas prácticas.
(5) Recomendar la realización de consultas
intergubernamentales de forma periódica en
el campo de la seguridad ciudadana.
(6) Avanzar en los mecanismos que se vienen
desarrollando en el ámbito de la Seguridad
Ciudadana, tales como: intercambio de
misiones técnicas para visitas de trabajo y
pasantías, realización de seminarios y
talleres, análisis de fuentes especiales de
financiamiento y promoción de la inserción
de organismos académicos.
