¿De
dónde partimos? Situación actual y
desafíos de América del Sur
América del Sur es una región rica
en recursos naturales, con una
alta diversidad biológica, que ha
mantenido un ambiente de
tolerancia racial y religiosa y
goza de una alta homogeneidad
lingüística, lo que le ha
permitido construir sociedades y
estados democráticos,
confiriéndole un enorme potencial
de crecimiento y desarrollo. Desde
fines de la década de los 80, y
particularmente en los años 90,
los países de Sudamérica han
asumido un profundo proceso de
reformas en el que la estabilidad
macroeconómica ha sido el objetivo
central. Han surgido nuevas ideas
acerca del desempeño del mercado y
roles diferentes en los ámbitos
público y privado, aunados a
avances a nivel institucional, al
fortalecimiento del sistema
democrático y al surgimiento de un
nuevo concepto integracionista.
Una larga historia de debate sobre
los procesos de integración
comercial resalta el importante
potencial de negocios que
representa una región cuya
economía hoy en día supera los mil
millardos de dólares de producto
interno bruto agregado, con un
alto potencial de
complementariedad entre las
economías nacionales.
Sin
embargo, aún persisten problemas
centrales, de los cuales los
principales son la vulnerabilidad
de las economías de la región ante
los choques externos, la
dependencia de exportaciones
basadas en materias primas, el
bajo nivel de ahorro interno, el
difícil acceso a los mercados
internacionales de capital, el
desempleo y los altos niveles de
pobreza y desigualdad. En los
últimos años, y muy
particularmente después del 11 de
septiembre de 2001, han aflorado
una serie de temas que cambian la
perspectiva de América del Sur,
pues uno tras otro los países han
tenido que enfrentar dificultades
en su entorno económico que se
traducen en problemas sociales y
laborales. Si estas dificultades
no se resuelven de una manera
favorable, podrían influir en
forma negativa en el ambiente
político de la región.
Sudamérica continúa siendo muy
vulnerable a los choques externos,
con especial impacto en el área
comercial. Sudamérica sigue, en
esencia, dependiendo de la
exportación de recursos naturales,
igual que a principios de la
década de los cincuenta. Entre
1985 y 1998 se redujo ligeramente
la participación de este tipo de
productos (soya, café, banano,
petróleo, cobre, estaño, etc.) en
las exportaciones totales, pero
hacia 1998 sigue siendo superior
al 40% del total. Si se agrega a
esta cifra la exportación de
manufacturas genéricas (acero,
aluminio y ciertos petroquímicos),
se observa que estas exportaciones
representan cerca del 80% del
total. Las exportaciones de bienes
con alto contenido tecnológico, de
alto valor agregado, que requieren
conocimiento y demandan un recurso
humano calificado, han aumentado
de manera relativamente reducida,
en particular cuando se compara a
la región con otras regiones en
desarrollo.
Otro
factor vinculado a esta
problemática es el de la
competitividad, concebida como el
conjunto de políticas, procesos,
instituciones y actitudes que
definen el ritmo de cambio en la
productividad y que significa el
ritmo de crecimiento del producto
por habitante. Este no sólo es un
concepto de carácter
macroeconómico, sino también
microeconómico. El último índice
de competitividad a nivel mundial,
que anualmente es calculado por la
Universidad de Harvard y el Foro
Económico Mundial, muestra que de
un total de 75 países, la posición
promedio de las naciones de
América del Sur es la número 59 y
que en los últimos 15 puestos
están 5 países de la región.
Existe sólo una nación
sudamericana entre las posiciones
superiores (Chile, en la posición
27), mientras que todos los demás
países están en posiciones
bastante rezagadas.
La
inequidad social es otro aspecto
crucial para entender la actual
realidad de volatilidad económica.
A pesar que en términos de ingreso
per cápita América Latina es la
región en desarrollo mejor
posicionada, en términos de
distribución de la riqueza es la
que muestra peores resultados. En
efecto, el 5% más rico de la
población de la región controla el
26% de las riquezas. Al comparar
este dato con las demás regiones
en desarrollo, se aprecia que en
éstas existe una distribución
mucho más aceptable, a pesar de
tener un ingreso per cápita menor.
En los países desarrollados, el
mismo 5% de la población controla
menos del 13% del producto. Esta
situación mantiene un vínculo
natural con el nivel de pobreza de
la población, aspecto en que a
pesar de las notables mejoras de
los últimos años, no se puede
afirmar que la situación sea
satisfactoria pues un tercio de
los sudamericanos vive con menos
de 2 dólares al día. Esto es,
obviamente, insostenible.
Una
de las principales razones que
explican la actual situación de
los países de la región
sudamericana son las asimetrías a
nivel internacional, las cuales
están presentes principalmente en
dos ámbitos: el comercial y el
financiero. La asimetría en el
comercio se manifiesta en el hecho
de que mientras América del Sur ha
tenido en los últimos quince años-
una política de gran apertura en
materia de reducción de aranceles
o de tratamiento a la inversión
extranjera, entre otros,
lamentablemente no se ha
evidenciado reciprocidad a nivel
internacional. Por el contrario,
la región enfrenta una serie de
disposiciones para-arancelarias
que afectan el acceso de diversos
productos, tales como, acero,
textiles, banano, etc. En este
sentido, existe preocupación en el
caso de productos en los que
precisamente la región tiene
ventajas comparativas, como por
ejemplo agricultura y textiles,
donde existe una serie de barreras
de entrada a los mercados
internacionales.
Con
relación a la asimetría en el
financiamiento se debe recordar
que cada 10 años se celebra una
reunión mundial donde se
establecen metas del desarrollo y
se realiza una serie de
compromisos sobre metas de ayuda y
cooperación internacional que,
lamentablemente, no han mostrado
la evolución esperada. En los años
60 se estableció como meta
destinar el 1% del producto
interno bruto de los países de la
OECD a los países en desarrollo,
en forma de lo que se llama ayuda
o préstamos concesionales. Salvo
algunos países de Europa, cuyo
monto de recursos asignados a los
países en desarrollo supera el
0,5% de su producto, los demás no
alcanzan esta cifra.Un aspecto
extremadamente sensible, que
amerita un cuidadoso análisis, es
la ampliación de la brecha que
separa a los países
industrializados de los países en
desarrollo de América del Sur. El
producto per cápita que tenía
América del Sur en 1980 en
términos constantes era de 6.630
dólares, mientras que estimaciones
para 2001 ubican esta cifra en un
nivel incluso inferior (US$
6.374), lo que significa que la
región prácticamente se ha
estancado. Por su parte, los
países de Asia del Este y
Pacífico, que tenían un producto
per cápita de 1.160 dólares, lo
han incrementado a 3.439 dólares.
Lo más dramático es la ampliación
de la brecha entre los países de
la OECD y los de América del Sur:
mientras hacia 1980 esta brecha
fue de 5.372 dólares per cápita,
para 2001 se estima en 22.961
dólares por habitante.
En
resumen, la situación descrita es
poco sustentable. Si se estima el
número de años que le tomaría a
Sudamérica alcanzar el nivel de
producto per cápita actual
de la OECD se obtiene que,
en el mejor de los escenarios
-tomando la tasa de crecimiento
promedio anual de los países de
Asia y asumiendo un crecimiento
poblacional de 1,67% anual-,
pasarían aproximadamente unos 27
años para cerrar la brecha.
Suponiendo una tasa de crecimiento
igual a la observada por América
del Sur durante la primera mitad
de los 90, tomaría 61 años para
cerrar la brecha, y si el
crecimiento fuera similar al
promedio de la década de los 90,
tomaría 110 años.
¿Hacia dónde queremos ir?
Sudamérica debe crecer a mayores
tasas y de manera sostenida,
distribuyendo de manera justa los
frutos de la expansión económica.
Para el logro de este objetivo es
necesario incrementar la
competitividad de la región, a fin
de aumentar la productividad e
impulsar el crecimiento. Sin
embargo, el crecimiento económico
es una condición necesaria pero no
suficiente para el desarrollo
integral de la región. Es
imperativo que la estrategia de
mejoramiento de la competitividad,
aumento de la productividad y
generación de un crecimiento alto
y sostenible, sea acompañada por
políticas que aseguren la
reducción de la pobreza y la
conservación del medio ambiente.
Las
políticas económicas y sociales de
Sudamérica deberían estar
enfocadas hacia la reducción de la
brecha que la separa de las
economías de la OECD. En tal
sentido, la región debe establecer
metas de avance que puedan ser
medidas en términos de tiempo e
indicadores socio-económicos. Por
ejemplo, a través de la
implementación de políticas que
impulsan el crecimiento, tales
como inversión en educación,
tecnología e infraestructura, la
región podría alcanzar en un
período de 20 años un nivel de
desarrollo comparable al actual de
países como España, Portugal y
Grecia, los cuales han logrado
avances importantes en términos de
competitividad, ingreso medio per
cápita y distribución de la
riqueza gracias a su integración
económica, política y física con
el resto de Europa.
Una
región más fuerte y cohesionada
económica, social y físicamente
podrá avanzar más eficazmente en
la superación de los obstáculos
para su desarrollo. En un contexto
de asimetrías internacionales
diversas, la cohesión de
Sudamérica es clave para el logro
de ganancias comerciales y
financieras y para conseguir una
justa inserción en el concierto
internacional. Esto sólo podrá
lograrse si existe un consenso
claro sobre hacia donde debemos ir
como región y si aunamos esfuerzos
en las políticas y estrategias que
contribuyan a alcanzar un estadio
de desarrollo mayor y sostenible.
Papel Estratégico de la Iniciativa
IIRSA
La
visión de la infraestructura como
un elemento clave de la
integración sudamericana está
basada en la noción de que el
desarrollo sinérgico del
transporte, la energía y las
telecomunicaciones puede generar
un impulso decisivo para la
superación de barreras
geográficas, el acercamiento de
mercados y la promoción de nuevas
oportunidades económicas en los
países de la región, siempre que
se mantenga e incremente un
contexto de apertura comercial y
de inversiones, de armonización y
convergencia regulatoria y de
cohesión política creciente.
El
desarrollo de infraestructura de
transportes, energía y
telecomunicaciones puede ser
entendido esencialmente como un
tema de articulación del
territorio para facilitar el
acceso a mercados en dos
dimensiones: por un lado, acceso
de materias primas e insumos a
centros de producción (incluyendo
recursos naturales, energía,
productos intermedios, información
y servicios, y fuerza laboral); y
por otra parte, acceso de la
producción a centros de consumo
nacionales e internacionales.
El
nivel de inversión en
infraestructura necesario para ser
competitivo depende de la
naturaleza de los obstáculos que
una región presenta a estos
accesos, así como del volumen de
los flujos en ambas dimensiones.
Fallas en la provisión de
infraestructura adecuada se
manifiestan de modo general en dos
tipos de consecuencias: (i)
incrementos en los costos
estructurales de los negocios que
se llevan a cabo, lo cual
representa una pérdida de
competitividad con respecto a
otras regiones con mejor
infraestructura; y (ii) una
reducción en el número y la
calidad de los negocios
comercialmente viables (cuando los
costos estructurales son demasiado
altos), lo cual implica que el
volumen total de negocios que se
llevan a cabo es menor de lo que
podría ser y por lo tanto los
efectos sinérgicos entre negocios
también son menores, teniendo como
efecto agregado una reducción de
la competitividad de la región.
En
Sudamérica, el acceso a mercados
se dificulta por la presencia de
importantes obstáculos
geográficos. Sudamérica es un área
muy grande (17,8 millones de Km²),
relativamente distante de los
principales centros mundiales de
consumo, con distancias
significativas entre sus
principales ciudades, y una
relativamente baja densidad
poblacional que está
principalmente dispersa hacia las
regiones costeras. Además, la
región exhibe importantes barreras
naturales al acceso territorial,
como son la Cordillera de los
Andes, la Selva Amazónica, y un
extenso sistema de ríos y
pantanos, así como una fuerte
vulnerabilidad a desastres
naturales como consecuencia de
fuerzas climáticas y geológicas.
La combinación de estos factores
implica que la articulación del
territorio para generar acceso a
mercados requiera de grandes
inversiones en infraestructura, lo
cual enfrenta la dificultad
adicional que representan las
actuales restricciones financieras
de los países de la región.
La
Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), busca
establecer mecanismos para superar
estos obstáculos e impulsar el
desarrollo y la integración
económica de la región mediante
innovaciones metodológicas y
financieras para el
establecimiento de conexiones de
transporte, energía y
telecomunicaciones entre mercados
y áreas con alto potencial de
crecimiento, con estándares
técnicos compatibles y condiciones
de operación conocidas y
confiables. La Iniciativa IIRSA
combina el esfuerzo de
instituciones financieras
multilaterales de la región con el
trabajo coordinado de los
gobiernos sudamericanos para
identificar y dar viabilidad a los
proyectos prioritarios de
infraestructura de integración
regional.
Principios Orientadores para una
Visión Estratégica de América del
Sur
Desde su inicio, la Iniciativa
IIRSA contempla ciertos principios
orientadores que han guiado las
acciones de los gobiernos y las
instituciones financieras del CCT
y que relacionan los objetivos
generales arriba descritos con
otras iniciativas de la región.
Estos principios orientadores,
ratificados durante la III Reunión
del CDE, celebrada en Brasilia el
27 de mayo de 2002, son:
Regionalismo abierto:
América del Sur es concebida como
un espacio geo-económico
plenamente integrado, para lo cual
es preciso reducir al mínimo las
barreras internas al comercio y
los cuellos de botella en la
infraestructura y en los sistemas
de regulación y operación que
sustentan las actividades
productivas de escala regional. Al
mismo tiempo que la apertura
comercial facilita la
identificación de sectores
productivos de alta competitividad
global, la visión de América del
Sur como una sola economía permite
retener y distribuir una mayor
parte de los beneficios del
comercio en la región y atender la
vulnerabilidad de la economía
regional respecto de las
fluctuaciones en los mercados
globales.
Ejes
de Integración y Desarrollo:
En concordancia con la visión geo-económica
de la región, el espacio
sudamericano es organizado en
torno a franjas multinacionales
que concentran flujos de comercio
actuales y potenciales, en las
cuales se busca establecer un
estándar mínimo común de calidad
de servicios de infraestructura de
transportes, energía y
telecomunicaciones a fin de apoyar
las actividades productivas
específicas de cada franja o Eje
de Integración y Desarrollo. La
provisión de estos servicios de
infraestructura busca promover el
desarrollo de negocios y cadenas
productivas con grandes economías
de escala a lo largo de estos
ejes, bien sea para el consumo
interno de la región o para la
exportación a los mercados
globales. Los Ejes de Integración
y Desarrollo representan una
referencia territorial para el
desarrollo sostenible amplio de la
región. Este ordenamiento y
desarrollo armónico del espacio
sudamericano facilitará el acceso
a zonas de alto potencial
productivo que se encuentran
actualmente aisladas o
subutilizadas debido a la
deficiente provisión de servicios
básicos de transporte, energía o
telecomunicaciones.
Sostenibilidad económica, social,
ambiental y político-institucional:
El proceso de integración
económica del espacio sudamericano
debe tener por objetivo un
desarrollo de calidad superior que
sólo podrá ser alcanzado mediante
el respeto a los cuatro elementos
de la sostenibilidad: (i)
Sostenibilidad económica,
proporcionada por la eficiencia y
la competitividad en los procesos
productivos; (ii) Sostenibilidad
social, proporcionada por el
impacto visible del crecimiento
económico sobre la calidad de vida
de la población en general; (iii)
Sostenibilidad ambiental, que
implica el uso racional de los
recursos naturales y la
conservación del patrimonio
ecológico para generaciones
futuras; y (iv) Sostenibilidad
político-institucional, que
consiste en la creación de
condiciones para que los diversos
agentes públicos y privados de la
sociedad puedan y quieran
contribuir al proceso de
desarrollo e integración.
Aumento del Valor Agregado de la
Producción:
El desarrollo y la integración
regional no deben servir
simplemente para producir más de
lo que tradicionalmente hemos
producido, sino que debe ser un
proceso de mejoramiento constante
de la calidad y productividad de
los bienes y servicios (mediante
la innovación y la generación de
conocimiento) para que la economía
genere cada vez más riqueza para
la sociedad. Como parte del
proceso de integración regional,
nuestras economías deben
reorientarse para conformar
cadenas productivas en sectores de
alta competitividad global,
capitalizando las diversas
ventajas comparativas de los
países de la región y
fortaleciendo la complementariedad
de sus economías para generar
valor agregado en la producción
que se traduzca en beneficios
amplios para todos.
Tecnologías de la Información:
El uso intensivo de las más
modernas tecnologías de
informática y comunicaciones
permite promover una
transformación total de los
conceptos de distancia y espacio a
fin de superar barreras
geográficas y operativas dentro de
la región y acercar la economía
sudamericana a los grandes motores
de la economía mundial. La
difusión y uso intensivo de estas
tecnologías apoya una
transformación no sólo de los
sistemas productivos de la región,
sino también del funcionamiento
general de la sociedad, incluyendo
los sistemas educativos, la
provisión de servicios públicos y
de gobierno, y la organización
misma de la sociedad civil.
Convergencia Normativa:
Como parte de los requisitos para
viabilizar las inversiones en
infraestructura regional, es
necesaria la voluntad política de
los gobiernos para promover y
facilitar el diálogo entre las
autoridades reguladoras y de
planificación de los países con el
fin de lograr compatibilidad entre
las reglas que rigen y orientan
las actuaciones de la iniciativa
privada en la región. Este diálogo
entre autoridades contribuye
también a la convergencia de
visiones y programas entre los
países más allá de lo
específicamente relacionado con la
infraestructura.
Coordinación Público-Privada:
Los desafíos del desarrollo de la
región plantean la necesidad de
coordinación y liderazgos
compartidos entre los gobiernos
(en sus distintos niveles) y el
sector empresarial privado,
incluyendo tanto la promoción de
asociaciones estratégicas
público-privadas para el
financiamiento de proyectos de
inversión, así como consultas y
cooperación para el desarrollo de
un ambiente regulatorio adecuado
para la participación
significativa del sector privado
en las iniciativas de desarrollo
regional e integración. Esta
noción de liderazgo compartido es
la base para un diálogo constante
entre gobiernos y empresarios en
apoyo a la función planificadora y
orientadora de los primeros, y
facilitando las responsabilidades
de financiamiento, ejecución y
operación de proyectos de los
segundos. La concepción del
desarrollo como una
responsabilidad compartida de
gobiernos y empresarios promueve
el diseño de fórmulas innovadoras
de financiamiento, ejecución y
operación de proyectos
“estructurantes” (aquellos que
hacen posible la viabilidad de
otros proyectos), compartiendo
riesgos y beneficios y coordinando
las acciones de cada parte.
II.
Los Primeros 2 Años de la
Iniciativa IIRSA
El
Mandato de la I Reunión de
Presidentes, Brasilia 2000
La
Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) nació de la I
Reunión de Presidentes de América
del Sur realizada en la ciudad de
Brasilia, Brasil, los días 30 de
agosto y 1° de septiembre de 2000.
El objetivo de esta iniciativa
Presidencial fue estimular la
organización y desarrollo del
espacio suramericano a partir de
la contigüidad geográfica, la
identidad cultural y los valores
compartidos de los países vecinos
sudamericanos. La modernización y
desarrollo de la infraestructura
sudamericana fue identificada por
los Presidentes como una de las
cinco áreas principales a ser
abordadas. Los Presidentes
encargaron al BID, la CAF y el
FONPLATA que elaboraran un Plan de
Acción para el desarrollo de la
Iniciativa y continuaran brindando
apoyo técnico y financiero para su
implementación.
Etapa Fundacional
En
un primer momento, la labor de las
instituciones financieras (CCT1)
se centró en la elaboración del
Plan de Acción (que fue aprobado
por los ministros de
infraestructura de América del Sur
en Montevideo el 4 de diciembre de
2000) y el establecimiento de una
estructura de dirección,
coordinación y ejecución de los
trabajos de la Iniciativa (que fue
aprobada por los ministros en el
CDE2, en Santa Cruz de
la Sierra el 27 de abril de 2001).
Seguidamente, conforme a lo
establecido en el Plan de Acción,
se instalaron los tres primeros
Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE3)
para Ejes de Integración y
Desarrollo (el Eje Andino, el 15
de mayo de 2001, el Eje
MERCOSUR-Chile, el 11 de junio, y
el Eje Interoceánico el 13 de
junio) y para el primer Proceso
Sectorial (Mercados Energéticos
Regionales, el 19 de septiembre de
2001).
Implementación - Los primeros Ejes
de Integración y Desarrollo
Durante la segunda mitad del año
2001, el trabajo del CCT y los
Gobiernos se centró en la puesta
en funcionamiento de los GTE y el
desarrollo de mecanismos adecuados
de coordinación para la
Iniciativa. En cada GTE, se
llevaron a cabo reuniones técnicas
nacionales que buscaron, por un
lado, disponer de un listado
actualizado de proyectos o
intenciones de proyectos que
abarcan en gran medida los planes
nacionales en materia de
infraestructura; y por otro,
promover una coordinación
intersectorial para los efectos de
la Iniciativa en el seno interno
de cada gobierno.
Las
dos primeras reuniones
multinacionales de cada GTE
instalado, realizadas durante ese
año, sirvieron como marco para
adecuar la metodología de trabajo,
así como para identificar en forma
preliminar las prioridades de los
gobiernos participantes en la
conformación de los Ejes
respectivos.
Como
resultado de estas reuniones, el
trabajo de los GTEs se organizó en
dos bloques referentes a proyectos
de inversión:
(i)
Definición de una primera
generación de proyectos, que
consiste en la identificación y
desarrollo de proyectos de
inversión en infraestructura que
contribuyan a la integración
física del Eje y que puedan ser
adelantados en el corto plazo, sin
necesidad de mayores reformas
institucionales o de regulación
sectorial en los países.
(ii)
Definición de una segunda
generación de proyectos, que
consiste en la identificación de
proyectos de inversión en
infraestructura de alto impacto de
integración, ejecutables a mediano
plazo, con base en un análisis más
profundo de la dinámica económica
y de los marcos reguladores y
políticas sectoriales de los
países del Eje. Estos proyectos
podrían ser aquellos que presentan
dificultades de tipo institucional
o normativo, por lo que
requerirían de un proceso de
desarrollo más profundo en estos
aspectos, o que dependen de la
ejecución de otros proyectos.
Estos proyectos pueden ser
proyectos identificados y no
incluidos en la primera generación
debido a dificultades como las
indicadas, o proyectos nuevos
identificados como resultado del
análisis de la dinámica económica
del Eje, del diálogo entre los
países o de la visión estratégica
a ser elaborada para la región.
Sobre esta base, en la Segunda
Reunión del CDE, realizada en
Buenos Aires el 10 de diciembre de
2001, se acordó aplicar el
siguiente esquema de trabajo para
los GTE en funcionamiento (Eje
Andino, Eje
Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú
y Eje MERCOSUR-Chile):
a)
Misiones Técnicas de los Gerentes
a los países para realizar
contactos bilaterales con los
responsables técnicos de cada país
en el GTE respectivo para avanzar
en la recopilación de información
sobre proyectos específicos, y
especialmente para detectar el
estado de situación de los mismos
y su encuadramiento en la primera
o segunda generación de proyectos.
b)
Como resultado de los contactos de
los Gerentes con los gobiernos, se
estructuraría un programa de
trabajo que incluiría metas
específicas y su cronograma de
realización. La parte sustantiva
de este programa de trabajo sería
la presentación de propuestas para
la conformación de la Primera
Generación de Proyectos, la que
incluirá los proyectos de
inversión en infraestructura de
integración que puedan ser
adelantados en el corto plazo (0-2
años).
Los
resultados esperados de estas
actividades fueron:
(i)
Completar una lista actualizada de
los proyectos de primera
generación candidatos a ser
sometidos a la consideración de
las entidades financieras, sobre
la base del estado de avance de
los estudios actualmente en
ejecución y la información
actualizada a ser presentada en
las reuniones;
(ii)
Actualizar las estimaciones de
costos y el cronograma de
ejecución de los proyectos
preseleccionados y los estudios
asociados pendientes. Definición
de la necesidad de financiamiento
para estos estudios y de los
términos de referencia
correspondientes; y
(iii)
Acordar las fechas tentativas para
que los estudios y los proyectos
de primera generación propuestos
estén en condiciones de ser
formalmente considerados y
analizados en detalle por las
entidades financieras, tomando en
consideración los cronogramas
generales de IIRSA.
Luego de la aplicación de esta
metodología de trabajo en los GTEs
de los Ejes de Integración y
Desarrollo (EID) ya instalados, se
han identificado un total de 293
estudios y proyectos de inversión
propuestos por los gobiernos, los
cuales han sido recopilados en un
disco compacto (CD-ROM) y
distribuidos a todos los equipos
técnicos de los países. De esta
lista de proyectos, un primer
grupo de 162 estudios y proyectos
de inversión han sido propuestos
como actividades de primera
generación, los cuales suman un
monto total estimado de US$ 23.500
millones. Estos proyectos están
siendo evaluados en este momento y
se espera concretar nuevos
financiamientos antes del final de
este año. Las estimaciones de
costos para los proyectos también
son parte de los aspectos que
están siendo evaluados e irán
siendo ajustados a medida que las
instituciones completan estas
evaluaciones. Algunos proyectos
identificados por la Iniciativa ya
están siendo incorporados a la
programación de financiamiento de
las instituciones o recibiendo
recursos para la elaboración de
los estudios técnicos necesarios
para completar la preparación.
Otros proyectos están siendo
canalizados hacia el sector
privado para su financiamiento y
ejecución.
Por
otra parte, en sus actividades
normales de financiamiento, las
instituciones del CCT han
identificado y seleccionado
proyectos de inversión que están
relacionados o son parte de IIRSA
y los han llevado a ejecución o
han sido recientemente
financiados. El Anexo a este
informe presenta un listado de
algunos de estos proyectos
financiados por las instituciones
del CCT, incluyendo su estado de
situación.
Resultado del Trabajo de los
Procesos Sectoriales
Durante el curso del año 2002 se
avanzaron las tareas del GTE sobre
Marcos Normativos de Mercados
Energéticos Regionales y fueron
iniciados los trabajos de los
Procesos Sectoriales de
Integración adicionales detallados
a continuación. Para estos fines
las instituciones que integran el
CCT han contratado una serie de
estudios y trabajos puntuales
orientados a analizar la
problemática específica de los
temas involucrados con el fin de
identificar los aspectos
estratégicos más relevantes de
cada uno de estos campos, proponer
acciones específicas, así como la
definición de un esquema y plan de
trabajo para el futuro desarrollo
de las tareas de cada GTE. A
continuación se presentan
comentarios específicos que
precisan la situación de cada uno
de estos temas sectoriales.
Marcos Normativos de Mercados
Energéticos Regionales
En
términos de una visión regional,
las ventajas de eficiencias,
amplitud del mercado y atracción
de inversión privada que aporta la
integración de los mercados de
energía son de una magnitud tal
que viabilizan y hacen rentable la
construcción de obras de
infraestructura necesaria para esa
integración. El desarrollo de
Mercados Energéticos Regionales
aporta importantes elementos
positivos, como son la
optimización del stock de capital
dedicado al suministro energético,
la disminución del precio marginal
de largo plazo promedio, la mejora
de la confiabilidad y seguridad
del abastecimiento y la
capitalización de las ventajas
comparativas de cada país
transformándolas en competitivas.
El
desarrollo de mercados energéticos
regionales eficientes necesita de
mercados nacionales que permitan
los intercambios internacionales,
promuevan la eficiencia, la no
discriminación, respeten los
contratos, realicen el despacho
económico incluyendo la oferta y
demanda agregada en las
interconexiones internacionales,
respeten los criterios generales
de seguridad y calidad en las
interconexiones y garanticen el
acceso abierto al transporte e
información. La seguridad jurídica
es un elemento esencial para el
éxito del proceso de integración,
dado el rol que tiene el sector
privado en los actuales mercados
nacionales y la necesidad de
facilitar el flujo de capitales
que permita el desarrollo del
sector.
El
experto asignado al GTE del
Proceso Sectorial sobre Marcos
Normativos de Mercados Energéticos
Regionales ha ejecutado misiones
técnicas en los países de la
región dirigidas a identificar las
restricciones normativas
existentes para implementar
mercados regionales y evaluar las
necesidades para dinamizar el
proceso en concordancia con el
mandato recibido por IIRSA.
Como
resultado de estas misiones, se
elaboró un documento de trabajo
que propone los principios básicos
para el desarrollo de un mercado
energético regional, actualmente
en análisis por parte del CCT y
sometido a la consideración de los
gobiernos oportunamente para su
tratamiento. Con base en el
diferente nivel de avance en el
tratamiento del tema de
integración sectorial y en las
limitaciones que impone la
característica volúmenes/
distancias de las transacciones,
se consideró conveniente, en una
primera etapa, abordar el
tratamiento separado de los
procesos de integración energética
de los países de la Región Andina
y de los países de la región del
Cono Sur.
Los
Países de la Región Andina han
realizado un importante avance
hacia la integración a partir del
“Acuerdo Para la Interconexión
Regional de Sistemas Eléctricos y
el Intercambio Internacional de
Energía Eléctrica” suscrito por
los Ministros en Cartagena en
septiembre de 2001. Este acuerdo
ha permitido que los especialistas
de los Organismos Reguladores
elaboraran una propuesta sobre
armonización de marcos normativos
que permite identificar los
cambios que debe implementar cada
país en su normativa interna. La
aprobación por parte de los países
y la incorporación de la Comunidad
Andina dentro de su normativa a
través de la sanción de la
correspondiente Decisión completa
una importante etapa del proceso
que permite consolidar las bases
del diseño de un mercado que
promueva los intercambios de
energía entre los países de la
Región. El CCT ha colaborado con
la Secretaría General de la
Comunidad Andina en la elaboración
del proyecto de Decisión.
Las
misiones técnicas realizadas en
los países de la región del Cono
Sur muestran otro ritmo de avance
en la concreción de su proceso
regional. El tema tiene un mayor
tratamiento bilateral con
resultados destacables realizados
en la última década. Se ha
identificado la existencia de
consenso en los países en avanzar
hacia un escenario de integración
regional y por consiguiente en la
necesidad de trabajar en temas que
incluyan desde la prospectiva
regional hasta las normas
operativas para el funcionamiento
integrado de los actuales sistemas
nacionales.
La
diferencia en la estructura
regulatoria y en la organización
institucional identificada en los
sectores de energía de los países
de América del Sur demuestra la
necesidad de priorizar una
metodología que apunte básicamente
a impulsar una estructura de
Mercado Energético Regional que
pueda desarrollarse con impactos
que resulten aceptables para cada
país, es decir, poder identificar
un escenario con suficiente
consenso que permita incrementar
el comercio de energéticos y
desarrollar la infraestructura
necesaria. Resulta de singular
importancia el tratamiento de la
red regional (definición,
remuneración, acceso, ampliación,
etc.).
Teniendo en cuenta la dinámica
actual de los procesos de
integración energética regional en
América del Sur, el CCT tiene
previsto organizar una reunión con
miras a que cada país exponga su
política energética para el
mediano plazo, con especial
énfasis en los temas de
integración; analizar el tema del
planeamiento regional y presentar
los principios para la creación de
un mercado regional, así como los
trabajos efectuados por el BID y
la CAF sobre integración
energética. Como resultado de esta
reunión se espera lograr un
consenso sobre los principios
propuestos y transformarlos en un
programa de actividades para cada
país y para la región, el cual
deberá integrar las experiencias
existentes regionales y
extra-regionales, así como los
diferentes grados de avance
producidos tanto a nivel nacional
como regional.
Sistemas Operativos de Transporte
Aéreo
El
estudio en ejecución tiene el
objetivo de identificar las
limitaciones existentes y la
presentación de propuestas de
acción orientadas a la
flexibilización del tráfico aéreo
dentro la región y elaborar
propuestas concretas para la
armonización de los sistemas
regulatorios. Un primer informe de
avance está siendo revisado por el
CCT. Se espera que la instalación
del GTE correspondiente ocurra en
el segundo semestre de 2002.
