América del Sur es una región rica en recursos naturales, con una alta diversidad biológica, que ha mantenido un ambiente de tolerancia racial y religiosa y goza de una alta homogeneidad lingüística, lo que le ha permitido construir sociedades y estados democráticos, confiriéndole un enorme potencial de crecimiento y desarrollo. Desde fines de la década de los 80, y particularmente en los años 90, los países de Sudamérica han asumido un profundo proceso de reformas en el que la estabilidad macroeconómica ha sido el objetivo central. Han surgido nuevas ideas acerca del desempeño del mercado y roles diferentes en los ámbitos público y privado, aunados a avances a nivel institucional, al fortalecimiento del sistema democrático y al surgimiento de un nuevo concepto integracionista. Una larga historia de debate sobre los procesos de integración comercial resalta el importante potencial de negocios que representa una región cuya economía hoy en día supera los mil millardos de dólares de producto interno bruto agregado, con un alto potencial de complementariedad entre las economías nacionales.

Sin embargo, aún persisten problemas centrales, de los cuales los principales son la vulnerabilidad de las economías de la región ante los choques externos, la dependencia de exportaciones basadas en materias primas, el bajo nivel de ahorro interno, el difícil acceso a los mercados internacionales de capital, el desempleo y los altos niveles de pobreza y desigualdad. En los últimos años, y muy particularmente después del 11 de septiembre de 2001, han aflorado una serie de temas que cambian la perspectiva de América del Sur, pues uno tras otro los países han tenido que enfrentar dificultades en su entorno económico que se traducen en problemas sociales y laborales. Si estas dificultades no se resuelven de una manera favorable, podrían influir en forma negativa en el ambiente político de la región.

Sudamérica continúa siendo muy vulnerable a los choques externos, con especial impacto en el área comercial. Sudamérica sigue, en esencia, dependiendo de la exportación de recursos naturales, igual que a principios de la década de los cincuenta. Entre 1985 y 1998 se redujo ligeramente la participación de este tipo de productos (soya, café, banano, petróleo, cobre, estaño, etc.) en las exportaciones totales, pero hacia 1998 sigue siendo superior al 40% del total. Si se agrega a esta cifra la exportación de manufacturas genéricas (acero, aluminio y ciertos petroquímicos), se observa que estas exportaciones representan cerca del 80% del total. Las exportaciones de bienes con alto contenido tecnológico, de alto valor agregado, que requieren conocimiento y demandan un recurso humano calificado, han aumentado de manera relativamente reducida, en particular cuando se compara a la región con otras regiones en desarrollo.

Otro factor vinculado a esta problemática es el de la competitividad, concebida como el conjunto de políticas, procesos, instituciones y actitudes que definen el ritmo de cambio en la productividad y que significa el ritmo de crecimiento del producto por habitante. Este no sólo es un concepto de carácter macroeconómico, sino también microeconómico. El último índice de competitividad a nivel mundial, que anualmente es calculado por la Universidad de Harvard y el Foro Económico Mundial, muestra que de un total de 75 países, la posición promedio de las naciones de América del Sur es la número 59 y que en los últimos 15 puestos están 5 países de la región. Existe sólo una nación sudamericana entre las posiciones superiores (Chile, en la posición 27), mientras que todos los demás países están en posiciones bastante rezagadas.

La inequidad social es otro aspecto crucial para entender la actual realidad de volatilidad económica. A pesar que en términos de ingreso per cápita América Latina es la región en desarrollo mejor posicionada, en términos de distribución de la riqueza es la que muestra peores resultados. En efecto, el 5% más rico de la población de la región controla el 26% de las riquezas. Al comparar este dato con las demás regiones en desarrollo, se aprecia que en éstas existe una distribución mucho más aceptable, a pesar de tener un ingreso per cápita menor. En los países desarrollados, el mismo 5% de la población controla menos del 13% del producto. Esta situación mantiene un vínculo natural con el nivel de pobreza de la población, aspecto en que a pesar de las notables mejoras de los últimos años, no se puede afirmar que la situación sea satisfactoria pues un tercio de los sudamericanos vive con menos de 2 dólares al día. Esto es, obviamente, insostenible.

Una de las principales razones que explican la actual situación de los países de la región sudamericana son las asimetrías a nivel internacional, las cuales están presentes principalmente en dos ámbitos: el comercial y el financiero. La asimetría en el comercio se manifiesta en el hecho de que mientras América del Sur ha tenido en los últimos quince años- una política de gran apertura en materia de reducción de aranceles o de tratamiento a la inversión extranjera, entre otros, lamentablemente no se ha evidenciado reciprocidad a nivel internacional. Por el contrario, la región enfrenta una serie de disposiciones para-arancelarias que afectan el acceso de diversos productos, tales como, acero, textiles, banano, etc. En este sentido, existe preocupación en el caso de productos en los que precisamente la región tiene ventajas comparativas, como por ejemplo agricultura y textiles, donde existe una serie de barreras de entrada a los mercados internacionales.

Con relación a la asimetría en el financiamiento se debe recordar que cada 10 años se celebra una reunión mundial donde se establecen metas del desarrollo y se realiza una serie de compromisos sobre metas de ayuda y cooperación internacional que, lamentablemente, no han mostrado la evolución esperada. En los años 60 se estableció como meta destinar el 1% del producto interno bruto de los países de la OECD a los países en desarrollo, en forma de lo que se llama ayuda o préstamos concesionales. Salvo algunos países de Europa, cuyo monto de recursos asignados a los países en desarrollo supera el 0,5% de su producto, los demás no alcanzan esta cifra.Un aspecto extremadamente sensible, que amerita un cuidadoso análisis, es la ampliación de la brecha que separa a los países industrializados de los países en desarrollo de América del Sur. El producto per cápita que tenía América del Sur en 1980 en términos constantes era de 6.630 dólares, mientras que estimaciones para 2001 ubican esta cifra en un nivel incluso inferior (US$ 6.374), lo que significa que la región prácticamente se ha estancado. Por su parte, los países de Asia del Este y Pacífico, que tenían un producto per cápita de 1.160 dólares, lo han incrementado a 3.439 dólares. Lo más dramático es la ampliación de la brecha entre los países de la OECD y los de América del Sur: mientras hacia 1980 esta brecha fue de 5.372 dólares per cápita, para 2001 se estima en 22.961 dólares por habitante.

En resumen, la situación descrita es poco sustentable. Si se estima el número de años que le tomaría a Sudamérica alcanzar el nivel de producto per cápita actual de la OECD se obtiene que, en el mejor de los escenarios -tomando la tasa de crecimiento promedio anual de los países de Asia y asumiendo un crecimiento poblacional de 1,67% anual-, pasarían aproximadamente unos 27 años para cerrar la brecha. Suponiendo una tasa de crecimiento igual a la observada por América del Sur durante la primera mitad de los 90, tomaría 61 años para cerrar la brecha, y si el crecimiento fuera similar al promedio de la década de los 90, tomaría 110 años.

Sudamérica debe crecer a mayores tasas y de manera sostenida, distribuyendo de manera justa los frutos de la expansión económica. Para el logro de este objetivo es necesario incrementar la competitividad de la región, a fin de aumentar la productividad e impulsar el crecimiento. Sin embargo, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo integral de la región. Es imperativo que la estrategia de mejoramiento de la competitividad, aumento de la productividad y generación de un crecimiento alto y sostenible, sea acompañada por políticas que aseguren la reducción de la pobreza y la conservación del medio ambiente.

Las políticas económicas y sociales de Sudamérica deberían estar enfocadas hacia la reducción de la brecha que la separa de las economías de la OECD. En tal sentido, la región debe establecer metas de avance que puedan ser medidas en términos de tiempo e indicadores socio-económicos. Por ejemplo, a través de la implementación de políticas que impulsan el crecimiento, tales como inversión en educación, tecnología e infraestructura, la región podría alcanzar en un período de 20 años un nivel de desarrollo comparable al actual de países como España, Portugal y Grecia, los cuales han logrado avances importantes en términos de competitividad, ingreso medio per cápita y distribución de la riqueza gracias a su integración económica, política y física con el resto de Europa.

Una región más fuerte y cohesionada económica, social y físicamente podrá avanzar más eficazmente en la superación de los obstáculos para su desarrollo. En un contexto de asimetrías internacionales diversas, la cohesión de Sudamérica es clave para el logro de ganancias comerciales y financieras y para conseguir una justa inserción en el concierto internacional. Esto sólo podrá lograrse si existe un consenso claro sobre hacia donde debemos ir como región y si aunamos esfuerzos en las políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar un estadio de desarrollo mayor y sostenible.

La visión de la infraestructura como un elemento clave de la integración sudamericana está basada en la noción de que el desarrollo sinérgico del transporte, la energía y las telecomunicaciones puede generar un impulso decisivo para la superación de barreras geográficas, el acercamiento de mercados y la promoción de nuevas oportunidades económicas en los países de la región, siempre que se mantenga e incremente un contexto de apertura comercial y de inversiones, de armonización y convergencia regulatoria y de cohesión política creciente.

El desarrollo de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones puede ser entendido esencialmente como un tema de articulación del territorio para facilitar el acceso a mercados en dos dimensiones: por un lado, acceso de materias primas e insumos a centros de producción (incluyendo recursos naturales, energía, productos intermedios, información y servicios, y fuerza laboral); y por otra parte, acceso de la producción a centros de consumo nacionales e internacionales.

El nivel de inversión en infraestructura necesario para ser competitivo depende de la naturaleza de los obstáculos que una región presenta a estos accesos, así como del volumen de los flujos en ambas dimensiones. Fallas en la provisión de infraestructura adecuada se manifiestan de modo general en dos tipos de consecuencias: (i) incrementos en los costos estructurales de los negocios que se llevan a cabo, lo cual representa una pérdida de competitividad con respecto a otras regiones con mejor infraestructura; y (ii) una reducción en el número y la calidad de los negocios comercialmente viables (cuando los costos estructurales son demasiado altos), lo cual implica que el volumen total de negocios que se llevan a cabo es menor de lo que podría ser y por lo tanto los efectos sinérgicos entre negocios también son menores, teniendo como efecto agregado una reducción de la competitividad de la región.

En Sudamérica, el acceso a mercados se dificulta por la presencia de importantes obstáculos geográficos. Sudamérica es un área muy grande (17,8 millones de Km²), relativamente distante de los principales centros mundiales de consumo, con distancias significativas entre sus principales ciudades, y una relativamente baja densidad poblacional que está principalmente dispersa hacia las regiones costeras. Además, la región exhibe importantes barreras naturales al acceso territorial, como son la Cordillera de los Andes, la Selva Amazónica, y un extenso sistema de ríos y pantanos, así como una fuerte vulnerabilidad a desastres naturales como consecuencia de fuerzas climáticas y geológicas. La combinación de estos factores implica que la articulación del territorio para generar acceso a mercados requiera de grandes inversiones en infraestructura, lo cual enfrenta la dificultad adicional que representan las actuales restricciones financieras de los países de la región.

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), busca establecer mecanismos para superar estos obstáculos e impulsar el desarrollo y la integración económica de la región mediante innovaciones metodológicas y financieras para el establecimiento de conexiones de transporte, energía y telecomunicaciones entre mercados y áreas con alto potencial de crecimiento, con estándares técnicos compatibles y condiciones de operación conocidas y confiables. La Iniciativa IIRSA combina el esfuerzo de instituciones financieras multilaterales de la región con el trabajo coordinado de los gobiernos sudamericanos para identificar y dar viabilidad a los proyectos prioritarios de infraestructura de integración regional.

Desde su inicio, la Iniciativa IIRSA contempla ciertos principios orientadores que han guiado las acciones de los gobiernos y las instituciones financieras del CCT y que relacionan los objetivos generales arriba descritos con otras iniciativas de la región. Estos principios orientadores, ratificados durante la III Reunión del CDE, celebrada en Brasilia el 27 de mayo de 2002, son:

Regionalismo abierto: América del Sur es concebida como un espacio geo-económico plenamente integrado, para lo cual es preciso reducir al mínimo las barreras internas al comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y en los sistemas de regulación y operación que sustentan las actividades productivas de escala regional. Al mismo tiempo que la apertura comercial facilita la identificación de sectores productivos de alta competitividad global, la visión de América del Sur como una sola economía permite retener y distribuir una mayor parte de los beneficios del comercio en la región y atender la vulnerabilidad de la economía regional respecto de las fluctuaciones en los mercados globales.

Ejes de Integración y Desarrollo: En concordancia con la visión geo-económica de la región, el espacio sudamericano es organizado en torno a franjas multinacionales que concentran flujos de comercio actuales y potenciales, en las cuales se busca establecer un estándar mínimo común de calidad de servicios de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones a fin de apoyar las actividades productivas específicas de cada franja o Eje de Integración y Desarrollo. La provisión de estos servicios de infraestructura busca promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados globales. Los Ejes de Integración y Desarrollo representan una referencia territorial para el desarrollo sostenible amplio de la región. Este ordenamiento y desarrollo armónico del espacio sudamericano facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o subutilizadas debido a la deficiente provisión de servicios básicos de transporte, energía o telecomunicaciones.

Sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional: El proceso de integración económica del espacio sudamericano debe tener por objetivo un desarrollo de calidad superior que sólo podrá ser alcanzado mediante el respeto a los cuatro elementos de la sostenibilidad: (i) Sostenibilidad económica, proporcionada por la eficiencia y la competitividad en los procesos productivos; (ii) Sostenibilidad social, proporcionada por el impacto visible del crecimiento económico sobre la calidad de vida de la población en general; (iii) Sostenibilidad ambiental, que implica el uso racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio ecológico para generaciones futuras; y (iv) Sostenibilidad político-institucional, que consiste en la creación de condiciones para que los diversos agentes públicos y privados de la sociedad puedan y quieran contribuir al proceso de desarrollo e integración.

Aumento del Valor Agregado de la Producción: El desarrollo y la integración regional no deben servir simplemente para producir más de lo que tradicionalmente hemos producido, sino que debe ser un proceso de mejoramiento constante de la calidad y productividad de los bienes y servicios (mediante la innovación y la generación de conocimiento) para que la economía genere cada vez más riqueza para la sociedad. Como parte del proceso de integración regional, nuestras economías deben reorientarse para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global, capitalizando las diversas ventajas comparativas de los países de la región y fortaleciendo la complementariedad de sus economías para generar valor agregado en la producción que se traduzca en beneficios amplios para todos.

Tecnologías de la Información: El uso intensivo de las más modernas tecnologías de informática y comunicaciones permite promover una transformación total de los conceptos de distancia y espacio a fin de superar barreras geográficas y operativas dentro de la región y acercar la economía sudamericana a los grandes motores de la economía mundial. La difusión y uso intensivo de estas tecnologías apoya una transformación no sólo de los sistemas productivos de la región, sino también del funcionamiento general de la sociedad, incluyendo los sistemas educativos, la provisión de servicios públicos y de gobierno, y la organización misma de la sociedad civil.

Convergencia Normativa: Como parte de los requisitos para viabilizar las inversiones en infraestructura regional, es necesaria la voluntad política de los gobiernos para promover y facilitar el diálogo entre las autoridades reguladoras y de planificación de los países con el fin de lograr compatibilidad entre las reglas que rigen y orientan las actuaciones de la iniciativa privada en la región. Este diálogo entre autoridades contribuye también a la convergencia de visiones y programas entre los países más allá de lo específicamente relacionado con la infraestructura.

Coordinación Público-Privada: Los desafíos del desarrollo de la región plantean la necesidad de coordinación y liderazgos compartidos entre los gobiernos (en sus distintos niveles) y el sector empresarial privado, incluyendo tanto la promoción de asociaciones estratégicas público-privadas para el financiamiento de proyectos de inversión, así como consultas y cooperación para el desarrollo de un ambiente regulatorio adecuado para la participación significativa del sector privado en las iniciativas de desarrollo regional e integración. Esta noción de liderazgo compartido es la base para un diálogo constante entre gobiernos y empresarios en apoyo a la función planificadora y orientadora de los primeros, y facilitando las responsabilidades de financiamiento, ejecución y operación de proyectos de los segundos. La concepción del