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Declaración Sindical Mercosur Comunidad Andina
Integración con Desarrollo Social, Soberanía y
Democracia
Brasilia, 31 de agosto de 2000
Con los
objetivos de analizar la Participación
Sindical y la Dimensión Social de los Procesos
de Integración, se reunieron en la ciudad
de Brasilia los días 30 y 31 de agosto del
presente año, las centrales sindicales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
agrupadas en el Consejo Consultivo Laboral
Andino (CCLA), la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)
y el Consejo de Trabajadores del Cono Sur
(CTCS), organismos de representación
sindical de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Asimismo el encuentro contó con la presencia y
apoyo de la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores (CIOSL/ORIT)
y de la Central Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT/CMT).
Habiendo
analizado la situación económica, social y
política del continente sudamericano, el
desarrollo y características de las
negociaciones entre esos dos bloques
geopolíticos y, en especial, el tratamiento
que viene siendo dispensado a la dimensión
social de ese proceso, las centrales
sindicales aprobaron una declaración pública
en la cual no sólo se presentan sus
consideraciones sobre los temas tratados, sino
también propuestas y reivindicaciones que
esperan sean atentamente analizadas por los
Presidentes de América del Sur que se reunirán
el día 1º de setiembre en esta misma ciudad,
con el respeto y consideración que merece una
representación de más de 30 millones de
trabajadores y trabajadoras.
1. Mercosur y
CAN: profundización de la integración y
formación de un bloque para la defensa de los
derechos y desarrollo social en nuestro
continente.
Nuestras
organizaciones sindicales siempre apoyaron la
concreción de un proceso de integración
económica, social, política y cultura entre
los países de América Latina, entendiendo que
ese puede y debe ser un instrumento de
construcción de un modelo de desarrollo,
centrado en la construcción de una sociedad
con equitativa distribución de la renta, en la
promoción de condiciones de vida dignas y en
el fortalecimiento y consolidación de la
democracia con justicia social.
Es porque
queremos que la integración de nuestras
economías sean un factor de progreso y de
promoción de la justicia social, que
discordamos con la política que ha dirigido
las negociaciones en el Mercosur y la CAN, y
entre las dos sub-regiones, la cual ha
subordinado la construcción de un modelo de
desarrollo basado en la integración y
complementariedad de sus potenciales
económicos y productivos, a los intereses de
los grandes grupos y empresas multinacionales.
Apesar de lo
consignado en los documentos que crearon y
renovaron el Mercosur y la CAN (el Acuerdo de
Ouro Preto y el Acuerdo de Cartagena), en los
dos procesos, las negociaciones han estado
absolutamente subordinadas a la lógica del
libre mercado, donde prevalecen y se imponen
los grupos empresariales transnacionales que
pasan a dictar sus reglas de competencia y de
comercio. Eso ha significado la liberalización
de fronteras comerciales sin salvaguardas y/o
mecanismos de apoyo a la reconversión y
compensación de los sectores económicos y
sociales excluidos del mercado, lo que ha
provocado altos índices de desempleo y
miseria.
A partir de
nuestros foros de organización, hemos
contribuido para que esas metas se concreten y
en este sentido vemos como positivas las
negociaciones entre el Mercosur y la CAN, para
la constitución de un bloque integracionista
en nuestra región. Y entendemos que así como
nos opusimos en el ALCA, esas negociaciones no
pueden darse entre países aisladamente, sino
mantener una forma de negociación bloque a
bloque, para que las mismas estén basadas en
un mayor equilibrio y soberanía.
Otro desacuerdo
profundo que tenemos en cuanto a la forma
subalterna y perjudicial para nuestros
pueblos, en la forma como nuestros bloques
están estableciendo su inserción en la
economía internacional - ya sea por la
inexistencia de una estrategia ofensiva y
común en los foros de la OMC, ya sea por la
posición de extrema fragilidad con que se
insertan en las negociaciones del Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) -, un
proyecto que lejos de ampliar nuestra
participación en la economía hemisférica y
global, solamente nos debilitará aun más y
aumentará aun más el grado de exclusión social
que ya viven nuestras poblaciones.
Consideramos
positiva la reunión de los Presidentes de
América del Sur, y en este sentido
consideramos que es obligación de nuestros
gobernantes acordar una actuación como bloque
integrado en nuestro hemisferio, reconociendo
como absolutamente insuficiente la adopción de
una estrategia solamente dilatoria y
defensiva, que no modificará los aspectos
perversos de los que se reviste el ALCA - o
sea la conformación de un libre comercio entre
las economías con gran desigualdad, sin la
adopción de instrumentos de protección
adecuadas para garantizar relaciones
comerciales con mayor equilibrio, sin medidas
de salvaguarda y políticas de Promoción de
desarrollo tecnológico y sin ningún
instrumento de garantía y protección de los
derechos sociales y laborales.
Por otra parte,
algunos de nuestros gobiernos se rehusan a
aceptar la dimensión social y laboral del
comercio, y a pesar que ya existe un Foro
Empresarial del ALCA, en diversos momentos
vetaron la constitución de instancias
superiores de consulta al movimiento sindical
y la sociedad civil de los países de las
Américas.
A ese proyecto
de ALCA, nuestros gobiernos tienen que decir
no.
Y consideramos
que para que esa posición sea viable y
consistente, es fundamental la profundización
de los procesos de integración - en el
Mercosur, la CAN y entre ambos - lo que
significa mucho más que la integración física
de las vías de comunicación, de energía y
telefonía. Significa la adopción de políticas
comunes de promoción productiva, de
tributación y tasas fiscales (impedir que las
grandes empresas multinacionales utilicen la
guerra fiscal como arma de chantaje como se
viene haciendo) y principalmente la decisión
de adoptar como prioridad el tratamiento de la
dimensión social que ese proceso reviste.
Por esto,
recordamos a los Presidentes que coloquen en
práctica las resoluciones que aprobaron en la
XVI Reunión de los Estados Miembros de la OIT
en las Américas, realizada en Lima en agosto
de 1999, que otros aspectos concluyó que "las
políticas económicas deben ser armonizadas con
las de justicia social, ya que el crecimiento
económico es una condición necesaria pero no
suficiente para generar trabajo decente".
Más allá de eso las conclusiones de Lima
reafirmarán la importancia del diálogo social
auténtico y apuntaron la necesidad de
"fortalecimiento de los interlocutores
sociales para alcanzar soluciones compartidas
que den legitimidad a las políticas y que
propicien una distribución equitativa del
crecimiento".
Y finalmente
consideramos que la sociedad civil organizada
de nuestros países tiene que ser un
interlocutor fundamental de los estados en ese
proceso. Los acuerdos de integración por más
exitosos que sean tienen como resultado
pérdidas y disminución de la soberanía
nacional y por lo tanto del control
democrático que la sociedad debe ejercer sobre
sus gobiernos.
Para subsanar
esas pérdidas es fundamental que los
Parlamentos Nacionales sean parte integrante
de las negociaciones, que tengan un papel
decisivo en la aprobación de nuevos pasos y
que caminemos para dotar a nuestro continente
de un foro parlamentario con poder y
representación.
Las
negociaciones tienen que contemplar entre sus
prioridades, los intereses generales de la
sociedad y también las particularidades y
debilidades de segmentos sociales específicos
que han sido más marginados y excluidos - las
mujeres, los grupos indígenas, los niños y
grupos sociales marginados. Para esto, es
fundamental que los Estados que integran el
Mercosur y la CAN se rijan por el pleno
cumplimiento y respeto a los convenios de la
OIT y de la Declaración de la OIT sobre los
Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo. Consideramos que nuestros gobiernos
tienen la obligación de promover la plena
vigencia y la aplicación de los instrumentos
jurídicos de protección laboral y social ya
aprobados - la Declaración Sociolaboral del
Mercosur y la Carta Social y Convenio Simón
Rodríguez de la Comunidad Andina de Naciones,
garantizando los medios y medidas políticas
necesarias para su pleno respeto.
De la misma
forma consideramos que es fundamental para la
democratización de todos en ese proceso, que
nuestros gobiernos valoricen y fortalezcan los
organismos de representación social que
crearon el Foro Consultivo Económico-Social
del Mercosur (FCES) y el Consejo Consultivo
Laboral Andino (CCLA), y que incluyan en la
estructura de negociaciones que establecerán
entre sí, la constitución de un organismo de
representación de la sociedad de los 10
países, garantizándole condiciones materiales
de participación y funcionamiento, acceso a
las informaciones y principalmente lo
consulten previamente a la toma de decisiones.
2. Deuda Externa
Hace más de dos
décadas que nuestros países vienen sufriendo
retrocesos económicos y sociales
impresionantes, motivados en gran parte por el
pago de tasas de intereses absurdas, impuestas
por los acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional y otros organismos del sistema
financiero internacional. Por imposición de
los compromisos asumidos por nuestros
gobiernos, en la última década los modelos
económicos que han imperado en nuestros países
se han pautado por la adopción de medidas de
ajuste y de estabilización, donde la primera
norma es la acumulación de divisas para pagar
los intereses de la deuda externa. En nombre
de esa política, el patrimonio público de
nuestros países viene siendo destruido por una
política predadora de privatizaciones y el
recorte de las políticas sociales ha ido
creciendo, haciendo aumentar aun más la
exclusión de la mayoría de nuestras
poblaciones.
Varios foros
internacionales ya reconocieron la
ilegitimidad y perversidad de esa deuda, que
ya fue pagada, y recientemente la Conferencia
Episcopal de los EUA divulgó su posición
diciendo que "el pago de la deuda externa
es económicamente imposible, políticamente
peligroso y éticamente inaceptable".
Consideramos que
el proseguimiento de esos compromisos
inviabilidad cualquier salida económica y
cualquier programa de desarrollo. Más allá de
eso, consideramos inaceptable que nuestros
gobiernos se sometan a negociaciones
individuales con el FMI y continúen aceptando
ese nivel de injerencia en nuestras economías.
Por tanto, también en esa esfera nuestros
países deben actuar como un bloque y exigir la
revisión de todos los acuerdos firmados,
poniendo como metas para las negociaciones el
desarrollo y la expansión de la producción
agroindustrial, la financiación a la
reindustrialización, en especial el apoyo a la
pequeña y media empresa productiva, y la
adopción de un plan acelerado de desarrollo
económico sustentable y perdurable, negociado
con los actores sociales, económicos y
políticos.
3. En defensa de
la democracia y soberanía de nuestro
continente
Analizando la
situación política actual de nuestros países,
constatamos con gran preocupación, los ataques
que ha sufrido la ya débil democracia en
nuestros continentes, debido a la situación
alarmante que vive Colombia y los recientes
hechos en Ecuador y Perú.
Frente a las
graves violaciones de los derechos, y fraudes
que ocurrieron en las últimas elecciones
presidenciales en Perú, creemos que esa
reunión debe solicitar a la OEA la suspensión
de la participación del gobierno peruano de
los foros políticos interamericanos (OEA,
Grupo de Río, etc), en tanto no sea restaurada
en aquel países la democracia plena, lo que
implica anular las elecciones y realizarlas
dentro de parámetros de transparencia y
democracia.
Nos preocupa
también la forma como se responde al
levantamiento social y político que tuvo lugar
en Ecuador a comienzos de este año, motivado
por una grave crisis económica y social
resultante de una política desreguladora y
predatoria , y por los altos
compromisos de la deuda externa. La
dolarización de la economía ecuatoriana,
prontamente apoyada por el gobierno
norteamericano, no sólo no resolverá ninguno
de los problemas apuntados, sino que subordina
definitivamente la economía de la nación
ecuatoriana, lo que puede ser factor de nuevas
inestabilidades y ataques a la democracia.
Y finalmente
manifestamos nuestra extrema preocupación por
la grave situación política que vive Colombia,
que ya contabiliza millares de muertes y entre
ellos, hay más de 3 mil dirigentes sindicales.
Somos contrarios al narcotráfico y queremos el
fin de la violencia por todos los males que
representa y no podemos aceptar que el diálogo
y la búsqueda de la paz sean sustituidos por
la acción constante de los grupos
paramilitares y de las fuerzas de represión.
Somos totalmente
contrarios a la implementación del Plan
Colombia por parte del gobiernos
norteamericano, pues consideramos que más allá
de una fuerte injerencia externa, una acción
represiva de esa naturaleza no sólo no
resolverá esos graves problemas sino que
aumentará la inestabilidad en Colombia y los
países vecinos.
Los presidentes
de los países de América del Sur debe
manifestar su total oposición a esa injerencia
y ayudar a la sociedad colombiana a restaurar
la democracia y el respeto a los derechos
humanos en aquel país.
Las
organizaciones sindicales consideran de
extrema importancia haber realizado esta
reunión entre sindicalistas del Mercosur y la
Comunidad Andina, y principalmente la decisión
adoptada de establecer un plan de unidad de
acción y de buscar un protagonismo real y
concreto, no sólo al interior de los procesos
de negociación de los países en que viven,
sino también en las negociaciones que deberán
realizarse entre Mercosur y CAN.
Brasilia, 31 de
agosto de 2000
Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur
CCSCS
Consejo
Consultivo Laboral Andino
CCLA
Consejo de
Trabajadores del Cono sur
CTCS
Organización
Regional Interamericana de Trabajadores
ORIT/CIOSL
Central
Latinoamericana de Trabajadores
CLAT/CMT
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