7. Que, el trabajo como actividad humana, permite la realización de la persona y el efectivo desarrollo integral de nuestras sociedades, debiendo concretarse en un empleo digno y decente.

8. Que, el empleo digno y decente supone avanzar en la definición de un modelo de desarrollo, impulsando políticas activas de empleo, además del establecimiento de garantías e instituciones que aseguren a los trabajadores/as el libre acceso a los derechos fundamentales del trabajo universalmente reconocidos.

9. Que, los Países Miembros al crear las condiciones necesarias que permitan la generación de fuentes de empleo dignos y decentes, deben también incorporar como políticas de empleo, la reactivación y recuperación de unidades y sectores productivos, con esquemas flexibles de gestión, donde concurran la corresponsabilidad de trabajadores y empleadores.

10. Que, la formación profesional y ocupacional, debe estar dotada de una visión integral, que responda al desarrollo de las personas y sus capacidades, en correspondencia con las realidades y las potencialidades de cada País Miembro, facilitando la inclusión social y productiva, como parte de una estrategia de erradicación efectiva de la pobreza.

11. Que, la lucha para erradicar la pobreza, la desigualdad social y la exclusión productiva, descansa necesariamente en el fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo y de la Administración del Trabajo, para asegurar el respeto, la promoción del empleo y la vigencia efectiva de los derechos laborales.

12. Que, el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo ha promovido en los Países Miembros, la efectiva articulación práctica y convergencia del conjunto de las políticas económicas y sociales, al igual que la participación y el diálogo de cada uno de los actores de la relación laboral, colocando al trabajo digno y decente como centro de las mismas.

1. Asumimos, que la desocupación, el crecimiento del sector informal, la terciarización -cuando es violatoria de los derechos laborales-, así como las formas precarias de empleo y los bajos salarios, son problemas nacionales y subregionales. En consecuencia, sostenemos que es importante que estos sean atendidos haciendo el máximo esfuerzo, a fin de que no pongan en riesgo la estabilidad política, social y económica de la subregión.

2. Ratificamos, que para la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y vigencia de la gobernabilidad democrática en nuestros países, se requiere la generación de fuentes de trabajo estables, sostenibles en el tiempo y enmarcados en los conceptos de trabajo digno y decente, que doten a las políticas económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano, poniendo a la persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía, con pleno respeto a la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Convenios ratificados por los Países Miembros y demás normas conexas.

3. Reafirmamos, que se debe impulsar un compromiso entre los países de la Comunidad Andina que fortalezca la gobernabilidad democrática, para que en ese contexto podamos superar la pobreza, la exclusión social y promover el crecimiento económico con equidad, solidaridad y con políticas públicas que fomenten el trabajo digno y decente.

4. Resaltamos, que las políticas de empleo deben garantizar y promover la erradicación de toda forma de discriminación en el empleo u ocupación ya sea ésta de género, religión, política, raza o edad.

5. Reconocemos, que los Ministerios de Trabajo de la Subregión, en coordinación con los Ministerios responsables de las políticas económicas, debemos asumir un papel más activo en la integración de las políticas sociales y, en especial, las políticas laborales con las económicas. Por ello, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos para implementar políticas y programas que generen trabajo digno y decente y coadyuven a que los mercados laborales funcionen de forma eficiente y transparente, preparando a los trabajadores para responder a nuevas tecnologías, retos y oportunidades.

6. Asimismo, resaltamos la importante contribución que los Acuerdos de Integración Económica tendrían para lograr los objetivos de crear trabajo digno y decente, con el objeto de enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática en la subregión, siempre y cuando estos sean suscritos respetando los principios de equidad, solidaridad, justicia, complementariedad y los derechos fundamentales de los trabajadores.

7. Sobre la base de los resultados de esta II Conferencia Regional Andina sobre Empleo, nos comprometemos a continuar desarrollando los enfoques estratégicos necesarios en nuestra subregión, impulsar el trabajo digno y decente, así como las estrategias nacionales de desarrollo dirigidas a erradicar la pobreza generada por la desigualdad social y económica.

8. Promoveremos en los Países Miembros, el cumplimiento, vigencia y aplicación de los derechos y garantías laborales bajo la normativa común andina y en un marco legal interno que propicie la protección social, integral y plena de los trabajadores/as, con especial énfasis en los migrantes y sus familias.

9. Nos comprometemos al desarrollo de campañas de divulgación masiva que promuevan los derechos y las obligaciones de los actores vinculados por la relación de trabajo, así como de los beneficios del trabajo digno y decente.

10. Respaldamos la importancia de la discusión de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), que complemente efectivamente los instrumentos andinos existentes en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

11. Subrayamos la importancia de identificar y aplicar enfoques innovadores para promover el trabajo digno y decente en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo Integral en cada uno de los Países Miembros.

12. Promoveremos acciones e iniciativas dirigidas a incentivar y fomentar estrategias, destinadas a fortalecer los niveles de integración de las estructuras institucionales, sociales y comunitarias de nuestros países, basadas en el intercambio de experiencias y en la cooperación horizontal entre los diferentes Ministerios de Trabajo, para el fortalecimiento y la cobertura de los sistemas de inspección en el trabajo, la protección a grupos de población vulnerables, salud y seguridad en el trabajo y estadísticas e indicadores laborales.

13. Nos comprometemos a ampliar las modalidades de cooperación técnica horizontal entre los Países Miembros, dando especial énfasis a las áreas de servicios públicos de empleo, la formación para el trabajo y el intercambio de experiencias nacionales en materia de observatorios laborales y ocupacionales en la subregión.

14. Ratificamos que la consecución de relaciones laborales armoniosas se verá potenciada por el desarrollo de un diálogo social tripartito, transformador y de amplia base, donde tengan participación activa las representaciones legítimas de las organizaciones de trabajadores y empleadores como instrumento fundamental para asegurar la vigencia y aplicación progresiva de los derechos en el trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros países.

15. Reiteramos los compromisos asumidos por nuestros Presidentes y jefes de Estado en la IV Cumbre de las Américas, realizada el 4 y 5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata sobre los cuales se estableció un Plan de Acción específico referido, en lo esencial a: eliminar el trabajo forzoso, erradicar las peores formas de trabajo infantil, disminuir el número de niñas y niños que trabajan en violación a las leyes nacionales; reducir el desempleo, eliminar la discriminación de la mujer en el trabajo, asegurar acceso equitativo a la protección social; desarrollar y fortalecer políticas para incrementar las oportunidades de trabajo decente, digno y productivo, asegurar la igualdad de remuneración para igual trabajo; formalizar gradualmente a los trabajadores asalariados que no gocen de protección social, promover condiciones de salud y seguridad y propiciar ambientes de trabajo saludables para todos los trabajadores, enfrentar el trafico de migrantes y la trata de personas; promover el ejercicio pleno y eficaz de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los migrantes, continuar promoviendo la cooperación entre los Ministerios de Trabajo; impulsar el desarrollo de políticas económicas y sociales integrales, fortalecer los sistemas nacionales de salud para la atención primaria, dialogar de forma permanente respetuosa y constructiva con los pueblos indígenas.

16. Nos comprometemos al seguimiento en la ejecución y aplicación de la presente Declaración, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos sobre los problemas de pobreza, de desempleo, de trabajo informal y de empleo precario en nuestros países.

17. El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina agradece el generoso ofrecimiento del Gobierno de la República de Ecuador y, con el consentimiento de la República Bolivariana de Venezuela, acuerda realizar una III Conferencia Regional Andina sobre Empleo en ese hermano país, en fecha a definir, a fin de dar seguimiento y profundizar los acuerdos alcanzados en la presente Conferencia.

18. El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina, por último, agradece al pueblo y al gobierno de la hermana República de Bolivia por la hospitalidad y felicita la extraordinaria organización de la Conferencia.

Cochabamba, 25 de noviembre de 2005