El Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos
Centrales y Responsables de Planeación Económica de la Comunidad
Andina, con ocasión de su VII reunión, celebrada el 31 de marzo de
2004, convinieron en realizar el siguiente:
Pronunciamiento
1. Mantener un adecuado balance fiscal, con gastos corrientes
financiados a través de ingresos tributarios permanentes constituye
para los países andinos un objetivo fundamental para asegurar el
equilibrio macroeconómico que es imprescindible –aunque no
suficiente- para promover un desarrollo económico sostenible.
2. El endeudamiento público debe estar dirigido fundamentalmente a
financiar inversión pública y ser motivo de constante vigilancia de
parte de sus sociedades, para asegurar que éste sea contratado y
utilizado de forma prudente y responsable, no solo con la generación
actual sino con las futuras.
3. En economías en desarrollo como las nuestras, con mercados de
capital poco desarrollado, la inversión pública continúa teniendo un
papel importante en el dinamismo de la economía. Los ajustes
fiscales a menudo se traducen en recortes a la inversión pública,
con los consiguientes efectos sobre la inversión total y el
crecimiento económico.
4. Una de las limitaciones para incrementar la inversión pública,
especialmente referida a proyectos de infraestructura e integración,
son las actuales reglas de contabilidad pública que no diferencia
entre gastos corrientes y gastos de inversión para establecer el
balance fiscal final, a pesar de que el gasto corriente por su
naturaleza no tiene impacto en subsiguientes periodos, como si lo
tiene el gasto de inversión.
5. En estas condiciones, el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda
o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica
de la Comunidad, se adhiere a la demanda de revisión de las
prácticas contables públicas, que ha sido exigida por varios países
de la región en los últimos meses y semanas, para permitir a
nuestros países adoptar decisiones oportunas, enmarcadas en los
principios de responsabilidad fiscal, que conduzcan a asegurar y
acelerar un desarrollo económico sostenible, capaz de reservar los
altos niveles de pobreza y desigualdad, que hieren la conciencia y
atentan contra la gobernabilidad democrática.
Se encarga al Presidente del Consejo Asesor y a la Secretaría
General de la Comunidad Andina que realicen las gestiones que
estimen oportunas para difundir este pronunciamiento entre los
organismos internacionales de financiamiento y países amigos.
11 de Julio de 2004 |
