Democracia
Democracia

La vocación democrática de los países miembros de la Comunidad Andina se hizo presente desde el acto fundacional del proceso de integración, en 1969, a través del Acuerdo de Cartagena, norma máxima que se sustenta en "los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia". 

Esta vocación democrática fue reafirmada a lo largo de los años mediante diversos pronunciamientos, tales como la acción de los países andinos para contribuir al derrocamiento de la dictadura de Somoza, en Nicaragua, y el rechazo al golpe de estado que protagonizó en Bolivia el coronel Natush Bush. 

Vocación que también se puso en evidencia con la acción de Colombia, Perú y Venezuela en el marco de los Grupos de Contadora y de Apoyo, respaldada por el Grupo Andino, a favor de la paz y la democracia en Centroamérica, que luego derivaría en la creación del Mecanismo de Consulta y Concertación Política, inicialmente conocido como el Grupo de los Ocho y, a partir de su ampliación, como el Grupo de Río. 

Igualmente en 1980, cuando el estado de derecho había sido restablecido en todos los países andinos, los Presidentes suscribieron en Riobamba, Ecuador, la Carta de Conducta que estableció el carácter democrático que debía regir el ordenamiento político de los países de la Subregión, así como su compromiso con el respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales, como norma fundamental de la conducta interna de los países miembros. 

Dentro de los hechos más recientes, cabe destacar la Declaración del Consejo Presidencial Andino sobre Democracia e Integración, suscrita en Santafé de Bogotá el 7 de agosto de 1998, con ocasión de la toma de posesión del Mando del Presidente Andrés Pastrana. 

Dicha declaración reitera el compromiso de la CAN con la democracia, mediante el cual se establece que "la Comunidad Andina es una comunidad de naciones democráticas" y que "tiene entre sus objetivos principales el desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales". 

Un aspecto muy importante de la agenda de la Política Exterior Común de la Comunidad Andina, es el tema de la promoción y defensa de la democracia. En efecto, la Decisión 458 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la cual se aprobaron los "Lineamientos de la Política Exterior Común", tiene entre sus principales principios el de la vigencia del orden democrático fundado en la participación ciudadana y en la justicia social y, entre sus principales objetivos, el del desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como la promoción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

En esa dirección, una de las áreas de acción de la Política Exterior Común, en lo político, es la de afirmar la vigencia del orden democrático como requisito para la consolidación del proceso de integración subregional y contribuir al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos a través del diálogo y cooperación que desarrolle internacionalmente la Comunidad Andina. 

De la "cláusula democrática" a la Carta Democrática Interamericana

Por encargo de los mandatarios andinos, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores elaboró un proyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena "Compromiso de la Comunidad Andina por la democracia", el cual fue suscrito por cuatro Países Miembros en Oporto, Portugal, el 17 de octubre de 1998 y finalmente por el restante, en la reunión del XII Consejo Presidencial Andino de Lima, el 9 y 10 de junio del año 2000. 

El Protocolo establece como condición esencial para la cooperación política y la integración "la plena vigencia de las instituciones democráticas y el estado de derecho" y señala los procedimientos que deberán seguirse cuando se produzca la ruptura del orden democrático en cualquiera de los países miembros". 

Tales medidas van desde la suspensión de la participación de dicho país en alguno de los órganos del Sistema Andino de Integración, la "inhabilitación para acceder a facilidades o préstamos por parte de las instituciones financieras andinas", hasta la "suspensión de derechos derivados del Acuerdo de Cartagena y la concertación de una acción externa en otros ámbitos". 

Inspirados en este Protocolo y en el Protocolo de Ushuaia del Mercado Común del Sur de 1998, los presidentes de la Comunidad Andina y del Mercosur aprobaron, en la cumbre sudamericana, celebrada el 1 de setiembre del 2000 en la ciudad de Brasilia, la denominada "cláusula democrática" contenida en el párrafo 23 del Comunicado en donde se expresa que: "El mantenimiento del estado de derecho y el pleno respeto al régimen democrático en cada uno de los doce países de la región constituyen un objetivo y un compromiso compartidos, tornándose desde hoy, condición para la participación en futuros encuentros sudamericanos". Y los presidentes agregaron que: "Respetando los mecanismos de carácter regionales existentes, acordaron, en ese sentido, realizar consultas políticas en caso de amenaza de ruptura del orden democrático en América del Sur". 

Esta "cláusula democrática sudamericana" es pieza fundamental para instrumentar esta comunidad de naciones democráticas en Sudamérica y los compromete con la vigencia de la democracia y el estado de derecho en la región. 

Asimismo, en una reunión celebrada en marzo del 2001 en Lima, los Cancilleres de la Comunidad Andina reiteraron la indeclinable vocación democrática de sus naciones y concordaron en la necesidad de reforzar aún más las instituciones y promover el respeto de los derechos humanos. 

Tras resaltar la importancia de una vigencia plena del "Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia", reiteraron su respaldo a la iniciativa del Perú para la adopción de una "Carta Democrática Interamericana", lo que se concretó el 11 de setiembre del 2001, con ocasión de Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos celebrada en Lima. 

Por otro lado y con ocasión de la realización del XIII Consejo Presidencial Andino de Valencia, Venezuela, los días 23 y 24 de junio de 2001, nuestros mandatarios reiteraron su firme propósito de continuar fortaleciendo la democracia en los países andinos.

Coincidieron en que la gobernabilidad democrática de sus respectivos países es una prioridad insoslayable y, en ese sentido, reiteraron su compromiso de superar, a través de los cauces constitucionales, las dificultades transitorias que se puedan presentar en la región andina. 

Por su parte, en la Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza, suscrita el 29 de julio del 2001 con ocasión de la toma de posesión del Presidente del Perú, Alejandro Toledo, los jefes de estado expresaron su firme convencimiento que la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 

En ese sentido, reiteraron su convicción de fortalecer la democracia como un sistema de gobierno y como un elemento insustituible de nuestra identidad política, de promover sus valores como forma de vida y de defender la institucionalidad democrática y el estado de derecho en América Latina y el Caribe. Reiteraron, asimismo, que el ejercicio efectivo de la democracia requiere fortalecer su carácter participativo.

Derechos Humanos 

Como se señaló precedentemente, un antecedente inmediato a ser tomado en cuenta es la Carta de Riobamba, suscrita el 11 de septiembre de 1980 por los Presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela y el Representante Personal del Presidente del Perú. 

En ella, los países andinos reiteraron su compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención. 

Hay que recordar que los países andinos han sido promotores y signatarios de la mayoría de instrumentos internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en el de la Organización de Estados Americanos, lo que se ha constituido en una base importante para el diseño de una política comunitaria en esta materia. 

De ese acervo internacional en que han tenido importante participación los países andinos, destaca la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993, que entre sus principios más importantes expresa la responsabilidad de la comunidad internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos, la concepción holística de ellos y la vinculación entre democracia, derechos humanos y desarrollo. 

Este camino de pronunciamientos internacionales ha sido proseguido por los presidentes andinos en sus consecutivas reuniones anuales, en el marco del Consejo Presidencial Andino. En esa dirección, en el XIII Consejo Presidencial Andino de Valencia, Venezuela, que tuviera lugar el 23 y 24 de junio de 2001, nuestros mandatarios expresaron su decisión de aprobar una carta andina de Derechos Humanos que contribuya a asegurar la vigencia de los derechos humanos, fortalezca la democracia y el Estado de Derecho y afiance una cultura de paz en las naciones andinas. 

En tal sentido, encargaron al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores la formulación de esa carta que deberá contener los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria en esta materia y un programa de cooperación para impulsar acciones concretas encaminadas a garantizar la observancia y respeto de tales derechos en la región andina, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de Conducta de Riobamba de 1980". 

Esta Carta Andina deberá contribuir, entre otros propósitos, a fortalecer el estado de derecho y a mejorar la administración de justicia; a promover una cultura de paz mediante el diálogo, la tolerancia y la concertación, como instrumentos generadores de consensos sociales; afianzar el derecho al desarrollo y fortalecer las instituciones para la defensa y promoción de los derechos humanos en los países miembros, en particular las Defensorías del Pueblo. 

A su vez, en la mencionada Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza, suscrita en julio del 2001, los presidentes renovaron el compromiso de sus gobiernos con la vigencia y respeto de los derechos humanos, así como su voluntad de fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como propiciar la universalidad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. 

Es importante destacar el apoyo que brindaron a todos los esfuerzos encaminados a la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico; los derechos sociales, políticos, culturales y económicos; a no ser desplazados, como pueblos, de su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad y a ser elegidos y desempeñar cargos públicos.

Los jefes de estado expresaron también su voluntad de resguardar estos derechos dentro del orden público y en cumplimiento de sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, entre otros significativos acuerdos.  

Por su parte, es importante destacar que la Decimosegunda Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada el 7 de mayo de 2004, en Guayaquil, Ecuador, adoptó la Decisión 586 “Programa de Trabajo para la Difusión y Ejecución de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, estableciendo metas específicas tanto en materia de Promoción de la Carta Andina; de su implementación a nivel nacional e internacional; de seguimiento; y de su proyección en el mediano y corto plazo. Además de establecer el cronograma general y señalar caminos para la búsqueda del financiamiento que permita su instrumentación.  

Como resultado de dicho Programa se cuenta con las ediciones de la Carta Andina en idiomas quichua y shuar del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, y en castellano del Consejo Consultivo Laboral Andino.

 

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