Declaración de Respaldo a los Gobiernos del Perú, Ecuador y Venezuela en su lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, reunidos los días 27 y 28 de junio del año 2003, en Quirama, Colombia, con ocasión del XIV Consejo Presidencial Andino,

TENIENDO EN CUENTA, los propósitos y compromisos asumidos en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para combatir la corrupción y la impunidad a través de la cooperación política internacional, con miras a fortalecer la democracia como condición indispensable para la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región;

CONSCIENTES, de la importancia de reforzar su coordinación política para la lucha contra la corrupción e impunidad, como elemento fundamental para el ejercicio de la democracia, la consolidación de las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho;

VISTA la Declaración de Respaldo al Perú en su Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, aprobada en el XXXIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

EXPRESAN, su firme respaldo a la Declaración emitida por la Asamblea General de la OEA y, a la vez, reafirman su apoyo a los esfuerzos que vienen realizando el pueblo peruano y su Gobierno por la consolidación del Estado de Derecho, la promoción y protección de los Derechos Humanos, y la lucha contra la corrupción y la impunidad;

RESPALDAN, las gestiones del Gobierno del Perú para obtener la extradición de todas las personas que son requeridas por los tribunales peruanos a fin que respondan por los graves delitos que se les imputan, particularmente quienes fueron los más altos funcionarios gubernamentales;

RESPALDAN, también las gestiones que el Gobierno del Ecuador viene realizando con el Gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos amigos para conseguir la extradición de nacionales buscados por la justicia de su país bajo cargos de corrupción por delitos financieros;

APOYAN, los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la consolidación del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción e impunidad, así como las acciones destinadas a lograr que los nacionales venezolanos incursos en delitos financieros públicos y privados, sean sometidos a la justicia y que los capitales producto de su acción criminal sean recuperados;

DECLARAN, en consecuencia, su voluntad de aplicar las normas y procesos administrativos que permitan la identificación, captura, detención preventiva y eventual extradición de todas aquellas personas procesadas por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Quirama, 28 de junio de 2003.